Foro Social Américas

Grupo Pellas en el banquillo de los acusados

El coloso nicaragüense y el Tribunal Permanente

de los Pueblos (TPP)

La Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), afiliada a la UITA, denunció al Grupo Pellas en la audiencia centroamericana del TPP, por ser responsable de la afectación y muerte de miles de ex trabajadores azucareros del Ingenio San Antonio.

Según los denunciantes, la empresa Ingenio San Antonio, propiedad de la Nicaragua Sugar Estate Ltd, que integra el Grupo Pellas, hizo un uso desconsiderado y masivo de agrotóxicos, afectando gravemente a los trabajadores, a los recursos hídricos de la zona y al ambiente en general.

Siempre según los testigos, esa mala práctica productiva contribuyó a desencadenar una epidemia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que en pocos años provocó la muerte de 2.986 ex trabajadores y trabajadoras del Ingenio y la afectación de otros miles que sobreviven en condiciones muy difíciles.

Según Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, “Nuestra lucha comenzó cuando nos dimos cuenta de que los trabajadores y trabajadoras nos estábamos enfermando de IRC en forma acelerada y que, al mismo tiempo, iban incrementándose las enfermedades relacionadas con esta epidemia. En aquel entonces -explicó Ríos a los jueces-  las casas de los trabajadores rodeaban los cañaverales y utilizábamos las mismas fuentes de agua que el ingenio ocupaba para su proceso productivo. Sólo sabíamos que estábamos mal, pero no lográbamos entender el por qué de ello”.

El hermano de la presidenta de ANAIRC, doctor Enrique José Ríos Urbina, fallecido por IRC, quien trabajó como médico en el hospital del Ingenio San Antonio, fue uno de los primeros en descubrir la relación entre la contaminación del agua por agrotóxicos y la IRC que sigue diezmando a la población. A través del análisis de aguas encontró residuos químicos contaminantes y al hacerlo público fue despedido de inmediato.

Testigos de una enfermedad laboral

En su denuncia frente a los seis jueces del TPP, los afectados explicaron que, gracias a la Ley 456, en Nicaragua la IRC ya fue reconocida como enfermedad profesional y por eso están recibiendo su pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguridad Social (INSS).

“Esto demuestra sin duda alguna que nuestra enfermedad es de origen laboral y estamos pidiendo al Grupo Pellas que nos indemnice por los daños que ha provocado a miles de ex trabajadores, trabajadoras, viudas y familiares de los fallecidos. Hemos tratado de reunirnos con el Grupo Pellas, pero hasta la fecha no nos han tomado en cuenta”, agregó Ríos en su intervención.

Jorge Real, de 48 años, trabajó apagando fuegos en el Ingenio San Antonio. Relató a los jueces del TPP que quiso hacer ese largo viaje hasta Guatemala para poder atestiguar en contra del Grupo Pellas: “Miro cómo a mi alrededor la gente se muere y cómo me estoy enfermando cada día más. Trabajaba apagando fuego en los cañaverales, y como no podíamos acarrear mucha agua, tomábamos de los ríos o de las bombas que encontrábamos en el ingenio. Esta agua estaba contaminada por los agrotóxicos que regaban con avionetas y no lo sabíamos. En 1993 me presenté para integrarme a la zafra, pero me obligaron a hacerme un análisis donde me detectaron la IRC y el Ingenio me desechó porque estaba enfermo”.

La exposición de Guadalupe

Solís a los jueces fue

aún más difícil y emotiva

“Vengo ante ustedes para denunciar al Grupo Pellas, porque soy testigo de la mortandad entre los ex trabajadores del Ingenio San Antonio. Mi tío, José Domingo Sánchez Romero, después de trabajar 12 años en el Ingenio como cortador y regador, falleció a los 45 años de IRC. Se le inflamó todo el cuerpo y comenzó a vomitar sangre. Fue algo horrible que no puedo olvidar”, comentó muy emocionada Solís.

“Mi padre también está muy enfermo. Trabajó 35 años en el Ingenio San Antonio en la siembra de la caña y en la fábrica. Salió afectado en 1993 por la ingesta de agua contaminada Lo que pedimos -terminó Solís- es justicia y es por eso que viajamos hasta Guatemala”.

En el caso específico del Grupo Pellas, denunciado por la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC) por los miles de ex trabajadores azucareros afectados por el uso masivo de agrotóxicos y la contaminación de las aguas, el miembro del jurado Luis Nieto Pereira, coordinador del Observatorio de Multinacionales Españolas en América Latina (OMAL), declaró a Sirel que “en este caso específico se le acusó de haber tratado a los trabajadores en condiciones laborales indebidas, donde manejaron  agrotóxicos sin el equipamiento adecuado y, además, el Grupo Pellas no se hizo cargo de esos trabajadores cuando salieron afectados por la IRC, dejándolos a la intemperie en materia de protección sanitaria y laboral, entre otros”.

Nieto agregó que se hace responsable al Estado de Nicaragua “por no hacer cumplir las leyes del país y dejar desprotegidos a los trabajadores del Ingenio San Antonio del Grupo Pellas. Al gobierno estamos pidiendo que asuma sus responsabilidades en el plan protector de los trabajadores y trabajadoras, obligando al Grupo Pellas a cumplir con sus deberes en materia laboral, sanitaria y ambiental, indemnizando tanto a los trabajadores como a las comunidades afectadas”, concluyó Nieto.

La sentencia será enviada a los gobiernos, a las empresas acusadas, a los países de las casas matrices, a la Unión Europea, a las instituciones financieras internacionales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se espera que estos casos lleguen a una sentencia definitiva en la sesión del TPP en Madrid en el año 2010.