En los meses pasados, la Asociación Nicaragüense de
Afectados por Insuficiencia Renal Crónica, denunció
a nivel nacional e internacional una serie de graves
anomalías en el proceso de otorgamiento de las
pensiones por riesgo laboral a miles de ex
trabajadores de la caña de azúcar, quienes salieron
afectados por IRC y a las viudas de más de 1.100
hombres ya fallecidos a causa del agua contaminada
por agrotóxicos en el Ingenio San Antonio en Chichigalpa.
A consecuencia de las fuertes protestas de los
cañeros y de sus denuncias, el INSS no tuvo más
remedio que sentarse a negociar. Sobre esta nueva
etapa de la lucha, SIREL conversó con Denis
Meléndez,
responsable del Área de Incidencia del Centro de
Información y Servicios de Asesoría en Salud
(CISAS), organismo de la sociedad civil
nicaragüense
que está acompañando y asesorando la lucha de los
afectados por IRC.
-¿Cómo sigue el proceso de negociación entre los
afectados por IRC y el INSS?
-Finalmente se logró que las autoridades nacionales
del Seguro Social atendieran los plantamientos
formulados por la Junta Directiva de la Asociación
Nicaraguense de Afectados por Insuficiencia Renal
Crónica (ANAIRC). Básicamente se están atendiendo
cuatro aspectos que son medulares para este asunto.
El primero está relacionado con la revisión de todos
los casos de las personas que son pensionadas, pero
que no están de acuerdo con la forma y sobre todo,
con los montos que están recibiendo. Se ha
solicitado la revisión de cada uno de esos casos. En
segundo lugar se ha abierto un espacio de atención a
las personas a las cuales se les ha negado la
pensión. Muchas veces esto tiene que ver con los
resultados de laboratorio.
-¿Qué tienen que ver los resultados de laboratorio?
-Es el tercer punto. Hay un fuerte cuestionamiento a
los laboratorios privados en cuanto las personas
afectadas, por todos los síntomas que presentan,
evidentemente tienen un elevado grado de IRC. Pero
resulta que en casi todos los casos, los exámenes de
laboratorio no detectaban la enfermedad y la gente
comenzó a pedir que fuera un laboratorio nacional
del Ministerio de Salud (MINSA) quien que efectuara
los exámenes.
Con las negociaciones se ha logrado que el
Ministerio de Salud, a través de su Centro Nacional
de Referencia y de su Laboratorio Nacional, asuma
los exámenes y análisis de laboratorio, pero hay que
tener en cuenta que la huelga que está viviendo el
Sistema de Salud está afectando esa parte de la
negociación.
Los médicos del Ministerio nos han asegurado que se
realizarán los exámenes para la IRC, acompañándolos
con otros tipos de exámenes para garantizar
resultados ciertos y confiables.
-¿Qué más resultó de las negociaciones?
-Un cuarto punto es que próximamente se garantizarán
otro tipo de condiciones en la sucursal del INSS de
Chichigalpa. Ya se han trasladado a otra instalación
que ofrece mejores condiciones para las personas que
llegan, y queda pendiente lo relacionado a la
evaluación del desempeño de las personas que
trabajan en la sucursal.
-Esto era uno de los punto más críticos que
denunciaban los afectados…
-El INSS decía que ya se había realizado una
evaluación, pero lo que quieren los afectados es que
se realice una evaluación con personal externo a la
institución, una evaluación independiente.
Además de eso se está pidiendo una auditoría interna
a la sucursal y se ha logrado que se escuche la voz,
por lo menos, de los cinco casos que aparecieron en
la primera carta que la ANAIRC envió a la Dirección
Superior del Seguro Social.
Ahora está abierta la investigación como
consecuencia de las denuncias presentadas y de las
declaraciones juradas de las personas que, de alguna
manera, fueron afectadas por las situaciones
anómalas que se presentaron.
-¿Cómo quedaron las denuncias sobre los supuestos fraudes contra los
afectados?
-Se está llevando a cabo una auditoría y estamos a
la espera de los resultados. Hasta el día de hoy son
cinco las personas que han participado en la
auditoría y que han presentado su declaración jurada
sobre toda la problemática que se ha presentado en
la sucursal de Chichigalpa.
El personal de la auditoría interna del INSS ha
dejado abierta la posibilidad para que otras
personas puedan participar en el proceso. Nosotros
hemos reiterado a lo largo del proceso los 303 casos
de los que hemos presentado documentación; otros
tantos están en la espera de ser escuchados.
-Existió denuncia de que las autoridades del
INSS de Chichigalpa estaban acosando y amenazando a
las personas que habían denunciado las
irregularidades. ¿Se habló de eso en las
negociaciones y cómo sigue la situación?
-El INSS central siempre dijo que no es política de
la institución utilizar métodos intimidatorios. Es
probable que fuera una medida utilizada por los
funcionarios de Chichigalpa y que las autoridades
nacionales la desconocían.
Efectivamente, después de la denuncia pública la
situación se ha calmado y no se ha vuelto a dar.
-¿Cuáles van a ser las próximas etapas de la
negociación?
-Se va a proceder a través de un mecanismo que se ha
acordado. Nos vamos a reunir cada 15 días en una
Comisión Bipartita integrada por el INSS y la
Asociación de los afectados por IRC, y se van a
revisar todas las demandas presentadas por ANAIRC.
La actitud de la Dirección del
INSS ha cambiado después de las denuncias y nos
hemos encontrado con una posición mucho más flexible
y dispuesta a la negociación.
Por ejemplo, uno de los resultados conseguidos es
que en los próximos días un grupo de afectados de
ANAIRC van a ser capacitados en aquellos
aspectos de la Ley de Seguridad Social que más están
incidiendo en Chichigalpa. Y en todo lo relativo al tema
de la viudez, de las pensiones por incapacidad, el
proceso que hay que seguir para acceder a una
pensión o cuando una pensión es denegada.
-Hay también un proceso en marcha que apunta a la
unidad de todos los afectados…
-Es muy importante. Hemos analizado lo que ha
ocurrido en Chichigalpa y hemos establecido algunos
principios básicos. Hay que informar constantemente
a la gente de los avances de las reuniones y
negociaciones que se realizan en Managua con las
autoridades del Gobierno y del INSS.
Cada vez que se presenta una denuncia o una demanda
hay que hacerlo por escrito.
Se ha tenido el cuidado de explicarle a las
personas que tienen que armar y organizar sus
expedientes de manera seria. Se acordó no trabajar
sobre la base de rumores, sino de hechos, y a
los afectados se les pidió que asumieran el
compromiso de presentar de manera concreta y
articulada sus denuncias.
Esto dio mucha credibilidad a la Asociación y ahora
resulta que otros grupos de afectados reunidos en
otras asociaciones están pidiendo poder
integrarse a ANAIRC para formar parte de ese proceso.
Además se está intentando abordar la situación de
los cañeros que trabajan o trabajaron en otros
ingenios, como por ejemplo el Ingenio Monterrosa en
El Viejo. Vamos a abrir el espacio para que otros
grupos de afectados por IRC se incorporen en esta
negociación.
-Queda pendiente una parte muy importante de la
lucha de los cañeros, que es el Proyecto de Ley de
Reforma a la Ley No. 456 “Ley de Adición de Riesgos
y Enfermedades Profesionales, a la Ley 185, Código
del Trabajo”. ¿Cómo piensan actuar los cañeros?
-Hace unos cuantos días se depositó una carta en la
Secretaría de la Asamblea Nacional recordándole a la
Junta Directiva que en agosto de 2005 se firmaron
acuerdos referentes a la reforma de la
Ley 456. Estamos en espera de que reaccionen a esa
carta, aunque sabemos que en ese caso hay que hacer
gestiones focalizadas.
Queda pendiente también establecer una negociación
con el Ingenio San Antonio, con relación al tema de
la indemnización a las personas afectadas por IRC.
Un asunto es la
responsabilidad del Instituto de Seguridad Social en
el tema de pensiones y otro es la
responsabilidad de la empresa que es dueña del
Ingenio San Antonio.
No ha habido todavía un contacto formal pero
enviamos una carta a la empresa pidiendo que, en el
caso de una negociación, hay que hacerla de la
manera más clara y transparente posible, para que
las personas afectadas reciban en su totalidad el
beneficio.
No queremos que se repita la experiencia de que la
gente sea llamada por la empresa en forma privada y
que al final, reciban una indemnización ridícula.
-¿El hecho de estar en un año electoral puede
favorecer a la solución de las
problemáticas que presentan los afectados por
agrotóxicos?
-Considero que sí. Es el momento de hacer un nuevo
esfuerzo para presionar a las diferentes
autoridades. En el análisis de las problemáticas
hemos sugerido que haya una disgregación de la
agenda. A diferencia del año pasado, cuando se
presentó un solo pliego de demandas, creo que ahora
hay que separarlas y que se negocien por separado.
Hay que identificar claramente en qué punto estamos
en las negociaciones con el Ejecutivo, que es donde
se ha avanzado un poco, y de forma separada analizar
la agenda con el Legislativo y con las empresas
nacionales y transnacionales.
Es difícil pero es un esfuerzo que hay que hacer,
porque son diferentes los actores y cada quien tiene
su propia responsabilidad.
El momento electoral podría presentar las
condiciones para eso y hay que focalizarse en los
diferentes actores políticos que tienen que ver con
los diferentes problemas. Esto no quiere decir
separar la lucha, somos un solo cuerpo, pero no hay
que perder de vista de que hay diferentes actores y
diferentes puertas que tocar.
-Para finalizar,
¿Qué
importancia tuvo la difusión de la información a
nivel nacional e internacional sobre lo que estaba
ocurriendo con los afectados por IRC?
-La difusión ha sido
determinante en esto y en otros casos. A través de
los medios de comunicación hemos logrado romper el
silencio y nuestra problemática se ha incluido en la
agenda nacional. Aunque las autoridades se
molestaron, lo cierto es que hoy demuestran otra
actitud.
Eso nos obliga a mantener informada, no solamente a
las personas afectadas, sino a la sociedad en
general y a la comunidad internacional.
Ha sido constante, por ejemplo, la labor de la UITA,
quien ha mandado notas a diferentes instancias y
sabemos que han llegado, pues las mismas
instituciones han hecho comentarios con relación a
estas comunicaciones.
Hay tres artículos que publicó la UITA que los recibí por cinco fuentes
diferentes. La información ha circulado a nivel nacional e internacional y
resulta que la comunicación ha jugado un papel
valiosísimo en este proceso.
