El incidente
diplomático entre ambos países tiene escasos
antecedentes en la larga historia de relaciones
bilaterales. La diplomacia uruguaya aparece crispada
ante la firmeza y constancia del reclamo argentino
de que se respeten los acuerdos y se le presente
toda la información referida a las plantas que se
están instalando en la margen oriental del río
Uruguay, fronterizo con Argentina.
Están todas las condiciones reunidas para que el apoyo al
establecimiento de plantas de celulosa en territorio
uruguayo sea el talón de Aquiles del primer gobierno
de izquierda de este país.
En primer lugar, porque se trata del desarrollo de un plan
estratégico elaborado y concretado desde fin de la
década de los 80 por la coalición de los dos
partidos tradicionales –Nacional y Colorado– que
comenzó con la aprobación de la Ley Forestal y el
rediseño del “mapa” nacional del uso de la tierra
–una suerte de reordenamiento territorial rural–,
estableciendo áreas de prioridades agrícolas y
forestales. Personajes y personeros de ambos
partidos tradicionales se vincularon rápidamente a
la actividad forestal entonces incipiente, sostenida
con importantes subsidios estatales.
El plan continuó diez años más tarde con la modificación en
1999 del régimen de propiedad de la tierra, cuya
titularidad dejó de ser exclusiva y obligatoriamente
nominal y se admitieron otras variantes jurídicas,
como las sociedades anónimas. Sobre este humus
crecieron las inversiones nacionales y extranjeras.
Entre las primeras, muchas provenientes de políticos
y sus familiares, en su casi totalidad vinculados a
los partidos Nacional y Colorado, quienes se
apresuraron a adquirir o arrendar tierras para
forestar con eucaliptus, o directamente se asociaron
con las –entonces– forestadoras extranjeras y que
hoy se revelan como empresas productoras de
celulosa. Algunos de los más influyentes políticos
del Partido Colorado, además, se anticiparon a
enclavar emprendimientos privados en el puerto de
Montevideo y de Nueva Palmira, en el litoral
uruguayo, y a respaldar la construcción de un puerto
privado frente al estatal, en la bahía de
Montevideo, con capitales provenientes de la secta
del señor Sun Myung Moon, más conocido como
“Reverendo Moon”, cuyo desembarco en Uruguay se
produjo durante el gobierno dictatorial (1973-1985)
con fuertes inversiones que hoy se expanden en la
hotelería cinco estrellas, casinos, prensa nacional
y continental, imprentas y miles de hectáreas en el
interior del país.
La primera transnacional que ingresó públicamente al
“negocio” forestal uruguayo fue la petrolera
holandesa Shell, que ya en los primeros años 90
había forestado varias decenas de miles de hectáreas
en el norte uruguayo. Luego llegaron las empresas
españolas, las chilenas y detrás de ellas las
suecas, finlandesas y de otros orígenes.
Cuando es más fácil ser oposición
En el Parlamento, mientras tanto, la izquierda se opuso
sistemáticamente al desarrollo de este megaproyecto
forestal, aduciendo con razón que se trataba de un
emprendimiento que instalaría en el país relaciones
de expoliación en diversos niveles, y que la tierra
y los escasos subsidios disponibles deberían usarse
en la promoción de actividades productivas y no
extractivas como lo es la forestación.
Quiere decir que este plan estratégico que establece pautas
de uso de la tierra, de la mano de obra rural, que
obliga al Estado a hacer fuertes inversiones en el
reacondicionamiento de las rutas y del transporte
ferroviario, que canalizó decenas de millones de
dólares en subsidios hacia “los ricos” plantadores,
que coloca a dos megaempresas extranjeras en la boca
de una futura hidrovía que, en los papeles de los
“estrategas” y aventureros del big bussines
internacional, sería la principal salida de la
producción agroindustrial de la región (soja, maíz,
celulosa, entre otras), este plan, pues, se orquestó
y comenzó a ejecutarse con la frontal oposición de
la izquierda que hoy gobierna el Uruguay.
Casi podría decirse que es un “regalo envenenado”, una “bomba
de tiempo” colocada en el centro de la mesa por el
sistema político saliente. Porque aquí nada estaba
oculto. Todo se fue haciendo a la vista y paciencia
del país entero, en virtud de las mayorías
automáticas que la coalición tradicional tenía en el
Parlamento, y gracias a la obsecuencia de
empresarios de prensa adictos al poder.
Se podrá comprender entonces el tamaño de la sorpresa cuando,
inclusive antes de conformar plenamente un elenco de
gobierno y obviamente de haber asumido funciones, el
presidente Tabaré Vázquez, antes que nadie y que
todos, antes de abrir un espacio de debate, de
reflexión, de información sobre lo actuado hasta ese
momento por los gobiernos anteriores, en una de sus
primeras comunicaciones públicas como presidente
electo extendió su respaldo “irrestricto” (véase lo
curiosamente enfático del término) a la instalación
de las plantas de celulosa española y finlandesa en
la ciudad de Fray Bentos.
Los sueños, sueños son
Fue la primera acción de una “cultura de gobierno” que había
venido creciendo en los últimos años dentro de la
izquierda, y que se podría resumir como una actitud
inescrupulosamente pragmática, tal vez tributaria de
la más conocida “disciplina partidaria” a la cual la
izquierda uruguaya, muy estructurada e
institucionalizada, siempre fue tan afecta. En este
caso el alineamiento se produjo detrás del miedo, el
miedo a no “parecer” un grupo “desmelenado”,
“radical”, “fundamentalista” ante “los mercados” y
las instituciones financieras internacionales. La
aceptación de estos emprendimientos por parte del
gobierno de Vázquez, posición liderada por el
ministro de Economía Danilo Astori y aceptada con
mayor o menor adhesión por los demás líderes
izquierdistas, constituyó uno de los pilares de la
credibilidad del país ante los organismos acreedores
y crediticios extranjeros. Las bases electorales
izquierdistas, a la imagen de sus diversas
organizaciones partidarias, albergan
mayoritariamente una sensibilidad ecológicamente
conservadora y se han mantenido al margen de los
fundamentos de los grandes debates que instaló el
sistema capitalista en la última década del siglo
pasado, referidos entre otros a las relaciones entre
la ética, la ecología, la economía, la autonomía
social, el desarrollo “sustentable”, o sea, que
tenga en cuenta a quienes aún no nacieron, que nada
más debería designar ese término tan baboseado. Por
tanto, poco le ha bastado a este gobierno para
conformar a la mayoría de una “opinión pública” que
en este tema aparece polarizada de manera desigual:
un enorme bloque favorable a la instalación de las
plantas de celulosa, integrado por personas de
izquierda y de derecha con una ideología común en
los aspectos ambientales, y un pequeño pero activo
sector opuesto a los emprendimientos con base en
concepciones ecologistas de diversos orígenes y con
expresiones muy matizadas, casi todas ellas muy
informadas y formadas. En el medio, pocos, demasiado
pocos, luchan por mantener una actitud “racional” o
“científica” entre la crispación y la desconfianza
ante el pensamiento exógeno, de viejo cuño
izquierdista en Uruguay, y la escasa y a veces
confusa información que circula sobre este tema.
Tarda, pero llega
La discusión no es sencilla. Nada lo es en términos
ambientales o ecológicos, una ciencia que por
naturaleza involucra, reclama, necesita de las otras
para poder expresarse en su completa profundidad. Y
lo más complicado reside en la percepción que tiene
cada uno, cada grupo, cada comunidad y cada
sociedad, de lo que es admisible como riesgo
potencial, como amenaza latente a su salud, a su
seguridad, a su bienestar, a su equilibrio psíquico,
a su paisaje, a su calidad de vida, a su identidad
cultural, a su inteligencia, a sus derechos humanos,
sociales, económicos y políticos, a la supervivencia
de sus descendientes, entre otros. El enfoque
ambiental sobre todas las cosas, como antes el de
género, comienza a abrirse paso lentamente en el
Uruguay y reclama su derecho a jugar en la cancha
grande; su admisión entre los demás “titulares”
incuestionables del equipo es inexorable, apenas una
cuestión de tiempo.
Con aquellos antecedentes y en esta perspectiva, la opción
del actual gobierno, y la modalidad con que la
adoptó, lo coloca en este tema en una posición desde
la que debe atender varios flancos de extrema
debilidad. Uno de ellos acaba de adquirir particular
resonancia y es la relación con uno de sus vecinos,
la República Argentina. Desde el pasado año, cuando
se conoció el “respaldo irrestricto” del nuevo
presidente uruguayo a las plantas de celulosa, nació
y creció un movimiento opositor en la ciudad de
Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre
Ríos ubicada al norte de Buenos Aires, sobre el
litoral del río Uruguay. Lo que empezó siendo una
campaña de protesta de pequeñas organizaciones y
agrupaciones de vecinos y ecologistas, fue
adquiriendo connotaciones masivas hasta que plasmó
un verdadero movimiento plural que rechaza la
instalación de las plantas de celulosa en la margen
uruguaya del río, argumentando que se trata de una
frontera binacional sobre la que rigen acuerdos y
tratados internacionales que obligan a ambos países
a consultarse mutuamente en casos de emprendimientos
de este tipo. Existe inclusive un organismo
bilateral, la Comisión Administradora del Río
Uruguay (CARU), que es el ámbito natural para el
análisis de este tipo de situaciones.
Una vez en funciones, el gobierno uruguayo,
sorprendentemente, extendió aquel “respaldo
irrestricto” de la primera hora a todo lo actuado
por gobiernos anteriores en esta materia. Un
comportamiento contradictorio con la política
general en ese aspecto, que consistió, en todos los
casos y ámbitos, en implementar auditorías oficiales
sobre las acciones que parecían opacas de la gestión
anterior. Y la autorización extendida a la papelera
finlandesa Botnia por el gobierno del Partido
Colorado apenas unos días antes de las elecciones
que, a cartas vistas, lo alejarían del gobierno,
constituyó, sin dudas, una decisión cimentada en
contradicciones, ocultamientos y fundadas sospechas.
La realidad es que el gobierno uruguayo subestimó el
tema; su propia ceguera, sus prejuicios y rigidez en
esta materia le impidieron calibrar correctamente
las potenciales derivaciones de un “respaldo
irrestricto” –e inconsulto– a aquel “regalo
envenenado” que ahora, como era previsible, le
explota en la cara.
En la otra orilla
Al movimiento de vecinos de Gualeguaychú, se sumó primero el
gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que ante la
inminencia de una campaña electoral en Argentina se
envolvió en la bandera ecologista, salpicándola, es
cierto, aquí y allá con dramáticos toques
patrioteros y hasta groseras imprecaciones. Un tono
nada extraordinario en el ámbito argentino, pero
completamente disonante en el marco de las
relaciones diplomáticas entre ambos países. El
propio presidente Néstor Kirchner y su gobierno se
sumaron poco después al coro que cuestiona la
instalación de las plantas señalando que sus
representantes en la CARU no han recibido la
información completa que debería haber presentado el
anterior gobierno uruguayo en un caso como este, y
en una reunión en Buenos Aires él y Vázquez
resolvieron crear una “Comisión de Alto Nivel” para
analizar el tema.
Pareció que las cosas se encauzaban, pero –y he aquí uno de
los elementos que casi nadie está valorando
correctamente en la prensa uruguaya– el gobierno de
Vázquez optó por la táctica del avestruz: enterrar
la cabeza en la arena y esperar los acontecimientos,
y para eso empezó a ralentizar sus gestos y actos en
los ámbitos binacionales. Mientras tanto, el tiempo
corre a favor de las plantas que avanzan en sus
trabajos de construcción fabril, esperando
seguramente el momento en el cual la presencia de
las papeleras fuese un hecho consumado,
irreversible. Otra subestimación, pero esta vez del
propio gobierno argentino que –más experto que el
uruguayo– reaccionó con virulencia solicitando al
Banco Mundial que suspendiera la entrega de un
crédito a la empresa Botnia, hasta tanto no se
efectúe un estudio de impacto ambiental confiable.
Vázquez respondió con más rigidez, menos
comunicación y nada de suerte, porque a pesar de sus
extralimitaciones verbales, el gobernador Busti
recibió en decidido apoyo del gobierno de Kirchner
que colocó el diferendo en el plano de la soberanía
nacional.
En este marco, las movilizaciones en Gualeguaychú continuaron
creciendo, la escalada verbal de Busti fue
aumentando, y lejos de aplacarse una vez pasadas las
elecciones –como vaticinaban desde el Canciller
uruguayo hasta “avezados” analistas–, la
confrontación recrudeció. El pasado fin de semana el
gobernador Busti acusó apenas veladamente de
corrupción al gobierno uruguayo, sugiriendo que “tal
vez” mediaron ciertos “incentivos” en su apoyo a la
construcción de las plantas.
La contaminación diplomática
La reacción fue instantánea: Vázquez llamó a su embajador en
Buenos Aires “por consultas”, y claro, Kirchner hizo
lo mismo con el suyo. Otra vez los gobiernos de
ambas orillas se mostraron los dientes, aunque en
realidad lo vienen haciendo por este tema desde hace
meses. Durante la Cumbre Iberoamericana en Salamanca
Vázquez le solicitó al presidente español Rodríguez
Zapatero que le recordara a Kirchner que una de las
plantas en litigio es española. Un “ablande”
demasiado frontal que, seguramente, permaneció en la
memoria del presidente argentino como un irritante
mosquito.
Con los embajadores arriados, el gobierno uruguayo no se
conformó con unas confusas explicaciones balbuceadas
por Busti quien intentó decir que no había dicho lo
que dijo. Se esperaba una reacción oficial del
gobierno argentino que, finalmente, llegó después
que bajó la primera espuma. El Canciller argentino
Bielsa, por su parte, difundió un comunicado en el
cual, además de felicitar al gobierno uruguayo por
cumplirse un año de haber triunfado en las
elecciones, y de señalar que no avala ninguna
acusación de corrupción en su contra, estableció en
términos firmes y hasta duros los límites de su
paciencia. Dice la declaración:
“El
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Argentina, ante la situación creada
por la interpretación dada por el gobierno de la
República Oriental del Uruguay a las
declaraciones formuladas por el señor gobernador
de la provincia de Entre Ríos, señala:
1)- Que reitera su firme decisión, en
cumplimiento de las precisas instrucciones dadas
por el señor Presidente de la Nación, de
continuar desarrollando dentro del estricto y
más amplio marco que le otorgan los acuerdos
bilaterales y el derecho internacional, todas
las acciones y recursos tendientes a garantizar
la mejor defensa de la calidad medioambiental
del río Uruguay, del territorio y de la
provincia de Entre Ríos.
2)- Que insta al gobierno de la República
Oriental de Uruguay a que debido a que no ha
dado oportuno cumplimiento a lo estipulado en el
Estatuto del Río Uruguay, acelere el suministro
de información y los trabajos que vienen
realizándose en el seno del Grupo de Alto Nivel,
constituido por decisión de ambos Presidentes,
como forma de instalar el proceso de negociación
bilateral, previsto en el citado Estatuto”.
“Para más claro echale cloro”, debería decir hoy el
refrán. El gobierno argentino no sólo no pide
“disculpas”, sino que denuncia la “pachorra” del
uruguayo para aportarle la información debida, y
advierte que no se chupa el dedo y no aceptará la
política del hecho consumado. La declaración separa
la paja y el trigo: nada tiene que ver el tono
zafado de un gobernador con las razones profundas y
reales del diferendo que fundamenta el
enfrentamiento, mientras el gobierno uruguayo –con
la colaboración de la mayor parte de los medios de
comunicación– hace un esfuerzo permanente por mirar
el árbol y no ver el bosque. El canciller uruguayo
Gargano declaró que “hubiese esperado algo más...”
Atrás quedaron las reacciones patrioteras y hasta
algo xenófobas y antiargentinas que se leyeron y
escucharon durante el lunes 31 en diarios radios y
televisoras orientales. A su vez, el gobierno
uruguayo también produjo una declaración oficial
acusando recibo de la argentina, pero incluyendo un
punto que ha pasado casi inadvertido en el que se
informa que se ha solicitado a los representantes
uruguayos en la CARU que le traigan al gobierno toda
la información de la que dispone con respecto a las
plantas de celulosa. Surgen varias interrogantes:
¿por qué esa solicitud? ¿Este gobierno no sabe qué
información tienen sus representantes en la CARU al
respecto? Si lo sabe, ¿por qué no la reproduce en
lugar de mandarla buscar? Si no lo sabe, ¿no lo
sabe? ¿Nunca lo supo? ¿La información de la CARU
provino íntegramente del gobierno anterior del
doctor Jorge Batlle, y por eso no la conoce este
gobierno? Y si no la conoce, ¿por qué viene haciendo
caso omiso del reclamo argentino desde hace meses?
¿A nadie se le había ocurrido hasta ahora averiguar
qué hay en la CARU?
Las
preguntas podrían continuar. Desgraciadamente, es
probable que nadie las conteste.
Soldaditos de celulosa
El
martes 1 el Parlamento uruguayo asistió a una
“interpelación positiva” de los ministros de
Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, y Medio
Ambiente, Mariano Arana. Más allá del resultado de
la votación final que dividió a los partidos por
nimiedades oportunistas, quedó claro que la
oposición, madre de este “borrego celulósico”,
respalda sin fisuras al gobierno en este tema. La
clase política borra sus fronteras, sus diferencias,
sus matices para erguirse como un solo cuerpo y
decir “Sí” a las plantas de celulosa. Y además,
suprema mezquindad, aprovecha la ocasión para
recordarle a Kirchner que su gobierno está
construyendo una segunda central nuclear a escasos
kilómetros del mismo río –y de la frontera uruguaya–
que dice querer proteger. Esta posición parece
ofrecer un bajo mercadeo, una suerte de regateo:
dame la planta de celulosa y te dejo la central
nuclear. Aunque, pequeño detalle, olvida que ese
peligroso, sí, y riesgoso, sí, emprendimiento está
ubicado dentro del territorio argentino, y no en la
frontera, al borde de un río compartido. Se podrá
criticar la opción energética, pero su emplazamiento
está fuera del alcance de una discusión seria.
Las
relaciones entre ambos países están lejos de haber
recobrado la normalidad. En su declaración el
gobierno argentino reclamaba también que las
empresas de celulosa detuvieran los trabajos de
construcción de sus plantas fabriles hasta tanto no
se alcance un entendimiento firme entre ambos
países, y las hizo responsables de las consecuencias
económicas que podría acarrear una negativa. El
gobierno uruguayo, por su parte, respondió que nada
de eso: los trabajos no se detendrán.
Se
anuncia que para no cruzarse con Kirchner, Vázquez
asistirá sólo a las reuniones “obligatorias” de la
Cumbre de las Américas que tiene lugar en la ciudad
argentina de Mar del Plata a partir de este viernes,
y evitará los encuentros sociales.
Lo
que empieza mal, termina mal. Y este caso pinta para
eso, porque se reunieron el miedo, la inexperiencia,
el cupulismo, una cierta soberbia característica en
la izquierda uruguaya, torpeza diplomática,
subestimación de un tema como la ecología y de la
profundidad y amplitud de las consecuencias
negativas que pueden provocar en el ambiente
–incluyendo en él al ser humano y todas sus
actividades– emprendimientos como los de las plantas
de ENCE y Botnia. Y este último aspecto es
difícilmente modificable en el corto plazo.
La
ninfa Tetis concibió un hijo con el mortal rey
Peleo, y lo llamaron Aquiles. Como su padre, el niño
era mortal. Tetis lo llevó a escondidas hasta la
laguna Estigia, la puerta del mundo de los muertos
custodiada por Cerbero, y tomando a su hijo de un
talón lo sumergió en el agua para hacerlo
invulnerable. Peleo, desconfiado y descreído de las
divinas habilidades y conocimientos de Tetis, la
siguió y la sorprendió, interrumpiendo la maniobra.
Sólo el talón de Aquiles permaneció vulnerable, pero
fue suficiente.
Carlos Amorín
©
Rel-UITA
4
de noviembre de 2005
