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La protesta indígena ante la traición del gobierno
encabezado por Ricardo Martinelli Berrocal sigue
produciendo víctimas, asesinadas por las fuerzas
represivas.
Los
panameños vivimos gobernados por una dictadura
civil, un puñado de hombres y mujeres que escuchan
sin oír, imponiendo la fuerza sobre la razón. En
2011 estos gobernantes firmaron un acuerdo en San
Félix conteniendo un artículo que no solamente
prohibía la minería, también la construcción de
hidroeléctricas en la comarca Ngäbe Buglé.
Este
acuerdo fue vulnerado en la Asamblea de Diputados,
ya que durante la discusión sobre el proyecto de ley
–que supuestamente ya estaba consensuado entre las
partes-, se retiró el referido artículo. Esta
situación trajo como consecuencia el enojo de
nuestros aborígenes con justificada y sobrada razón.
Para
criminalizar la protesta de los indígenas y
justificar la represión el gobierno empezó a
fabricar supuestos secuestros. Llegó al extremo de
suspender de hecho las garantías constitucionales en
aquella región, y hasta cortaron el servicio de
telefonía móvil alegando que grupos de oposición y
de izquierda estaban detrás de las protesta.
El único
objetivo que buscaban con ese corte era evitar que
los indígenas pudieran comunicarse entre sí y
preparar la brutal agresión que oficialmente ha
tenido como consecuencia hasta el momento dos
muertos y decenas de heridos.
Estos
hechos pudieron haberse evitado, si estuviéramos
gobernados por personas que apelan a la sensatez, la
prudencia, y desde un principio se hubieran sentado
a dialogar con nuestros aborígenes.
Desde su
ascenso al poder el dictador Ricardo Martinelli
Berrocal ha mantenido un discurso altisonante,
de amenazas e intimidación ante todo aquel que no
comulga con su política de troglodita.
Entre sus
antecedentes como mandatario aparece la represión
salvaje de 2010 en Bocas del Toro (Changuinola), que
tuvo como resultado varios muertos, docenas de
heridos y lisiados para toda su vida. También la
tragedia en el Centro de Cumplimiento de Menores,
donde murieron cinco jóvenes por quemaduras e
inhalación de humo tóxico en presencia de miembros
de la Policía Nacional que permanecieron
indiferentes e incluso se burlaban de los
adolescentes mientras morían.
Ahora
ocurren estos nuevos hechos de represión: primero en
San Félix, durante los cuales perdió la vida un
indígena, y el pasado lunes 6 en Las Lomas, donde
trágicamente perdió la vida un menor de 16 años de
edad.
Señor
Ricardo Martinelli Berrocal: cuántos muertos más
desea llevar en su conciencia, solamente por la
avaricia de utilizar al Estado como un medio de
acumulación en perjuicio principalmente de los
sectores más vulnerables.
Un joven
fue asesinado en Las Lomas. La información local
contradice lo que están diciendo ahora en TV
nacional y en CNN. Los testigos afirman que los
policías se contradecían nerviosos porque uno decía
que el disparo asesino provino de una escopeta de
balas, y el otro que fue un disparo en defensa
propia con una escopeta de perdigones.
Vean… si
fuese explosión todo estaría quemado alrededor.
Pareciera una explosión local luego de la entrada
del proyectil.
Ustedes
saquen sus propias conclusiones.
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