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Martin
Wolpold-Bosien |
La investigación se llevará a cabo durante agosto de 2008 y
servirá de insumo para el Informe Paralelo que las
organizaciones de la sociedad civil, pertenecientes al
capitulo nicaragüense de la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD),
presentarán al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) del Concejo Económico y Social de
la ONU. El CDESC es el órgano que
supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por
Nicaragua en enero de 1980, pocos meses después del
triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
“Para investigar un programa como Hambre Cero con un enfoque
en derechos humanos se necesita de una metodología muy
particular. Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, los países se comprometen
al respeto, protección y garantía a la alimentación, y en el
caso de Nicaragua el Programa Hambre Cero recae en
esta tercera categoría. El monitoreo que vamos a desarrollar
se enfocará en las acciones del Estado en base a sus
obligaciones hacia el derecho a la alimentación de la
población, y tendrá tres dimensiones. La primera es la
dimensión estructural, es decir, cómo se ha tomado en
cuenta el Derecho a la Alimentación a través de políticas,
estructuras e instituciones. La segunda dimensión es la de
los procesos y cómo se ejecutan los programas,
mientras que la tercera tiene que ver con los resultados,
esto es, si estos programas han traído mejorías efectivas a
los beneficiarios”, comentó Martin Wolpold-Bosien
de FIAN International.
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Donde ha llegado el Bono Productivo Alimentario
la gente salió del hambre en seis meses y está
produciendo |
Un año de “Hambre Cero”
El taller organizado por el CENIDH, al cual fue
invitado un grupo selecto de medios de comunicación, entre
ellos Sirel, tenía el objetivo de intercambiar con
expertos y expertas sobre temas agroalimentarios, derechos
humanos y de seguridad alimentaria, para reunir los
principales análisis en relación a la implementación del
Programa gubernamental Hambre Cero.
En el contexto del esfuerzo del actual gobierno nicaragüense
para la reactivación productiva del sector rural, que por 16
años sufrió el progresivo abandono por parte de los
gobiernos neoliberales, se enmarca el Programa Productivo
Alimentario (PPA) “Hambre Cero”, impulsado por el
Ministerio de Agricultura (MAGFOR) como una propuesta
de capitalización y apoyo en tecnologías de carácter
agroecológico para las familias campesinas empobrecidas del
sector rural con equidad de género.
Gustavo
Moreno,
director del Programa Productivo Alimentario (PPA),
fue invitado a la actividad para informar sobre los alcances
y las limitaciones de este primer año del programa.
“El
Programa Hambre Cero surgió con el objetivo de reducir de
forma sustantiva el hambre en Nicaragua, enfocándose
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Su principal componente es el Bono
Productivo Alimentario (BPA)*, un
paquete alimentario de bienes para la familia, a nombre de
la mujer, que tiene el objetivo de implantar en la parcela y
encarnar en la familia el beneficio del programa”, comentó
Moreno.
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Gustavo Moreno |
En su larga exposición el director del PPA informó
detalladamente sobre el funcionamiento y las dificultades
encontradas en este primer año con respecto a la selección
de las familias beneficiadas, los técnicos y los
proveedores, la contratación técnica y el equipamiento.
Sobre este último punto Moreno subrayó un fuerte
choque entre la necesidad de agilizar estos procesos de
adquisición por parte del Programa, y la legislación
nacional que regula la materia, “porque tienen enfoques
distintos y muchas veces el Estado no responde a lo que el
gobierno quiere hacer”.
Otros temas analizados fueron la verificación de las
familias e incorporación en el sistema, el levantamiento del
paquete agropecuario y la entrega de bienes (material de
construcción, siembra y animales).
Entre los problemas que más han afectado el Programa Hambre
Cero en este primer año señaló el aspecto cultural que
caracteriza cada una de las diferentes zonas y poblaciones
del país, sobre todo en referencia a la adquisición y
conformación del Paquete Alimentario, al fenómeno del
clientelismo, a la selección y verificación de las familias
y el cumplimiento de los requisitos del programa, al poco
alcance del programa en algunas zonas del país y la falta de
fondos para completar el número previsto de familias
beneficiadas, la dificultad en armonizar los diferentes
programas que conforman Hambre Cero y las diferentes
instituciones que están involucradas, entre otros.
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A nivel organizativo se alcanzó un total de
9.927 socias beneficiarias reunidas en 242
núcleos |
Con el Bono Productivo Alimentario la gente salió del hambre
en seis meses y está produciendo para entrar en la segunda
etapa del programa, que es la comercialización de los
bienes, el ahorro, a través de la conformación de los
núcleos de familias beneficiadas y el crédito con la
conformación de las cajas rurales”, aseveró Moreno.
En 2007 se beneficiaron un poco más de 11 mil familias en
todos los departamentos del país y se entregaron 4 mil
paquetes agropecuarios especiales para las víctimas del
Huracán Félix en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Para fines de 2008 se tiene previsto alcanzar un total de
27.500 familias beneficiadas (15.547 a lo largo del año) con
una inversión aproximada de 42,5 millones de dólares y en
los cinco años de gobierno se estima beneficiar a 75 mil
familias (450 mil personas).
A nivel organizativo se alcanzó un total de 9.927 socias
beneficiarias reunidas en 242 núcleos, y ya existe un
proyecto del BID para conformar 100 pequeñas empresas
artesanales para la comercialización, con un capital inicial
de 50 mil dólares cada una.
“Esos núcleos van a ser los lugares donde debatir, crear
capacidad y resolver problemas, con una capacitación
constante por parte del Programa. El gobierno decidió
también otorgar crédito a las cajas rurales, entregando 2
córdobas por cada córdoba ahorrado por las mujeres que
conforman los núcleos”, explicó Moreno.
Entre las principales críticas y sugerencias vertidas al
Programa por parte de las y los invitados al taller, hay que
mencionar el casi nulo aprovechamiento de la experiencia de
organizaciones de la sociedad civil para desarrollar el
trabajo de capacitación y acompañamiento a las familias
beneficiadas, la falta de programas que beneficien a las
familias que no poseen por lo menos una manzana de tierra
(condición que pone el Programa) y de proyectos para la
reforestación de los territorios, los mecanismos de
selección de las familias beneficiadas y el rol que
desarrollaran los Consejos del Poder Ciudadano (CPC)
en este proceso y la necesidad de establecer un marco
jurídico para que a la gente se le garantice el acceso a la
alimentación, a través de la aprobación de la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional (SYSAN).
