El 17 de junio
de 2008, la Justicia Federal de la ciudad de
Eunápolis, Estado de Bahia, divulgó en el Diario
de la Justicia Federal de Bahia (Nº 42/pág. 60),
la sentencia de una Acción Civil Pública,
promovida por el Ministerio Público Federal en
1993 contra Veracel Celulose-
denominada en
ese momento Veracruz Florestal- y los órganos
ambientales del estado (CRA – Centro de Recursos
Ambientales) y federal (IBAMA – Instituto
Brasileño de Medio Ambiente).
La Justicia Federal brasileña condenó a Veracel a
restaurar, con vegetación nativa, todas sus
áreas comprendidas en las licencias de
plantación de eucaliptos que fueron emitidas
entre 1993 y 1996. Esto significa que un área de
96 mil hectáreas, cubierta por plantaciones de
eucalipto de la empresa, deberá ser reforestada
con árboles de la Mata Atlántica, uno de los
biomas más diversos del planeta y al mismo
tiempo más amenazados del mundo. La empresa
también fue condenada a pagar una multa de 12,5
millones de dólares por la deforestación de la
Mata Atlántica, con
tractores y máquinas unidas con cadenas,
ocurrida en los primeros años de su
funcionamiento (1991-1993). Veracel
anunció que apelará la decisión.
Veracel Celulose
es una joint venture de dos de las mayores
empresas del ramo del papel y la celulosa en el
mundo: la sueco-finlandesa Stora-Enso y
Aracruz Celulose, cada una titular del 50
por ciento de las acciones. Veracel posee
aproximadamente 205 mil hectáreas de tierras en
el Extremo Sur de Bahia, siendo cerca de 96 mil
hectáreas de monocultivo de eucalipto; su
fábrica de celulosa tiene una producción de
aproximadamente 900 mil toneladas, destinadas a
la exportación, perteneciendo la mitad de esa
producción a Aracruz y el resto a
Veracel.
Esta decisión de la justicia brasileña
puede ser clasificada como histórica por
diversos motivos:
La decisión hace justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental
del Extremo Sur de Bahia y de la Red Alerta
contra el Desierto Verde, que luchan desde hace
15 años para que Veracel Celulose
sea condenada por su participación en la
destrucción de la Mata Atlántica en la región,
comprobada por un video divulgado por
Greenpeace. El video llevó al entonces Ministro
de Medio Ambiente, Fernando Coutinho Jorge,
a impedir el emprendimiento, a pesar de las
tentativas de la empresa de negar y camuflar los
estragos ambientales cometidos. Al mismo tiempo,
se trata de una decisión inédita en el Brasil,
en el sentido de penalizar un delito ambiental
cometido por una gran empresa plantadora de
eucaliptos, recordando que otras empresas
también han cometido el mismo delito pero nunca
fueron condenadas.
La decisión hace justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental
y de la Red Alerta, que siempre alegaron que
empresas como Veracel fueron autorizadas
ilegalmente, sin seguir las reglas y criterios
para la elaboración de estudios e informe de
impacto ambiental (EIA/IIA). En 1994, tres años
luego de haber iniciado la plantación de
eucaliptos, la empresa encomendó, siendo
obligada por el Ministro de Medio Ambiente, una
EIA/IIA para las plantaciones y la construcción
de la fábrica de celulosa. Los documentos fueron
elaborados rápidamente por la empresa finlandesa
Jaakko Poyry (actual Poyry),
empresa que se benefició posteriormente con el
emprendimiento, con servicios de consultoría
prestados a la empresa. En ese momento, la EIA/IIA
sufrió severas críticas de auditores contratados
por el CRA y ONGs. A pesar de ello, el CRA
concedió las licencias necesarias para que la
empresa continuara la expansión de sus
plantaciones y la implantación de la fábrica.
Con esta decisión, por primera vez se dice basta al poder
político-financiero de empresas como Veracel
y de sus dueños, Aracruz y Stora-Enso.
Estas empresas se apropian del territorio si
tener límites, financian campañas de políticos
para todos los cargos e influencian al poder
público para obtener reglas, incentivos y
financiamientos para facilitar sus inversiones;
y contratan los mejores estudios jurídicos del
país para anular posibles perjuicios de acciones
en el área ambiental, social y laboral.
