El pequeño pueblo de Chichigalpa, en el occidente de
Nicaragua, se ha transformado en un trágico
escenario de muerte para miles de ex cañeros del
Ingenio San Antonio, afectados por Insuficiencia
Renal Crónica (IRC). La larga e inclaudicable lucha
de estos trabajadores y de las viudas que quedaron
abandonadas por el Estado nicaragüense, sigue
sacudiendo la conciencia de ese país.
Después de participar, junto a los bananeros
afectados por el nematicida Nemagón en la histórica
“Marcha sin Retorno” de 2005, los cañeros reunidos
en la Asociación Nicaragüense de Afectados por
Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC) se han sentado
a negociar con las principales instituciones de
Nicaragua, logrando abrir una brecha en el
complicado enredo de política, burocracia y falta de
interés, pero sin llegar todavía a un satisfactorio
cumplimiento de los diferentes acuerdos firmados a
lo largo de más de un año de lucha.
SIREL
dialogó con Carmen Ríos, presidenta de
ANAIRC, para conocer la situación que todavía se
está viviendo en Chichigalpa y los avances en las
negociaciones.
-¿Cuál es la situación de los ex trabajadores
afectados por IRC en este momento?
-Las cosas se han puesto mucho más graves que cuando
la Rel-UITA nos visitó para el primer
reportaje. Era enero de 2006 y desde entonces hemos
tenido un crecimiento muy acelerado de la
mortalidad. Actualmente se están muriendo de cuatro
a cinco compañeros cada día, y justo hoy hemos
enterrado a dos compañeros por la mañana y vamos a
enterrar a otros dos por la tarde.
-¿Tienen contabilizado cuánta gente ha muerto hasta
el momento?
-Son casi 1.700. Es una cantidad impresionante que
nos preocupa, sobre todo por el ritmo acelerado de
muertos que ha habido en estos últimos meses. La
situación se ha agravado aún más porque de los
acuerdos que firmamos con el gobierno en mayo de
2005 respecto a la salud, no se ha cumplido casi
nada. La gente sigue esperando su medicamento, la
hemodiálisis, pero todavía no ha visto absolutamente
nada de eso. Para nosotros, cada minuto que pasa son
vidas que se pierden y la muerte no espera.
-Tengo entendido que el Ministerio de Salud (MINSA)
les dio un carné para que fueran atendidos
gratuitamente en los hospitales y Centros de Salud,
y para que se les diera el medicamento requerido, ya
que en el Presupuesto General de la República para
2006 hay una partida específica para ustedes. ¿Que
pasó con todo eso?
-En el Centro de Salud “Julio Durán”, donde deberían
atendernos, no quieren reconocer nuestro carné
porque el Manual de Procedimiento que se elaboró con
el gobierno en el marco de las negociaciones, habla
de “enfermos del Nemagón” y no especifica lo de la
IRC.
Intentamos explicarle al director del Centro de
Salud, doctor Alvaro Reyes, que el Nemagón no es la
enfermedad sino el nombre de uno de los agrotóxicos
que nos perjudicaron a todos, pero no quiso
escucharnos.
Además, en el Centro de Salud están atendiendo sólo
a los que fueron trabajadores del Ingenio San
Antonio, y de todas maneras, nunca te dan
medicamentos. Nada de lo que acordamos y firmamos
con el gobierno el 13 de mayo de 2005 sobre
asistencia sanitaria y medicamentos se ha cumplido.
Los doctores dicen que no ha llegado nada de lo que
fue aprobado para nosotros en el Presupuesto y que
no hay recursos para medicamentos, exámenes y
análisis. La partida presupuestaria incluía también
los gastos de transporte para los que tienen que
viajar a Managua para la hemodiálisis, pero nada de
eso ha llegado.
Nos sentimos frustrados y completamente fuera de los
Acuerdos.
-Pero, ¿por qué no especificaron los dos grupos de
afectados a la hora de redactar el Manual de
Procedimiento?
-Es lo que queríamos. El gobierno organizó talleres
para capacitar a nuestros Fiscales que iban a
controlar el cumplimiento de los acuerdos en los
diferentes hospitales y Centros de Salud del país,
pero al momento de elaborar el Manual, nos dijeron
que era mejor dejar sólo “enfermos del Nemagón”,
porque allí íbamos incluidos todos y todas. Ahora
los médicos no quieren aceptarlo de esta manera y
surgen estos problemas.
-Después de más de una año de la firma de los
Acuerdos, ¿cuántas personas pudieron acceder a la
hemodiálisis?
-Hasta el momento nadie pudo someterse al
tratamiento. La semana pasada murió el señor
Gonzalo López,
uno de los afectados que entrevistaste en el
reportaje “La Chatarra de Occidente” que publicó
SIREL.
El necesitaba desesperadamente la hemodiálisis, pero
nos contestaron que no había recursos, ni siquiera
para el traslado a Managua. Al final murió, como
murió también otro de los entrevistados,
Rufino Somarriba,
completamente desbaratados, vomitando y orinando
sangre. Como ellos, está muriendo una gran cantidad
de personas conscientes de lo que les está pasando.
-Nicaragua se vio afectada por una larga huelga del
gremio médico. ¿Esto pudo haber atrasado el
cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno?
-Es difícil evaluarlo, pero podría ser, aunque si el
gobierno hubiera querido cumplir con lo acordado ya
lo habría hecho, por lo menos con los más enfermos.
-¿Cómo está haciendo la gente para aguantar esta
situación?
-El Instituto de Seguridad Social (INSS) lleva
pequeñas cantidades de medicamentos al consultorio
que abrió en el Centro de Salud para atender a los
afectados por IRC. Cuando la gente pasa consulta
sólo le recetan vitaminas y calcio, y cuando eso se
termina, ya no hay nada para nadie.
Nunca hay medicamentos específicos para las
enfermedades graves que sufren las personas. Esos
tenemos que buscarlos en otro lado. Estamos
hablando, por ejemplo, de inyecciones de
Eritroproiectina que ayudan a purificar la sangre y
que cuestan 68 dólares cada una. Tenemos muchas
personas que necesitan diez inyecciones al mes. ¿De
dónde vamos a sacar esta cantidad de dinero, si la
mayoría de la gente es pobre, no tiene trabajo y
sobrevive de la mísera pensión que le pasa el INSS?
Al final, con la receta en la mano, venimos a
Managua y vamos a pedir ayuda a amigos y
organizaciones que tengan contactos con grupos del
extranjero, para ver si nos ayudan a conseguir los
medicamentos. Actualmente son casi dos mil las
personas en estado crítico y que necesitan ese tipo
de tratamiento ya que no les queda más que ponerse
un rótulo que diga: “Aquí existieron riñones”.
-Hace algunos meses comenzaron las negociaciones con
el Seguro Social y parecía que las cosas iban por
buen camino. ¿Qué pasó entonces?
-Efectivamente, logramos que el INSS cambiara de
oficina en Chichigalpa, porque el antiguo local no
era apto para atender a la gran cantidad de gente
que se presentaba todos los días.
Al contrario, el proceso para que los afectados y
las viudas puedan tener sus pensiones ha sido muy
lento y los resultados muy pobres.
Nos hemos reunido varias veces, pero con muy pocos
resultados y nuestra gente no tiene tiempo, porque
se está muriendo o no tiene con qué vivir. Parece
que la gente del INSS no entiende o no se da cuenta
de la gravedad del caso. No hemos visto un verdadero
avance en las cosas y nos topamos siempre con los
mismos problemas que ya hemos discutido hasta el
hartazgo, como el no querer reconocer el derecho a
la pensión a los que no fueron cortadores de caña,
sino personal del Ingenio que trabajaba en otros
sectores pero que igualmente fueron afectados por
los agrotóxicos.
-Desde que comenzaron las negociaciones con el INSS,
¿cuántas eran las pensiones que estaban tramitando y
a cuántas aprobaron?
-Al comienzo eran 383 pensiones, y en una primera
etapa resolvieron 71, quedando todavía 312
pendientes. Salieron pensiones de entre 700 y 1.000
córdobas (equivalente a 40 y 60 dólares
respectivamente). En un segundo momento aprobaron
otras 64 pensiones, quedando 248 pendientes. El
problema fue que en todo ese largo proceso, casi 30
personas fallecieron y tuvimos que depurar las
listas y comenzar de nuevo los trámites, porque ya
no era una pensión para Riesgos Profesionales, sino
para Viudez y Orfandad. Al final, las pensiones que
otorgaron en todos estos meses son una mínima parte.
Nuestra impresión es que están esperando a que todos
se mueran para no dar las pensiones. Ni siquiera ha
mejorado el trato que están dando a las personas en
la sucursal del INSS de Chichigalpa, y se está
desarrollando otro fenómeno muy preocupante que es
el extravío de documentos, lo que nos obliga a
comenzar de nuevo los trámites.
-Otro aspecto de su lucha es la reforma a la Ley 456
para que se reconozca la IRC como enfermedad
profesional y, sobre todo, para que sean
beneficiados con pensión todos los trabajadores de
la agroindustria azucarera y no sólo los cortadores
de caña. En agosto de 2005 lograron acuerdos con la
Asamblea Nacional para que reformara la ley. ¿Hubo
avances en ese punto?
-Absolutamente nada. Los diputados de la Asamblea
Nacional no han dado respuesta y están politizando
todo el asunto. Hemos tenido contactos directos con
el Tercer Vice Presidente de la Asamblea Nacional,
Orlando Tardencilla, y con el diputado José Figueroa
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
firmante de los Acuerdos de agosto de 2005, pero
siempre nos dicen que hay que esperar, que el tema
todavía no está en agenda, y ya han pasado diez
meses.
-¿Cómo piensan seguir esta lucha?
No vamos a dejar de luchar, aunque la situación se
vuelve cada día más difícil y los niveles de
mortalidad más elevados. Les pedimos a las
organizaciones que nos han ayudado, que han dado a
conocer nuestra situación, como es el caso de la
UITA, de la sociedad civil nicaragüense y de nuevos
amigos y amigas que nos están contactando en esos
días desde Europa para brindarnos su solidaridad,
que nos sigan apoyando.
En nuestro país, nuestras instituciones no quieren
entender que este drama de la IRC es una emergencia
y una alarma nacional. Debería darles vergüenza que
tengamos que pedir ayuda afuera del país, para no
seguir muriéndonos de esa manera.
Pero creo el sistema político de mi país ya perdió
hasta la vergüenza. Una vez, nuestro general Augusto
C. Sandino dijo: “Mi maldito país”, y yo me incomodé
por esta expresión, pero ahora me estoy dando cuenta
de que tal vez tenía razón, no por su pueblo, sino
por sus gobernantes.
-Próximamente va a haber una reunión con la Comisión
Interinstitucional para dar seguimiento a los
Acuerdos. ¿Qué es lo que le van a plantear al
gobierno?
-Hace más de dos meses que no nos reunimos. Lo
primero que le vamos a preguntar a la ministra de
Salud y coordinadora de la Comisión
Interinstitucional, Margarita Gurdián, será ¿dónde
está la partida presupuestaria que se aprobó y que
tiene el MINSA para atender a los afectados por IRC?
Hasta el momento no hemos visto ni un centavo.
Vamos a tener que volver a presionar fuertemente a
las instituciones que no están dando respuestas o
que las están dando de una forma demasiado lenta.
Nosotros seguimos la lucha junto con los compañeros
y compañeras del Nemagón, del 25 por ciento de la
caña y del banano, y no vamos a dejar de luchar
hasta que nos den respuestas. Tampoco olvidamos que,
después de que se apruebe la reforma a la Ley 456,
vamos a pedir una indemnización al Ingenio San
Antonio por los daños que nos ha causado en todos
estos años.
A todas las personas que van a leer esta entrevista
les pido que difundan nuestra historia y la lucha
que estamos llevando adelante en esta pequeña ciudad
de Nicaragua, Chichigalpa. Les pedimos que el mundo
se entere de cómo aquí la gente se muere, desechada
como basura, de que aquí la vida humana ya no vale
nada, pero que estamos dispuestos a seguir en la
lucha.
|
En Chichigalpa, Giorgio
Trucchi
© Rel-UITA
24 de julio de 2006 |
 |
|
|
