Sostienen, por ejemplo, que el proyecto prevé la expropiación de los pozos de agua que existan en casas de particulares o que se impediría la gestión privada de las aguas termales y de empresas embotelladoras de agua.

Adriana Marquisio, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios del ente público Obras Sanitarias del Estado e integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, que promueve el referéndum, aseguró que quienes lanzaron esas versiones saben que no son ciertas. La dirigente sindical aclaró que el Código de Aguas vigente en Uruguay establece que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público. En el caso de la realización de pozos o emprendimientos como los termales, de riego o de aguas embotelladas, la Dirección Nacional de Hidrografía otorga permisos de uso y aprovechamiento. "Esto no cambiará", destacó, y aclaró que la reforma refiere únicamente a los servicios de agua potable y saneamiento.

Los opositores al proyecto aseguran también que sin capitales privados no se podrá hacer el saneamiento en el interior del país, puesto que la estatal OSE no tiene dinero para invertir en esas obras. Marquisio respondió poniendo el ejemplo de Maldonado, uno de los departamentos más ricos del país, donde el saneamiento y el abastecimiento de agua fue entregado a firmas privadas. "Allí OSE no pudo hacer el saneamiento porque no administró bien la tarifa, pero sí pidió un préstamo de 70 millones de dólares para poner a punto las instalaciones y entregárselas a la compañía privada Uragua. Los uruguayos vamos a estar pagando hasta 2009 por ese préstamo, que representa el 60 por ciento de lo que OSE tiene asignado para invertir en agua potable y saneamiento en el interior del país. Lo que no se entiende es por qué esa inversión no se pudo hacer antes, cuando la gestión era pública", indicó Marquisio.

Cabe la posibilidad que de aprobarse la reforma, las empresas privadas que gestionan actualmente los servicios de agua potable y saneamiento, y cuyos contratos serían rescindidos, inicien juicio al Estado, puesto que se prevé indemnizarlas en función de las inversiones que ya realizaron pero no por el lucro cesante.

Otra de las versiones difundidas recientemente por los opositores a la reforma es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habría advertido a diversas reparticiones del Estado uruguayo, entre ellas el Municipio de Montevideo, que si se aprueba el proyecto se complicará la ampliación de la cobertura de saneamiento y el mantenimiento de las redes de agua potable, ya que OSE no tendría capacidad de acceder a nuevos préstamos. El director de Saneamiento de Montevideo, Luis Lazo, desmintió que el organismo internacional haya formulado tal advertencia. Rel-UITA está en condiciones de afirmar que fuentes del propio BID también lo desmintieron.

Por otra parte, los partidos conservadores y los medios empresariales que rechazan la iniciativa del referéndum, así como el propio directorio de OSE, cuestionan la necesidad de reformar la Constitución “sólo porque una o dos empresas” no cumplen con alguna cláusula contractual. Si bien es cierto que hay previstos en los acuerdos de concesión establecidos con las firmas privadas mecanismos correctivos, los organismos a los que compete aplicarlos han demostrado tal benevolencia que, en los hechos, de nada ha servido que existan. En el caso de Uragua, una de las firmas instaladas en Maldonado, hace largo tiempo que OSE podría haberle rescindido el contrato de concesión de los servicios de agua potable y saneamiento, dada la larga lista de irregularidades cometidas por esta empresa de capitales españoles. Pero nada de eso ha pasado.

El principio rector de la reforma es que debe anteponerse el bienestar social ante la ganancia económica, y esto sólo se asegura si el servicio es prestado por organismos sin fines de lucro. La reforma plantea además que se diseñe una política nacional de aguas y saneamiento basada en el ordenamiento territorial, la gestión sustentable del recurso, la protección del ambiente, el establecimiento de prioridades para el uso del agua (siendo la primera el abastecimiento de agua potable a poblaciones), y la participación de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. Toda autorización o concesión o permiso que vulnere estos principios sería anulada.

La intención última de esta reforma es que las disposiciones plasmadas en el Código de Aguas sean elevadas a rango constitucional a efectos de que no exista una norma legal de mayor jerarquía. De aprobarse, ninguna ley podrá derogar los artículos que se agregarán a la Constitución, salvo que medie una nueva reforma.

En la primera semana de octubre, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida informó a Rel-UITA que a menos de un mes de la votación, un tercio de los uruguayos no sabía que el 31 de octubre habrá un referéndum. Pero la misma Comisión también destacó que durante las jornadas de difusión que está organizando en Montevideo y en las principales ciudades del interior del país, los ciudadanos que ignoraban que habría una consulta popular al tomar contacto con la información, inmediatamente adhieren a la idea de que el acceso al servicio de agua y saneamiento sea considerado un derecho humano fundamental.

Según expresó Carlos Coitinho, integrante de la Comisión en representación de la coalición de izquierda Frente Amplio, favorita para ganar las elecciones que se celebran simultáneamente con el referéndum, "el pueblo aprendió que el traslado de actividades desde el Estado a los privados significa marginar a cada vez más ciudadanos de la posibilidad de acceder a esos servicios, porque los precios que fijan las compañías no están al alcance de los bolsillos de muchas familias". Además, “al empresariado no le interesa la cobertura de los servicios en localidades o pueblos donde no les resulta rentable por el bajo número de habitantes, tal como sucedió en Aiguá, en el propio departamento de Maldonado”, recordó Coitinho.

Virginia Matos

© Rel-UITA

19 de octubre de 2004