En un encuentro realizado el día 12 de diciembre, en Montevideo, organizaciones sociales y productores rurales discutieron acerca de la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural, el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua. Los participantes denunciaron los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo.

 

La declaración del encuentro hace un llamado a suspender la forestación y demanda al gobierno la solución del problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar. En el documento, reiteran el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano.

 

Además, manifiestan apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009. 

 

Según las organizaciones, la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. "Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural", señala la declaración.

 

Los participantes consideran que el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural: "Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural". 

 

Según la declaración, solamente tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Esas empresas no han cumplido las promesas del empleo.

 

"Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria", destacan.