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todas las tardes a esa hora en la escuela rural del
poblado de Rincon’í, a 120 kilóme-
tros de Asunción, la capital
paraguaya, los niños de los cursos iniciales se habían
sentado en una ronda. No nos esperaban, y nuestra llegada
cambió por un rato las actividades previstas. A casi dos
kilómetros de allí se encuentra el predio de una hectárea
donde en noviembre de 1998 la empresa estadounidense
Delta & Pine abandonó 660 toneladas de semillas
pretratadas con cuatro toneladas de productos químicos. Para
quien no conoce la historia ese lugar parece hoy un yuyal
cualquiera, pero la verdad es que allí ocurrió la
contaminación más importante en la historia del Paraguay.
Me acompañaba Ana María Segovia, portavoz de los vecinos
organizados para resistir y enfrentar las consecuencias de
la “basura tóxica”, como la llamaron los pobladores del
lugar. Los niños sabían bien qué sucedió “allá”, a escasos
75 metros de su anterior escuelita que debieron abandonar.
Conocían “las semillas de la muerte”. Hablamos sobre el
origen de su nueva escuela, les recordamos que ella fue
construida por sus propios padres y madres, hermanos,
hermanas y vecinos. Entre esas paredes frescas y gruesas la
palabra solidaridad resonó mejor que en cualquier otra parte
del mundo, solidaridad entre vecinos, solidaridad de más
lejos, y también de mucho más lejos: “Hasta de otras partes
del mundo llegaron volando tejas solidarias que se posaron
en este techo que hoy nos da sombra”, les dijimos. Asociamos
la palabra dignidad a un tesoro más valioso que todo el oro
del planeta, más grande y lucido que el cielo, y al mismo
tiempo tan chiquito y frágil que debemos guardarlo en lo más
profundo de nuestros corazones de donde nunca deberá salir,
bajo ninguna circunstancia.
Nos despidieron con un hasta pronto, y eso será sin duda,
apenas hasta luego. Porque el juicio penal que desde hace
casi seis años inició la comisión de vecinos de Rincon’í
contra los responsables de la contaminación que padecen está
llegando a su momento culminante. Después de haber pasado
por varias sedes judiciales y haber enfrentado las más
increíbles maniobras dilatorias generadas por el poderoso
bufete de abogados que defiende a la Delta & Pine, en
noviembre de 2003 los fiscales Hugo Ríos (penal) y Ricardo
Merlo (ambiental) presentaron de manera conjunta una
acusación en la que piden la condena de Nery Rivas, alto
funcionario de la Delta & Pine en Paraguay, y de
Julio Chávez, propietario del predio donde se arrojaron las
semillas envenenadas, a quienes acusan de diversos delitos,
entre ellos del homicidio culposo de Agustín Ruiz, fallecido
pocos días después del desastre a consecuencias de la
contaminación con los agrotóxicos.
Asimismo, los fiscales solicitan que se mantenga abierta la
causa del ciudadano estadounidense Eric Lorenz, por aquel
entonces representante de la Delta & Pine en Paraguay
y principal responsable de los hechos, quien desde hace
varios años se encuentra prófugo de la justicia paraguaya.
Los fiscales solicitan que se requiera su captura por
intermedio de Interpol y se formalice el pedido de
extradición desde el lugar donde sea detenido. El enérgico
dictamen fiscal se basa en un muy voluminoso expediente en
el cual abundan las pruebas de la contaminación, de sus
consecuencias inmediatas, a mediano y largo plazo y de
quiénes son los responsables directos del daño causado.
Para el fiscal Ríos, “Nosotros hicimos simplemente el
trabajo que nuestra investidura nos exige. Cumplimos
rigurosamente con todos los requisitos legales y pensamos
que logramos producir una posición sólidamente sustentada en
el análisis de los elementos contenidos en el expediente”.
Según Ríos, el juez cuenta con elementos suficientes para
poder adoptar un fallo con serenidad.
El fiscal ambiental Merlo, por su parte, también se dice
bastante satisfecho con el trabajo realizado. “Cuando
este caso llegó a nuestro conocimiento -recuerda hoy desde
el Palacio de Justicia- nuestra oficina era apenas un
escritorio a la calle con una mesa, tres sillas y un
teléfono. Teníamos mucho menos recursos que ahora. El
desarrollo de este caso ha ido acompañando el de nuestra
fiscalía. A pesar de aquellas limitaciones, creo que
cumplimos un buen papel. Ahora sólo podemos esperar la
decisión del juez”.
Germán Torres es el nombre del joven juez que hace pocos
meses tomó entre sus manos el juzgado penal de Paraguarí,
donde se encuentra el caso. Expresó que ya había tenido
tiempo de interiorizarse del expediente y que le faltaba
profundizar el análisis de dos o tres puntos concretos.
Aseguró que si todo se desarrolla como espera, a fin de mayo
o principio de junio estará dictando su sentencia.
La noticia ha renovado la esperanza de las víctimas, aunque
saben por experiencia propia que en materia judicial las
promesas suelen ser volátiles. Esta vez, sin embargo, todas
las condiciones están dadas para que el desenlace finalmente
se produzca. Como forma de apoyar esa vigilia, las víctimas
se han propuesto desarrollar diversas actividades a lo largo
de este mes, entre ellas enviar una delegación a Asunción
para recorrer diversos medios de prensa con el objetivo de
recordar la tragedia que vivieron hace seis años, y preparar
una gran manifestación popular ante la sede judicial de
Paraguarí para el día en el cual el juez Torres haga pública
su sentencia.
Ana María Segovia, portavoz y símbolo de la lucha de sus
pares, afirmó que si bien tiene confianza en la justicia
paraguaya, no bajará la guardia hasta que el daño causado a
su comunidad “sea reconocido legalmente, como primer paso
antes de que se produzca el necesario reconocimiento moral
del sufrimiento provocado”.
Allá, en Rincon’í, más de 100 familias campesinas están
mirando hacia Paraguarí. Sumemos nuestras miradas a las
suyas, una vez más y ahora más que nunca.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
11 de mayo de 2004
