Mientras la Delta & Pine
Land Company, empresa comercial líder en genética,
producción y comercialización de semillas de algodón,
anunció el lunes 22 que ha adquirido el negocio mundial de
semillas de algodón de
Syngenta,
compuesto por operaciones y activos en India, Brasil, Europa
y germoplasma de algodón en Estados Unidos, centenares de
pobladores de una comunidad paraguaya continúan sufriendo
las consecuencias de su acción irresponsable e impune.
A fin de 1998, la filial paraguaya de la
Delta & Pine
desechó 660 toneladas de semillas de algodón vencidas en un
predio de una hectáreas y media, a 100 metros de una escuela
pública y en medio de una comunidad agrícola, utilizando
inclusive para ello mano de obra local, mujeres y jóvenes,
sin ninguna protección.
En total el desecho contenía más de 4 toneladas de
agrotóxicos y una bacteria modificada en laboratorio. Las
consecuencias fueron fulminantes y toda la población y el
agua subterránea quedaron contaminados.
Eric Lorenz, estadounidense y apoderado de la firma en Paraguay,
huyó con su familia a Estados Unidos donde ahora sigue
trabajando en una empresa que vende servicios agrícolas. Fue
declarado en rebeldía por la justicia paraguaya, pero nunca
se pidió su captura y extradición.
Los vecinos organizados junto a la UITA iniciaron desde 1998
una durísima batalla legal, en el marco de la mayor
indiferencia de los sucesivos gobiernos paraguayos que nunca
les prestaron la debida asistencia médica en violación a sus
derechos humanos más elementales.
Finalmente, hace un año y medio y después de numerosos
cambios de fiscales y jueces, dos personas paraguayas
vinculadas a la Delta & Pine fueron condenadas a
penas de prisión por delito ecológico, pena que podía ser
cambiada por multas. El dinero –aproximadamente 30 mil
dólares– integraría un fondo que la comunidad debía decidir
cómo usar.
Los condenados nunca fueron a la cárcel, y tampoco pagaron
las multas. De hecho, la justicia nunca se los reclamó
efectivamente. Ana María Segovia, portavoz de la comunidad
afectada de Rincon’í, explicó a la Rel-UITA que según la
información proporcionada por el fiscal ambiental Merlo, que
llevó el caso durante seis años, la ejecución de la pena
está en manos de las fiscales Beckerman y Marchuc.
Emplazada por Segovia, la fiscal Beckerman aceptó que el caso
está en sus manos desde hace un año y medio, pero que no
había podido notificar a los condenados de su obligación de
pagar la multa porque a su oficina “le faltan rubros para
enviar la comunicación”.
Dentro de tres meses habrá expirado el plazo otorgado por la
justicia para hacer efectivo su fallo, luego de lo cual nada
se podrá reclamar.
La
Delta
& Pine
nunca se hizo cargo de las indemnizaciones que los
centenares de afectados deberían recibir como forma de
compensación parcial de sus vidas definitivamente rotas.
Esta es la ética y la responsabilidad social de la
corporación que detenta en sus manos la casi totalidad del
mercado mundial de semillas de algodón.
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Carlos Amorín
©
Rel-UITA
23
de mayo de 2006 |
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