Hace poco menos de un año, cuando asumía la
presidencia de Uruguay el socialista Tabaré Vázquez,
los analistas pronosticaban una larga luna de miel
política entre los dos países del Río de la Plata,
vistas las “afinidades ideológicas” entre Vázquez y
su par argentino Néstor Kirchner. Nadie hubiera
imaginado entonces que un conflicto medioambiental
provocara el más duro y prolongado enfrentamiento
diplomático entre ambas naciones en mucho tiempo.
La instalación de dos plantas de celulosa del lado uruguayo
de las márgenes del fronterizo río Uruguay fue el
motivo de la disputa. Los dos emprendimientos, a
cargo de la empresa española Ence y de la
finlandesa Botnia, fueron acordados por el
predecesor de Vázquez, el conservador Jorge Batlle,
pero comenzaron a concretarse bajo el actual
gobierno, que tras unos meses iniciales de duda se
decidió a impulsarlos con determinación.
El gobierno federal argentino, al igual que el provincial de
Entre Ríos, frente a cuyas costas se construirán las
plantas -y organizaciones ecologistas de ambos
países-, rechazan la concreción de los proyectos, al
estimar que contaminarán un río compartido,
afectando la fauna, la salud humana y la economía
del área.
Por su lado, Uruguay responde que las empresas se han
comprometido a minimizar los riesgos ambientales y a
respetar la normativa europea, las más avanzada en
la materia, y esgrime a su favor el informe de una
consultora contratada por una agencia del Banco
Mundial que descarta cualquier peligro grave de
contaminación de las aguas.
Buenos Aires acusa igualmente a Montevideo de no brindarle
información adecuada y oportunamente solicitada
sobre los proyectos y de boicotear reuniones de una
comisión binacional universitaria constituida para
evaluar los posibles efectos de los emprendimientos.
Uruguay niega ambas afirmaciones.
El conflicto fue en un in crescendo continuo de declaraciones
cruzadas, amenazas de retorsiones comerciales o
juicios internacionales y solicitud de intervención
de organismos multilaterales, suavizados por
momentos de negociación y de cierto “perfil bajo”,
hasta que hace apenas unos días volvió a
“calentarse”.
Tras anuncios reiterados de que procederían a acciones de
envergadura, vecinos de la ciudad entrerriana de
Gualeguaychú reunidos en una Asamblea Ciudadana
Ambiental cortaron a comienzos de este año, durante
varias horas un fin de semana, el puente que une a
esa localidad con la uruguaya de Fray Bentos. Lo
hicieron luego una segunda vez y lo reiterarán el
viernes 13, en esta ocasión, según dicen, “por
tiempo indeterminado, vista la escasa reacción de
las autoridades uruguayas”.
La medida ha afectado severamente la llegada a Uruguay de
turistas argentinos, en especial de clase media, que
utilizan ese puente para trasladarse a playas del
litoral oeste o de la costa atlántica oriental de
este país en plena temporada estival
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció por su lado
que denunciará penalmente ante la justicia de su
provincia a las empresas Ence y Botnia
por “tentativa de contaminación”, al tiempo que el
gobierno federal argentino continúa sin descartar
denunciar al estado uruguayo ante la Corte
Internacional de La Haya.
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La
tecnología libre de cloro elemental que
Botnia -el mayor de los
emprendimientos previstos- con una
producción futura estimada de un millón
de toneladas anuales de celulosa (el
doble que Ence), no es limpia: para
serlo debería estar totalmente privada
de cloro. |
El director de Asuntos Ambientales de la Cancillería
argentina, Raúl Estrada Oyuela, fue aun más lejos:
“Si no se puede negociar, vamos a tocar todo el
sistema financiero y el sistema comercial y a
preparar un amplio boicot a la producción de plantas
que contaminen”, dijo al semanario de su país
“Perfil”. “Vamos a ponernos en contacto con los
ambientalistas de Europa y les vamos a hacer notar a
los accionistas y a las entidades financieras las
responsabilidades patrimoniales que pueden
caberles”, agregó. Casi una declaración de guerra
comercial que luego autoridades argentinas de mayor
nivel relativizaron.
Una propuesta del gobierno de Kirchner de trasladar las dos
plantas algunos kilómetros más abajo, a un área del
territorio uruguayo aparentemente más “neutra” para
las costas argentinas, fue rechazada de plano por
Montevideo. “Es una idea incongruente, y además las
empresas ya llevan invertido mucho dinero en estos
emprendimientos”, adujeron esta semana en los
ministerios de Relaciones Exteriores y de
Industrias.
A decir verdad, salvo contadas excepciones, la dirigencia
política uruguaya, de derecha, centro o izquierda,
ha hecho causa común en este caso, defendiendo la
instalación de las plantas de celulosa en nombre del
“derecho a definir autónomamente las condiciones de
desarrollo del país sin intervenciones de terceros”,
tal como resumió un integrante del gobernante Frente
Amplio. Hubo incluso quienes, sobre todo en los
partidos de derecha, prefirieron un tono francamente
guerrerista y llegaron a evocar épicas batallas de
comienzos del siglo XIX.
Quienes han puesto más cordura y menos fervor nacionalista
han sido algunas organizaciones ambientalistas de
los dos países, que han optado por defender “otra
óptica del desarrollo” absolutamente separada de la
“razón de Estado”.
Julio César Villalonga, director político de la sede del
grupo ecologista internacional Greenpeace en
Argentina, encargado también de Uruguay y Paraguay,
elevó la semana pasada al gobierno uruguayo y lo
hará la próxima al argentino, un plan de gestión
limpia de la industria de la celulosa.
Según una crónica publicada el viernes 6 en el semanario
Brecha, Villalonga sostuvo que "la situación no debe
verse como una disputa binacional, ya que ambos
países comparten un problema común. Si no lo
enfrentan juntos, las dificultades de hoy se
reiterarán, porque a escala global hay una expansión
papelera, que busca nuevos territorios para
instalarse y tanto Uruguay como Argentina son
candidatos para la instalación de estas plantas”.
Ambos, señaló, "deberían acordar criterios comunes,
estándares claros sobre cómo desarrollar esta
industria”.
En Argentina, recordó, ya están en funcionamiento once
empresas de celulosa que se manejan con tecnologías
más atrasadas, y por ende más contaminantes, que las
que se proyectan en Uruguay, y el gobierno de ese
país debería comenzar a reconvertirlas hacia
procedimientos más “limpios”.
Villalonga rechazó la propuesta de la administración de
Kirchner de trasladar las plantas de Botnia y
Ence a otra zona del territorio uruguayo,
porque de esa manera “se estaría evitando problemas
a los argentinos pero los uruguayos se verían tan
afectados como se lo denuncia en la actualidad, es
decir que no se resolvería nada”.
En cuanto a las características de las plantas que
instalarían en Uruguay las firmas española y
finlandesa, Greenpeace estima que si bien es cierto
que se ceñirán a la normativa vigente hoy en Europa,
ésta no tiene por qué “brindar garantías de
limpieza”.
La tecnología libre de cloro elemental que Botnia, el
mayor de los emprendimientos previstos, con una
producción futura estimada de un millón de toneladas
anuales de celulosa (el doble que Ence), “no es
limpia: para serlo debería estar totalmente privada
de cloro”, agregó el dirigente.
De opinión similar en este punto son el grupo Guayubira y RAP-AL
de Uruguay. Esta última, en un comunicado difundido
el miércoles 4, critica muy duramente un informe
sobre el impacto acumulado de las dos plantas
efectuado por la consultora Pacific Consultants
International para la Corporación Financiera
Internacional (CFI, dependiente del Banco Mundial).
El informe en cuestión concluye que el sistema libre de cloro
elemental previsto para estas plantas “reduce a
niveles no detectables las emisiones de dioxinas y
furanos”, por lo cual no afectarían gravemente el
ambiente ni la salud animal o humana.
RAP-AL sostiene por su lado que las fuentes en que se basa la
consultora son tendenciosas: sólo cita tres
investigaciones, en las que además el nombre de un
especialista se repite, tratándose de un científico
vinculado a la Asociación Brasilera Técnica de
Celulosa y Papel.
Una de las investigaciones citadas por Pacific Consultants
fue además hecha en laboratorio. “Resulta totalmente
falto de seriedad basarse -como lo hacen- en algunos
análisis de laboratorio para afirmar que allí las
dioxinas y furanos no son detectables”, descartando
los muy considerables volúmenes de producción
manejados por Ence y Botnia, de 1,5
millones de toneladas anuales de celulosa
globalmente, indica la Red.
A su vez, la consultora que trabaja para la CFI no maneja
otros informes que sí han probado los altos niveles
de contaminación generados por la tecnología libre
de cloro elemental, por ejemplo en las propias
España y Finlandia, así como en Chile y Estados
Unidos. Y tampoco considera de recibo recordar que
en Chile una fábrica de celulosa en las que se
aplicaban sistemas de control de emisiones similares
a los previstos en Uruguay conoció “accidentes” que
determinaron su clausura reiterada por el gobierno
luego de haber provocado graves daños ambientales.
A
todo esto, otro conflicto ambiental se perfila entre
Argentina y Uruguay.
De acuerdo al senador del Frente Amplio Enrique Saravia, la
decisión del gobierno de Kirchner de reanudar la
generación nuclear de energía eléctrica en la
central de Atucha II, en la provincia de Buenos
Aires, cercana a las costas uruguayas, podría
“provocar un nuevo Chernobyl” en esta región del
mundo.
La planta, cuya construcción se frenó diez años atrás pero
sería retomada, con una inversión de casi 500
millones de dólares, en previsión de una eventual
crisis energética, utilizaría tecnología de los años
ochenta, dijo Saravia al diario “La República”, de
Montevideo.
“Podría llegar a producirse un accidente similar a la
catástrofe nuclear provocada en Rusia por la central
de Chernobyl, hace unos veinte años, y los uruguayos
nos veríamos muy seriamente afectados”, alertó el
legislador. Algunos en Montevideo ya habrían
sugerido que en caso de que Argentina decida
proseguir el proyecto se denuncie a ese país ante la
justicia por “tentativa de contaminación”...
Daniel Gatti
©
Rel-UITA
12
de enero de 2006
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Satelital: Google Earth
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