El 12 de marzo 
                    pasado, el arroyo Guaviyú, situado en el departamento 
                    uruguayo de Paysandú, a escasos metros de un centro 
                    turístico y termal, apareció tapizado de peces muertos. Mes 
                    y medio después se confirma la sospecha de los técnicos de
                    
                    UITA: 
                    la causa del desastre fueron la cipermetrina y el endosulfan, 
                    dos poderosos insecticidas derramados en un afluente del 
                    arroyo.
                    
                     
                    
                      
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                              Fotografía cortesía del periódico 
                              El Telégrafo 
                              
                              de Paysandú, Uruguay. |  | 
                    
                    
                    Ayer, jueves 29 de abril, en precipitada convo-catoria 
                    a los medios de comunicación, Jorge Ziminov, director de 
                    Higiene de la Intendencia Municipal de Paysandú (IMP), 
                    reveló los resultados de los análisis de las muestras de 
                    aguas del Guaviyú extraídas luego de ocurrida la mortandad 
                    de peces el mes pasado.
                    
                     
                    
                    Expresó Ziminov que después que la Dirección de 
                    Higiene denunciara al Ministerio de Ganadería Agricultura y 
                    Pesca (MGAP) lo sucedido en Guaviyú y en vista de no obtener 
                    respuesta alguna, la IMP decidió investigar por su cuenta y 
                    rápidamente halló el lugar en que se había iniciado la 
                    contaminación.
                    
                     
                    
                    El derrame de agrotóxicos -como se sospechaba- se 
                    produjo en el establecimiento agropecuario "La Marta", 
                    ubicado aguas arriba del Guaviyú, propiedad de un ciudadano 
                    uruguayo residente en Estados Unidos y arrendado a 
                    productores de soja argentinos cuyos nombres hasta el 
                    momento no fueron difundidos. "En el campo sólo se encuentra 
                    su encargado", dijo Ziminov.
                    
                    
                     
                    
                    Autoridades municipales ingresaron al predio con orden 
                    judicial y el apoyo de la Policía y allí encontraron -y 
                    fotografiaron- los recipientes y los productos utilizados en 
                    la fumigación de los cultivos de soja "a la vera de una 
                    cañada que es afluente del Guaviyú", según precisaron. Luego 
                    extrajeron muestras de los productos puros y de la laguna 
                    inmediata.
                    
                     
                    
                    Por otro lado, y tras quince días de constatarse la 
                    mortandad de peces, un comisario de Policía de la zona hizo 
                    llegar a la Dirección de Higiene muestras del arroyo próximo 
                    a su desembocadura porque "encontraba algo anormal en el 
                    agua y en las hojas de los árboles".
                    
                     
                    
                    Los análisis fueron encargados al ingeniero químico 
                    Américo Kurucz (EAS Uruguay), quien hizo llegar los 
                    resultados a la IMP el 27 de abril.
                    
                     
                    
                    Todas las muestras -señaló el director- revelan la 
                    presencia de cipermetrina y endosulfan. También en la 
                    musculatura de los peces, en el lecho de la laguna y en las 
                    hojas de los árboles que están lejos del lugar se hallaron 
                    concentraciones de estos insecticidas con niveles diez veces 
                    -y más- superiores a los valores permitidos por la normativa 
                    del Código de Aguas.
                    
                     
                    
                    "Estos agrotóxicos se utilizan en forma indiscriminada 
                    en el país", denunció Ziminov. Y agregó: "Hablamos de 
                    productos clorados que se ligan a las grasas de los seres 
                    humanos y de los animales. Las vacas beben el agua 
                    contaminada y al ser ordeñadas transfieren en la leche estos 
                    productos cancerígenos a la cadena alimentaria".
                    
                     
                    
                    Este proceso es más agudo aún sí en el curso de agua 
                    existen tomas con destino al consumo humano.
                    
                     
                    
                    Ziminov, que es veterinario, explicó a los periodistas 
                    que en Uruguay los clorados fueron utilizados contra la 
                    garrapata, pero luego fueron desterrados al comprobarse que 
                    quedaban adheridos a la grasa de los animales y que a través 
                    de la ingesta de carne y leche pasaban a los seres humanos.
                    
                     
                    
                    Es grave la situación, reflexionó Ziminov, "ya que si 
                    leemos la etiqueta de los recipientes de estos agrotóxicos 
                    vemos que pueden ser aplicados también en cultivos de papa, 
                    morrón, tomate, cebolla, zapallo, poroto, etcétera".
                    
                     
                    
                    Aseguró, sin embargo, que "los gobiernos 
                    departamentales se comprometerán a ubicar desde los 
                    importadores hasta los que manipulan estos agrotóxicos, para 
                    impedir que se continúe afectando la salud y el medio 
                    ambiente".
                    
                     
                    
                    Ziminov anunció que este viernes 30 la IMP realizará 
                    la denuncia penal correspondiente y las empresas que cometen 
                    "estas irresponsabilidades serán penadas por la ley". Pese a 
                    que la importación, la venta y aplicación de estos productos 
                    están autorizadas por el MGAP, en este caso se ha comprobado 
                    "la violación de todas las precauciones indicadas en las 
                    etiquetas", indicó.
                    
                     
                    
                    Lo que sucede, dijo el director, es que "no hay 
                    control y los restos de endosulfan resultan de larga 
                    permanencia residual en el medio, como se demostró en las 
                    muestras tomadas del lecho del arroyo. Además, los riesgos 
                    de contaminación crecen si tenemos en cuenta que estamos en 
                    zonas donde los ciclos de plantaciones de soja son 
                    continuos, con aplicaciones regulares de agrotóxicos".
                    
                     
                    
                    Finalmente Ziminov recordó que no es éste un hecho 
                    aislado: en Uruguay se han detectado partidas de quesos con 
                    restos de organofosforados, que no pueden exportarse y son 
                    destinadas al mercado interno.
                    
                     
                    
                    Si bien nada dijo el director de Higiene sobre hechos 
                    similares constatados en su departamento un año atrás, en el 
                    arroyo Valdez, y cuyos responsables nunca fueron ubicados, 
                    esta historia demuestra que pobladores alertas y movilizados 
                    como los habitantes de la zona de Guaviyú constituyen la 
                    mejor garantía contra las agresiones al medio ambiente y la 
                    salud humana.
                    
                    
                     
                    
                    
                     
                    
                    
                    
                    Carlos Caillabet
                    
                    
                    © Rel-UITA
                    
                    
                    30 de abril de 2004