Representantes
de los trabajadores rurales de todo el país y delegados de
la central única PIT-CNT, reunidos el sábado 5 en la ciudad
de Bella Unión, evaluaron los resultados del plan de
capacitación laboral aplicado durante 2003 y decidieron una
serie de propuestas a presentar al gobierno de izquierda que
asumirá en marzo en Montevideo.
El programa de capacitación laboral evaluado fue producto de
un acuerdo entre el Movimiento de Erradicación de la
Vivienda Insalubre Rural y la Dirección Nacional de Empleo,
y fue financiado por el Fondo de Reconversión Laboral que
administra la Junta Nacional de Empleo (JUNAE).
Según los delegados del PIT-CNT a la JUNAE este programa
prevé mejorar la distribución social del conocimiento, con
el fin de contribuir a la integración social. De manera
general, apunta a definir una política de empleo rural que
identifique, fortalezca y regule la oferta a partir de la
demanda laboral.
La capacitación está destinada a los trabajadores rurales y a
personas de bajos recursos y con dificultosa inserción en el
mercado de trabajo. Organizaciones, instituciones y
personalidades locales participaron en la elaboración de
acciones, diferenciadas según las regiones.
Los cursos y talleres fueron los medios para brindar la
capacitación solicitada por los grupos de trabajadores
participantes. Durante 2003 se instruyó a 1.520 personas
afincadas en pequeñas localidades del interior del país en
rubros productivos diferentes. Los de mayor asistencia
fueron los que trataron sobre horticultura y apicultura. Si
bien el programa contempla la instrucción hasta los 70 años
de edad la mayoría de los participantes se ubica en una
franja que va de los 15 a los 35 años.
Tanto los participantes como los asistentes sociales Jorge
Bertullo y Eduardo Arcaus, integrantes del equipo técnico
que llevó adelante el plan de capacitación, evaluaron como
positivo este proceso. De todas maneras, destacaron algunas
dificultades con las que tropezaron a lo largo del programa.
Bertullo señaló, por ejemplo, la sorpresa que constituyó
para todos toparse, en un país con analfabetismo casi nulo,
con analfabetos puros, es decir que nunca recibieron ningún
tipo de instrucción. Un segundo obstáculo fue el alto grado
de supeditación de los trabajadores a los profesionales,
como ser ingenieros agrónomos, que trasmitieron información
técnica pero de manera tal que acotaban los márgenes de
crecimiento educativo integral de los trabajadores.
También notaron cierta resistencia cultural, sobre todo de
parte de peones viejos que sostienen “saber lo necesario”
para desarrollar sus tareas y que consideran inútil otro
tipo de instrucción. Finalmente, destacó Bertullo,
apoyándose en investigaciones oficiales, que la movilidad de
los asalariados en busca de trabajo actúa en contra de la
concurrencia a las escuelas. Refiriéndose a los analfabetos
puros con que se encontraron, Arnaus recalcó que tenían
entre 15 y 20 años de edad. Se trata de muchachos que
quedaron marginados del sistema escolar como consecuencia de
la crisis económica, que llevó a sus padres al desempleo,
provocó la desaparición de poblados rurales y el cierre de
escuelas. Si a eso se suma el recorte de las frecuencias del
transporte y que el gobierno generalizó el pago de peajes en
las rutas a quienes debían trasladarse hacia otra localidad
para asistir a la escuela se les hizo prácticamente
imposible. “Hay lugares del interior donde el ómnibus
pasa una sola vez por semana”, señaló Bertullo.
Con respecto al posicionamiento de los asalariados rurales
ante el futuro gobierno progresista existió unanimidad en
crear instancias de diálogo bipartitas, mantener la
independencia sindical ante el poder político y trabajar en
el desarrollo de formas organizativas participativas y
representativas.
Como postulados a llevar adelante a través del PITCNT
acordaron los siguientes:
1) Mejora
sustancial y progresiva del salario del trabajador rural y
reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas.
2)
Eliminación
de contratistas y sub contratistas y trato directo con los
patrones.
3)
Inspecciones sorpresivas y a fondo –con participación de los
trabajadores– por parte del Ministerio de Trabajo.
4)
Equiparar
el seguro de paro pagado al trabajador rural con el de la
industria y el comercio.
5)
Analizar el
impacto de los agrotóxicos sobre el medio ambiente.
6)
Asistencia
médica al trabajador rural y a su familia.
7)
A partir de
la ley que crea el Instituto Nacional de Colonización
vertebrar una reforma agraria con asistencia financiera y
técnica que apunte a descentralizar la producción.
8)
Reformular
el Estatuto del Trabajador Rural.
9)
Negociaciones colectivas.
10)
Cumplimiento de los convenios firmados con la OIT.
11)
Libertad
sindical y afiliación sindical por ley.
12)
Presencia
de delegados de los trabajadores rurales en las
negociaciones con el gobierno.
13)
Cumplimiento del Convenio 184 de Seguridad Laboral en la
Agricultura.
Los delegados de los sindicatos de asalariados rurales
otorgaron un particular destaque al punto 12, ya que implica
una participación directa de ellos mismos en las instancias
de diálogo. Muy a menudo se han visto excluidos de las
mismas por razones de distancia geográfica. Las
conversaciones con las autoridades políticas debieron
entonces ser llevadas a cabo por obreros de la ciudad, que a
juicio de los rurales no conocen la problemática de la
campaña.
Carlos
Caillabet
© Rel-UITA
15 de diciembre de 2004
