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Junto con la protección contra las importaciones
estadounidenses los productores mexicanos de maíz pierden su
base de sustento, y se pone en duda la seguridad y soberanía
alimentaria del país.
Los
maiceros son los perdedores netos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Más de 3
millones de productores de maíz, 85 por ciento de ellos
campesinos, con parcelas menores de cinco hectáreas y
rendimientos promedio de entre 2,5 y 5,6 toneladas por
hectárea, son los responsables de la seguridad alimentaria
de la población. A partir del pasado primero de enero se
encuentran en el mercado abierto y deberán competir sin
ninguna protección con los productores de maíz de Estados
Unidos, con parcelas de 270 hectáreas y rendimientos de
entre 8,6 y 10 toneladas por cada una en promedio, además de
ventajas de clima, tecnología intensiva en capital y
agroquímicos y mayores subsidios estatales.
En el
TLCAN, el gobierno negoció una protección a los maiceros
mexicanos a través de aranceles-cuota por un plazo de
desgravación de 15 años. El tratado definió una cuota que se
importa sin arancel, pero cualquier volumen por arriba de
ella pagaría porcentajes altos de impuestos (215 por ciento
al inicio).
Sin
embargo, en 1996 el gobierno de Ernesto Zedillo
decidió de manera unilateral casi triplicar la cuota de
importación y no cobrar ningún arancel. A partir de
entonces, los sucesivos gobiernos priístas y panistas han
permitido la entrada de maíz por arriba de la cuota sin
pagar gravámenes. Entre 1994 y 2007 se importaron 44.5
millones de toneladas del grano por arriba de la cuota, y no
pagaron 4 mil 500 millones de dólares de aranceles, que
fueron a parar a los bolsillos de los importadores.
En 2001
(año para el que hay datos), entre las 189 empresas
importadoras de maíz se encontraban las trasnacionales
Cargill, Maseca, Minsa, Arancia, Corn Products
International,
Purina,
Archer Daniels
Midland,
Tyson, Pilgrim’s
Pride y Bachoco, que absorbieron en conjunto cerca de la mitad de las
compras al extranjero.
La
trasnacionalización del mercado agroalimentario es uno de
los principales efectos del tratado. En 1998 el gobierno
eliminó la CONASUPO1
y dejó el mercado interno a cargo de las trasnacionales, que
operan como cárteles.
Cargill
está vinculada a
Monsanto
y a Purina;
Maseca
está ligada a ADM,
ALMEX y Wal-Mart; Minsa opera con Corn
Products
International
y Arancia.
Estas
empresas, además de estar entre las principales importadoras
de maíz a México, son las mayores compradoras de las
cosechas a los productores y están entre las más importantes
industrializadoras, comercializadoras y distribuidoras de
maíz. Son las beneficiadas de la liberalización de la
agricultura.
Mientras
entre 1993 y enero de 2007 los precios a los productores de
maíz se redujeron en 51 por ciento en términos reales, los
costos de la tortilla a los consumidores aumentaron 126 por
ciento.
Los
funcionarios del gobierno declararon que los maiceros no
tendrán problemas por la apertura total del mercado a partir
de este año. Es un hecho que el gobierno les anticipó desde
1996 los problemas de la apertura, pero sí hay
implicaciones.
La primera
es que los aranceles no existen más; así, en el hipotético
caso de que el gobierno quisiera cobrarlos, no podría. Dos,
no es posible establecer medidas de emergencia o
salvaguardas, ya que sólo operan durante el periodo de
tránsito. Tres, el Comité de Cupos, que de manera tibia
intentó condicionar la asignación de cupos a la compra de
ciertos volúmenes de la cosecha nacional, no tiene ya más
razón de existir. Cuatro, no habrá restricciones a la
importación de maíz blanco. Cinco, el mercado está abierto
para las importaciones y las exportaciones.
Para
fortuna del gobierno, la apertura total llega en un momento
de precios internacionales del maíz altos, debido al aumento
de su demanda para la fabricación de etanol. Pero en esta
coyuntura, como ocurrió en 2007, es posible que los precios
del alimento en el mercado doméstico aumenten por acciones
especulativas de las corporaciones que lo controlan e
impacten a la mayoría de la población consumidora.
Las
comercializadoras pueden secar el mercado del grano, al
exportar el maíz blanco mexicano para cubrir la demanda de
otros países. También es posible que se inicie en México
la operación de plantas de etanol a partir de maíz que, a
pesar de no ser rentables ni eficientes, compitan por su uso
como alimento humano. En un contexto de importaciones
escasas, el aumento de la demanda del grano para alimentar
el ganado competirá con la demanda para consumo humano. La
crisis de la tortilla, a inicios de 2007, fue un ejemplo
contundente de los efectos del control monopólico de los
mercados de productos básicos por las trasnacionales en el
libre mercado.
Esta
coyuntura de precios altos en el mercado internacional puede
durar los próximos años, hasta que Estados Unidos
desarrolle la tecnología para producir etanol a partir de
una materia prima con mayor eficiencia. En ese momento, las
cotizaciones volverán a desplomarse y las importaciones de
maíz subsidiado inundarán el mercado y llevarán a los
productores mexicanos a la ruina.
Antes del
auge del etanol de maíz, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos había pronosticado que gracias a los
subsidios podían comercializar el grano en 842 pesos (77,5
dólares) la tonelada, por lo que alentaba a los campesinos
maiceros de México a cambiar de sector y abandonar la
agricultura. Mientras Estados Unidos apresura su
muro, el gobierno mexicano sueña con campos de golf.
La
Jornada, México
30 de
enero de 2008
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