Con razón hace siete años la llamé “La brisa de la muerte” 
					debido a los enormes daños que causan dos compuestos 
					químicos en las plantaciones bananeras de Centroamérica: el 
					nemagón (también conocido como DBCP) y el fumazone. Miles de 
					campesinos esparcían sin protección ni control alguno los 
					químicos elaborados y distribuidos por Dow Chemical, 
					Occidental Chemical Corporation y Shell Oil Company que las 
					compañías Castle, Chiquita Brands, Dole Food Company Inc y 
					Standard Fruit Company aplicaban en sus plantaciones.
					
					 
					
					Nemagón y fumazone fueron utilizados a sabiendas de que 
					causaban esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos, 
					así como trastornos en el sistema nervioso, pérdida del 
					cabello, quemaduras de la piel, impotencia sexual y 
					malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además de 
					que sus efectos pueden pasar de una generación a otra.
					
					
					 
					
					Las compañías estadounidenses que fabricaban y vendían estos 
					compuestos conocían desde hace medio siglo todos estos 
					efectos, al grado que el gobierno de Estados Unidos prohibió 
					usarlos localmente. Pero no hizo absolutamente nada para 
					retirarlos del mercado y de los campos de cultivo de México, 
					Centroamérica, Ecuador y Filipinas, por ejemplo. En el 
					colmo, las trasnacionales químicas y las bananeras acordaban 
					estrategias conjuntas para enfrentar las posibles demandas 
					de los afectados bajo una criminal lógica empresarial: si el 
					negocio deja dinero vale la pena, aunque sea necesario 
					sacrificar parte de la ganancia en indemnizar a unos cuantos 
					afectados, a aquellos que logren vencer en los tribunales el 
					poder financiero de las
					
					trasnacionales.
					
					 
					
					Y eso fue lo que hicieron en Honduras, Costa Rica y 
					Nicaragua, donde dejaron a 30 mil trabajadores con problemas 
					de salud de todo tipo. En los dos primeros países, la lucha 
					por lograr la indemnización mínima para los afectados lleva 
					años y costó la vida del líder hondureño Medardo Varela y la 
					de su hijo Wilmer. Nadie duda que los sicarios que los 
					asesinaron los pagaron las bananeras.
					
					 
					
					El nemagón y el fumazone reinaron en los campos bananeros de 
					Nicaragua durante treinta años (los de la dictadura de 
					Somoza y los primeros del gobierno revolucionario). Según 
					cálculos muy conservadores, causaron la muerte de 60 
					personas cada año y dejaron a cientos más con graves 
					padecimientos. Luego de muchos años de lucha legal contra la 
					indolencia oficial, judicial y legislativa, una juez con 
					sede en Chinandega acaba de dictar condena contra las 
					agroquímicas productoras de los terribles compuestos y las 
					compañías bananeras. 
					
					 
					
					Murieron, se enfermaron, quedaron estériles y con secuencias 
					sicológicas, anota la reportera Valeria Imhof de El Nuevo 
					Diario, al informar de la sentencia. Ahora las 
					trasnacionales tendrán que pagar 97 millones de dólares a 
					150 ex trabajadores afectados por las sustancias mencionadas 
					en la década de los setenta. La juez que aplicó la ley se 
					llama Socorro Toruño Martínez y no sucumbió, como muchos 
					otros funcionarios, al poder del dinero.
					
					 
					
					En la sentencia se detallan, con pleno respaldo médico, los 
					padecimientos de cada uno de los 150 trabajadores, que por 
					concepto de indemnización deberán recibir de las 
					trasnacionales entre 200 mil y un millón 200 mil dólares 
					cada uno. Otros 51 demandantes presentaron pruebas 
					"deficientes", dijo el doctor Jacinto Obregón, director del 
					equipo de abogados nicaragüenses que llevó el juicio.
					
					 
					
					Es importante mencionar que en el juicio se probó el dolo, la 
					negligencia y la irresponsabilidad de las trasnacionales, 
					que siempre supieron que estaban comercializando y aplicando 
					un producto que causaba graves daños a los seres humanos. 
					Fue un genocidio planificado, afirma el doctor Orlando 
					Cardozo. El juicio se inició en 2001 en Chinandega, y la 
					firma de abogados estadounidense Provost Umphrey invirtió 3 
					millones de dólares en la tramitación del mismo. Ahora 
					procede que se ejecute la sentencia en Estados Unidos, sede 
					de las trasnacionales.
					
					 
					
					Hay que celebrar esta buena nueva. Pero también no olvidar 
					que hay 4 mil ex trabajadores nicaragüenses y miles más en 
					Centroamérica que todavía esperan que se les haga justicia. 
					Por algo se comienza.