La Comisión Social del Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES) dedicó su quinta sesión anual al tema de los ex trabajadores del azúcar afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

El objetivo de la actividad fue presentar y discutir el tema de los afectados por IRC con la participación de todos los sectores vinculados a esa temática, para encontrar una salida a esta dramática situación.

El Centro de Información y Servicios en Salud (CISAS) presentó un exhaustivo informe sobre la situación de los afectados por IRC, las caracteristicas de la IRC como enfermedad profesional y las “deficiencias en la cadena de atención de los servicios médicos para las personas que presentan casos de IRC”. El informe abordó también las demandas presentadas a las instituciones en el 2005 por los integrantes de la Marcha sin Retorno y los acuerdos que estos sectores, incluyendo a los afectados por IRC, alcanzaron con las diferentes instituciones y que todavía están pendientes de cumplimiento.

El documento planteó también algunos puntos que se deben abordar en lo inmediato, como la participación directa de las autoridades de salud, laborales y sociales frente al creciente índice de mortalidad entre los ex trabajadores del azúcar (al 18 de febrero de 2007, el número de personas fallecidas era de 2.417) y el compromiso de las autoridades de seguridad social en continuar con la labor para la atención de los casos de las pensiones de las personas afectadas por IRC.

Se pide también la instalación de negociaciones para que la empresa o empresas implicadas en estos casos de IRC, respondan por los daños causados a trabajadores, trabajadoras, ex trabajadores, ex trabajadoras, y las familias de éstos, por las condiciones de vida y por exposición a daños en su salud. En su parte conclusiva el informe plantea a las autoridades laborales adoptar medidas para la tutela de la legislación vigente en la materia y pide al gobierno, a través de las instancias pertinentes, aprobar la norma técnica para la quema de caña y reactivar los mecanismos que establece el marco regulatorio para la atención inmediata de la situación que deriva del uso intenso e indiscriminado de los agrotóxicos.

Después de la presentación de un estudio por parte del CIRA sobre la grave situación de contaminación de las aguas en el Occidente de Nicaragua, el CONPES declaró su disposición a buscar una solución conjunta en que participen todas las partes involucradas en esta dramática situación.

Según la presidenta de la Comisión Social del CONPES, Ximena Ramírez “lo que está pasando en Chichigalpa y en occidente es una problemática nacional. Hay más de 7.200 enfermos crónicos sólo en la ciudad de Chichigalpa, pero el fenómeno se está expandiendo en otras zonas y en otros sectores laborales. Los afectados vienen abogando por su derechos, han firmado acuerdos con las instituciones y no se les ha cumplido. El CONPES está aquí de la manera más propositiva. Queremos conversar con la empresa privada, con las personas e instituciones que han tenido que ver con la contaminación de las aguas en occidente. Ya hemos tenido indicios que hay una disposición al diálogo, porque esto es tan grave y tan serio que hay que darle una respuesta entre todos. Como Comisión Social del CONPES estamos sumamente conmovidos frente a esta tragedia, solidarios con la gente de la IRC y decididos a que se pueda llegar a una negociación entre las partes”.