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La
política alimentaria del gobierno fomenta las importaciones
y
descuida la producción
La Confederación Nacional
Campesina (CNC) no descartó que en pocos meses se
decida racionar la venta de arroz, trigo, sorgo y maíz
amarillo, ya que las importaciones de esos cereales y
oleaginosas sólo cubren 60 por ciento de la demanda interna;
además de que los precios de los alimentos seguirán
incrementándose.
“Tenemos mucho riesgo de desabasto, porque se apostó a la
importación de productos y no se incentivó la producción de
granos y oleaginosas”, dijo Cruz López Aguilar,
dirigente de la CNC, en el contexto del quinto
aniversario del Acuerdo Nacional para el Campo.
Advirtió que en la crisis mundial de alza de los alimentos,
ni el gobierno ni los empresarios ni la sociedad pueden
responsabilizar a los campesinos de la inflación y hambruna.
“Invito a la Secretaría de Economía a efectuar una
investigación en los tianguis, mercados y supermercados
sobre los precios de la canasta básica y compararlos con las
cifras que reciben los campesinos –los pequeños y medianos–
para que se identifique a los hambreadores del pueblo”.
Pero al gobierno pareciera no importarle esta situación, ya
que inclusive ahora Liconsa* prefiere comprar leche en los
mercados internacionales
pagando 6,35 pesos (0,60
dólares aproximadamente) por litro, mientras a los
productores nacionales les ofrecen únicamente 4,50 pesos
(0,40 dólares aproximadamente).
Y aunque en los 14 años anteriores los precios de los granos
y oleaginosas estuvieron en el “piso” y la baja en la
producción fue resultado del desmesurado incremento de los
insumos para la producción y falta de financiamiento, ahora
se pretende responsabilizar a los agricultores de los
vaivenes del mercado, añadió.
“Son esos funcionarios que aplican precios discriminatorios a
los productos nacionales quienes están dispuestos a
enredarse en la reforma energética enviada por el Ejecutivo
federal y se disponen a tirarse de la parte más alta del
alcázar de Chapultepec en señal de patriotismo”, comentó en
el acto al que acudieron una decena de líderes y
representantes de organizaciones agrarias.
Pero en medio de esta crisis internacional de alimentos, el
gobierno no considera necesario regular los precios de los
fertilizantes y las semillas ni detener el alza mensual de
la electricidad, la gasolina, diesel y amoniaco, ni
intervenir para detener el acaparamiento de las cosechas por
las empresas trasnacionales, porque incumplió su compromiso
de constituir una reserva estratégica de maíz blanco.
Acompañado por líderes y representantes de una decena de
agrupaciones agrarias integrantes del Movimiento Nacional
por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de
los Trabajadores y las Libertades Democráticas, el dirigente
de la CNC llamó también la atención de los
participantes en torno a la propuesta de reforma energética
del Ejecutivo federal, la cual en el “fondo busca aumentar
la participación de las empresas privadas en la renta
petrolera y dar a la burocracia en el poder federal la
libertad en el manejo de las finanzas de Pemex, y que
combatieron cuando fueron oposición”.
Antes, Max Correa Hernández, dirigente de la Central
Campesina Cardenista (CCC), advirtió que el gobierno
no pretende cambiar “la política entreguista de la soberanía
alimentaria a las grandes empresas” y por eso –dijo– las
organizaciones campesinas deben promover un compromiso
unitario y continuar con un plan de acción en defensa de la
soberanía alimentaria y energética.
Matilde
Pérez
La
Jornada, México
30 de
abril de 2008
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