-¿Cuáles son las razones que lo hacen dudar de la promesa de
crear puestos de trabajo por parte de estas multinacionales?
-La finlandesa
Botnia y la
española ENCE
prometen la creación de 300 puestos de trabajo en cada
planta. Considerado desde el punto de vista de la eficiencia
observamos que entre las dos habrá una inversión de
alrededor de 1.500 millones de dólares que resultará en la
creación de tan sólo 600 puestos de trabajo. Es decir que
para generar cada empleo se requerirían 2,5 millones de
dólares.
Además, de acuerdo a información de
Botnia se
desprende que de los 300 puestos proyectados sólo habrá 8
para quienes tengan solamente instrucción primaria. En
consecuencia, los más necesitados no serán quienes obtengan
trabajo en esta empresa.
Por otro lado, ambas empresas se jactan de que con
pocos operarios se realizan todas las tareas. Refiriéndose a
la planta de última tecnología que tiene en Rauma,
Finlandia, Botnia
dice que "desde la sala de control un grupo
de no más de ocho operarios monitorea a través de cámaras y
software especializado todo el funcionamiento de la planta".
En cuanto a la calidad de los presuntos empleos, como
uruguayos, como parte del Tercer Mundo no podemos
confundirnos y creer que vamos a disfrutar de las mismas
condiciones de los trabajadores de España o Finlandia Cabe
recordar que para justificar las bondades de la forestación
nos dijeron que dicha actividad iba a generar muchos puestos
de trabajo. Hemos comprobado, por un lado, que las
plantaciones ocupan menos trabajo por hectárea que la
ganadería extensiva y por otro que los trabajadores
forestales se encuentran entre los peor pagos y los que
sufren peores condiciones laborales. Además de dejar a los
trabajadores a la suerte de contratistas y subcontratistas,
la mayoría trabajan "en negro", es decir que no generan
derecho alguno por las labores desarrolladas. Es importante
señalar que ninguna de las dos empresas que intentan ahora
instalar plantas de celulosa constituyen una excepción a la
regla. La empresa Forestal Oriental –de propiedad de
Botnia– ni siquiera permite la sindicalización de sus
operarios. A su vez los de la empresa forestal Eufores
–propiedad de ENCE– han visto sus salarios reducidos
a la mitad y cuando intentan organizarse son presionados de
distintas maneras: se los transfiere de un lugar de trabajo
a otro o se les ofrece sumas importantes de dinero para que
se vayan.
-En este sentido usted ha citado experiencias de otros
países.
-Sí. Tenemos el ejemplo cercano de Chile, donde existe
una larga y triste historia en materia de plantaciones y
plantas de celulosa. Una investigación llevada a cabo por la
economista Consuelo Espinosa, investigadora de la Fundación
Terram de Chile, que se titula "Evaluación de los impactos
de la producción de celulosa", plantea que en esta industria
se ha evidenciado una continua capitalización, es decir, una
creciente sustitución del factor trabajo por capital. Esto
implica que por cada unidad adicional de producto elaborado
se utiliza cada vez menos mano de obra. Es decir que se
trata de una industria que genera cada vez menos empleo.
Por otra parte, en las regiones forestales –donde
están instaladas las plantas de celulosa y donde se
registran las mayores extensiones de plantaciones– se
concentran los mayores índices de pobreza del país. Y en
aquellas comunas que cuentan con plantas de celulosa entre
1994 y 1998 la tasa de pobreza (pobres e indigentes) aumentó
promedialmente en más de 29 por ciento.
La realidad chilena, con plantaciones forestales
parecidas a las de Uruguay y con modernas plantas de
celulosa conexas, muestra que estas plantas no sólo no
mejoran el empleo sino que generan niveles de pobreza e
indigencia superiores a los que se dan en áreas en que no
hay plantas industriales.
-Usted sostiene que las plantas desplazan puestos de
trabajo. ¿Podría explicar esta afirmación?
-Parece poco creíble sostener que una actividad como
la producción de celulosa, que resulta en malos olores,
contaminación hídrica, aérea y acústica no vaya a tener
impactos sobre otras fuentes de empleo, en particular
aquellas vinculadas al sector turístico. En este sentido es
importante recordar los impactos producidos por
ENCE en Pontevedra (España), así como que la planta
planeada por Botnia
en Uruguay es mucho mayor que cualquiera de
las que tiene en la propia Finlandia. Sumadas ambas tendrían
un impacto mucho mayor.
Un estudio reciente realizado en Fray Bentos por el
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU)
constató que entre julio de 2003 y el mismo mes de este año
el 15 por ciento de los encuestados trabajó en el sector
turístico (12 por ciento en el balneario Las Cañas). Estos
porcentajes implican un promedio de 1.275 personas, que para
una ciudad como Fray Bentos (con una población
económicamente activa de 8.500) es una cifra muy importante.
Resulta evidente que la sola existencia de malos olores –sin
contar la posible contaminación de las aguas del río
Uruguay– podría provocar una huída de turistas, con la
consiguiente pérdida de empleos. Al hablar de 600 empleos
que generarían las dos plantas juntas habría que tener en
cuenta que un número similar o superior podría perderse en
el sector turístico.
A lo anterior se suma que el radio de impacto de los
malos olores puede llegar a los 60 quilómetros (como en el
caso de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, afectada
por los olores de una planta de celulosa ubicada a 54
quilómetros de distancia) por lo que también se podrían ver
afectadas las recientemente creadas y promocionadas
estancias turísticas. Otra producción que podría verse
gravemente afectada es la apicultura. No parece causal que
entre las condiciones impuestas a
ENCE por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)
se encuentra la de proponer un seguimiento del impacto sobre
la producción apícola a través de la instalación de apiarios
(de al menos 25 colmenas cada uno instalados en una área
testigo, en la zona del punto de máximo impacto y dentro del
área de influencia) y de la posible presencia de
contaminantes en todos los productos de la colmena. Es decir
que la Dinama considera que las emanaciones de la planta
podrían ser peligrosas para las colmenas y la miel. Además
de los riesgos de mortandad de abejas, la producción
melífera correría riesgos en el mercado de exportación
europeo, que podría rechazarla por contener elementos
tóxicos provenientes de las plantas de celulosa. También
podría verse afectada la pesca (por mortandad y
contaminación de peces) y la agricultura orgánica. En
síntesis, la generación de los famosos 600 empleos podría
terminar en un balance netamente negativo en materia de
puestos de trabajo para la gente de la zona, agravado por el
hecho de que muchos de esos empleos –en particular los más
técnicos– serían ocupados por gente de fuera del
departamento e incluso fuera del país.
Carlos Caillabet
© Rel-UITA
24 de agosto de 2004