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Ambos procesos van de
la mano. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció en
noviembre pasado que tiene la intención de considerar libre de riesgos a un maíz
genéticamente modificado generado por la empresa Syngenta para la producción de
etanol. El plazo para recibir comentarios sobre esta postura acaba de expirar.
La desregulación que podría decretar la USDA en estos días daría luz verde a la
primera siembra a escala comercial de un maíz genéticamente modificado para
fines industriales.
Syngenta
desarrolló este maíz para reducir el costo de producir etanol. El maíz ha sido
modificado insertando un transgen ensamblado con materiales de microorganismos
que proliferan en aguas con muy altas temperaturas. Ese maíz no está destinado
al consumo humano. La planta así transformada puede producir en gran cantidad la
enzima termoestable alfa-amilasa, que permite romper la cadena de almidón del
maíz a las altas temperaturas que intervienen en la producción de etanol. El
nuevo proceso evita usar la enzima como insumo exógeno y supuestamente reducirá
costos, haciendo al bio-etanol de maíz más competitivo. En plena crisis, a
Syngenta eso le parece muy atractivo.
Esta trasnacional es una de las
empresas que más se benefició con la crisis de precios de productos agrícolas.
El año pasado su facturación creció 26 por ciento y sus ganancias superaron los
mil 400 millones de dólares. Pero en el ramo de biocombustibles los números
indican claramente que el etanol de maíz no puede competir con los combustibles
fósiles. El subsidio que reciben los productores de etanol sólo les permite
sobrevivir si el petróleo cuesta 80 dólares por barril. Como los precios del
crudo se mantienen deprimidos, los que apostaron a favor del etanol maicero
están tronando. Frente a una pelea incierta por más subsidios, la reducción de
costos es vista por Syngenta como la solución.
La producción de etanol de maíz
es un proceso industrial rudimentario, ineficiente y el balance energético final
es malo. El ahorro en emisiones de gases invernadero del etanol no es evidente.
El maíz transgénico no alterará esto. Pero las dificultades no se detienen aquí.
Ahora el problema es que un maíz dotado de una proteína para fines industriales
será sembrado en millones de hectáreas colindantes con campos de maíz para
consumo humano. La contaminación de toda la cadena alimenticia será inmediata y
más temprano que tarde, llegará a México, centro de origen del maíz.
Los efectos sobre la salud y
los ecosistemas no han sido bien analizados, pero las consecuencias económicas y
legales negativas se multiplicarán ad
nauseam. Los productores de maíz orgánico verán sus campos invadidos
por materiales transgénicos, perderán su certificación y sufrirán pérdidas
multimillonarias. Además, será más difícil la consolidación de un proyecto
agrícola distinto, más productivo y amigable con el medio ambiente. El
sacrificio de la agricultura sustentable se acompañará de una reforzada
tendencia a usar los cultivos básicos de la humanidad como activos en la
especulación financiera, algo que le ha dado pingües ganancias a las
trasnacionales como Syngenta.
Esta noticia coincide con la
reunión en México de un comité sobre responsabilidad y reparación de
daños en el marco del Protocolo de Cartagena (PC). Es irónico porque ni ese
instrumento de derecho internacional, ni la legislación mexicana, contienen un
marco legal sólido que garantice el principio de que el que contamina paga. De
hecho, el caso más grave de contaminación con materiales transgénicos que se ha
presentado hasta hoy (transgénicos en maíces mexicanos) ni siquiera está
cubierto por el Protocolo de Cartagena. Y mientras este tipo de eventos no estén
considerados en ese tratado, es ocioso hablar de reglas sobre responsabilidad y
reparación como manda el PC. El pequeño comité que se reúne en estos días en
nuestro país ya podría hacer una fuerte recomendación para ampliar los alcances
del Protocolo de Cartagena.
¿Qué hace la delegación
mexicana en esta reunión? El secretario ejecutivo de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad (Cibiogem), Ariel Álvarez, amanuense de
Víctor Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la
Secretaría de Agricultura, se esfuerza por debilitar el régimen sobre
responsabilidad y reparación de daños. Seguramente, como cabilderos de las
trasnacionales siguen preparando la desregulación para la siembra de maíz
transgénico en nuestro país.
El gobierno mexicano sigue
haciendo todo al revés. Hoy mismo habría que preparar una bien redactada nota
diplomática dirigida al gobierno de Barack Obama, pidiendo que la USDA
rechace la solicitud de Syngenta y que, en el futuro, la siembra de maíz
transgénico para fines industriales o farmacéuticos sólo se autorice en
condiciones de confinamiento. En lugar de esto, los funcionarios mexicanos
seguro están preparando el próximo comunicado de prensa sobre la inexistencia de
materiales transgénicos en los maíces mexicanos.
Alejandro Nadal
Tomado de La Jornada, México
26 de febrero de 2009
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