La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida reafirmó el compromiso de todos sus integrantes de cara a lograr la aprobación

de la reforma constitucional el próximo 31 de octubre, junto a las elecciones nacionales. 

A partir de algunos malentendidos aparecidos en la prensa, que hacen referencia a “matices” entre alguno de los integrantes de la CNDAV con respecto al texto original de la reforma, la Comisión vuelve a difundir el alcance de las modificaciones propuestas en la carta magna.

La reforma, además de asegurar una gestión pública de los servicios de agua potable y saneamiento –basada en criterios de participación y sustentabilidad– y además de declarar el acceso al agua como un derecho humano fundamental, tiene algunas consideraciones específicas, para aquellos casos en los que se ha llevado adelante la privatización (como ha ocurrido en los departamentos de Canelones y Maldonado).

Particularmente, en el literal Z”) del artículo 188 se propone que “La reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de esta reforma, no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas”. Esto implica directamente que se respetará el derecho de las empresas privadas que actualmente gestionan el agua y el saneamiento, pagándole por todas las inversiones que no hayan amortizado aún.

Un caso particular lo plantea la situación de la empresa URAGUA en el departamento de Maldonado. La subsidiaria de Aguas de Bilbao ha incumplido en reiteradas oportunidades el contrato y el propio ex ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, se había comprometido –como parte del Poder Ejecutivo– en “ordenar la salida de URAGUA”, antes las graves irregularidades generadas. Esto quiere decir que desde que la concesión de URAGUA en Maldonado ya cayó por los incumplimientos de la empresa y no es necesario esperar al resultado del 31 de octubre para definir que el servicio del departamento esteño vuelva a la órbita estatal.

Para el resto de las situaciones si deberá aguardarse a la aprobación de la reforma constitucional y su reglamentación.

Con respecto a la campaña para convocar a la ciudadanía a votar la reforma el 31 de octubre, continúa adelante con el apoyo de todas y cada una de las organizaciones que integran la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

Comisión Nacional en Defensa

del Agua y de la Vida

8 de julio de 2004