Uruguay

Con el técnico forestal Ricardo Carrere

“Las plantas de celulosa de las transnacionales no crearán empleo”

 

Coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el uruguayo Carrere es un activo y calificado técnico forestal. Hoy se opone a las plantas de celulosa que proyectan instalar las multinacionales ENCE y Botnia en las cercanías de la ciudad Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro.

 

 

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-¿Cuáles son las razones que lo hacen dudar de la promesa de crear puestos de trabajo por parte de estas multinacionales?

 

-La finlandesa Botnia y la española ENCE prometen la creación de 300 puestos de trabajo en cada planta. Considerado desde el punto de vista de la eficiencia observamos que entre las dos habrá una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares que resultará en la creación de tan sólo 600 puestos de trabajo. Es decir que para generar cada empleo se requerirían 2,5 millones de dólares.

 

Además, de acuerdo a información de Botnia se desprende que de los 300 puestos proyectados sólo habrá 8 para quienes tengan solamente instrucción primaria. En consecuencia, los más necesitados no serán quienes obtengan trabajo en esta empresa.

 

Por otro lado, ambas empresas se jactan de que con pocos operarios se realizan todas las tareas. Refiriéndose a la planta de última tecnología que tiene en Rauma, Finlandia, Botnia dice que "desde la sala de control un grupo de no más de ocho operarios monitorea a través de cámaras y software especializado todo el funcionamiento de la planta". En cuanto a la calidad de los presuntos empleos, como uruguayos, como parte del Tercer Mundo no podemos confundirnos y creer que vamos a disfrutar de las mismas condiciones de los trabajadores de España o Finlandia Cabe recordar que para justificar las bondades de la forestación nos dijeron que dicha actividad iba a generar muchos puestos de trabajo. Hemos comprobado, por un lado, que las plantaciones ocupan menos trabajo por hectárea que la ganadería extensiva y por otro que los trabajadores forestales se encuentran entre los peor pagos y los que sufren peores condiciones laborales. Además de dejar a los trabajadores a la suerte de contratistas y subcontratistas, la mayoría trabajan "en negro", es decir que no generan derecho alguno por las labores desarrolladas. Es importante señalar que ninguna de las dos empresas que intentan ahora instalar plantas de celulosa constituyen una excepción a la regla. La empresa Forestal Oriental –de propiedad de Botnia– ni siquiera permite la sindicalización de sus operarios. A su vez los de la empresa forestal Eufores –propiedad de ENCE– han visto sus salarios reducidos a la mitad y cuando intentan organizarse son presionados de distintas maneras: se los transfiere de un lugar de trabajo a otro o se les ofrece sumas importantes de dinero para que se vayan.

 

-En este sentido usted ha citado experiencias de otros países.

 

-Sí. Tenemos el ejemplo cercano de Chile, donde existe una larga y triste historia en materia de plantaciones y plantas de celulosa. Una investigación llevada a cabo por la economista Consuelo Espinosa, investigadora de la Fundación Terram de Chile, que se titula "Evaluación de los impactos de la producción de celulosa", plantea que en esta industria se ha evidenciado una continua capitalización, es decir, una creciente sustitución del factor trabajo por capital. Esto implica que por cada unidad adicional de producto elaborado se utiliza cada vez menos mano de obra. Es decir que se trata de una industria que genera cada vez menos empleo.

 

Por otra parte, en las regiones forestales –donde están instaladas las plantas de celulosa y donde se registran las mayores extensiones de plantaciones– se concentran los mayores índices de pobreza del país. Y en aquellas comunas que cuentan con plantas de celulosa entre 1994 y 1998 la tasa de pobreza (pobres e indigentes) aumentó promedialmente en más de 29 por ciento.

 

La realidad chilena, con plantaciones forestales parecidas a las de Uruguay y con modernas plantas de celulosa conexas, muestra que estas plantas no sólo no mejoran el empleo sino que generan niveles de pobreza e indigencia superiores a los que se dan en áreas en que no hay plantas industriales.

 

-Usted sostiene que las plantas desplazan puestos de trabajo. ¿Podría explicar esta afirmación?

 

-Parece poco creíble sostener que una actividad como la producción de celulosa, que resulta en malos olores, contaminación hídrica, aérea y acústica no vaya a tener impactos sobre otras fuentes de empleo, en particular aquellas vinculadas al sector turístico. En este sentido es importante recordar los impactos producidos por ENCE en Pontevedra (España), así como que la planta planeada por Botnia en Uruguay es mucho mayor que cualquiera de las que tiene en la propia Finlandia. Sumadas ambas tendrían un impacto mucho mayor.

 

Un estudio reciente realizado en Fray Bentos por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU) constató que entre julio de 2003 y el mismo mes de este año el 15 por ciento de los encuestados trabajó en el sector turístico (12 por ciento en el balneario Las Cañas). Estos porcentajes implican un promedio de 1.275 personas, que para una ciudad como Fray Bentos (con una población económicamente activa de 8.500) es una cifra muy importante. Resulta evidente que la sola existencia de malos olores –sin contar la posible contaminación de las aguas del río Uruguay– podría provocar una huída de turistas, con la consiguiente pérdida de empleos. Al hablar de 600 empleos que generarían las dos plantas juntas habría que tener en cuenta que un número similar o superior podría perderse en el sector turístico.

 

A lo anterior se suma que el radio de impacto de los malos olores puede llegar a los 60 quilómetros (como en el caso de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, afectada por los olores de una planta de celulosa ubicada a 54 quilómetros de distancia) por lo que también se podrían ver afectadas las recientemente creadas y promocionadas estancias turísticas. Otra producción que podría verse gravemente afectada es la apicultura. No parece causal que entre las condiciones impuestas a ENCE por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se encuentra la de proponer un seguimiento del impacto sobre la producción apícola a través de la instalación de apiarios (de al menos 25 colmenas cada uno instalados en una área testigo, en la zona del punto de máximo impacto y dentro del área de influencia) y de la posible presencia de contaminantes en todos los productos de la colmena. Es decir que la Dinama considera que las emanaciones de la planta podrían ser peligrosas para las colmenas y la miel. Además de los riesgos de mortandad de abejas, la producción melífera correría riesgos en el mercado de exportación europeo, que podría rechazarla por contener elementos tóxicos provenientes de las plantas de celulosa. También podría verse afectada la pesca (por mortandad y contaminación de peces) y la agricultura orgánica. En síntesis, la generación de los famosos 600 empleos podría terminar en un balance netamente negativo en materia de puestos de trabajo para la gente de la zona, agravado por el hecho de que muchos de esos empleos –en particular los más técnicos– serían ocupados por gente de fuera del departamento e incluso fuera del país.

 

 

Carlos Caillabet

© Rel-UITA

24 de agosto de 2004

 

 

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