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En
el marco del desacreditado Acuerdo de Tegucigalpa-San José,
el próximo 25 de febrero se instalará la Comisión de la
Verdad, para supuestamente investigar los hechos acaecidos
durante el golpe de Estado y dar así por “concluida” esa
triste etapa de la historia de Honduras. El Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP) y las diferentes
organizaciones de derechos humanos rechazan tajantemente la
que consideran la última pieza de una pantomima, orquestada
para aparentar que Honduras ha vuelto a la normalidad. Así
mismo denuncian los secuestros, torturas, asesinatos contra
miembros de la Resistencia y los desalojos violentos contra
los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán
(MUCA), quienes siguen defendiendo sus tierras usurpadas por
empresarios golpistas.
La
región del bajo Aguán, en el departamento norteño del
Atlántico hondureño, ha sido nuevamente escenario de
violentos desalojos que han dejado un saldo de varios
heridos.
El
MUCA ha denunciado que el pasado 12 y 14 de febrero,
cuerpos armados del Ejército y de la Policía, con el apoyo
de guardias de seguridad contratados por el empresario
palmero Miguel Facussé, atacaron a grupos de
campesinos que a partir del 9 de diciembre 2009 iniciaron un
proceso de recuperación de tierras.
Según
esta organización, las tierras fueron usurpadas por los
empresarios Miguel Facussé, René Morales y
Reynaldo Canales, quienes aprovechando el golpe de
Estado, paralizaron el proceso de negociación iniciado bajo
la presidencia de
Manuel Zelaya.
“Los
campesinos del MUCA están siendo constantemente
amenazados de muerte y han sido objeto de varios desalojos
violentos por parte del Ejército, la Policía nacional
preventiva y guardias de seguridad (paramilitares),
conformados fundamentalmente por reservistas del ejército
bajo el mando de dos Coroneles de la zona”, denunció a
Sirel el vocero del MUCA, Wilfredo Paz.
El 12 de
febrero, los miembros del MUCA que se encontraban en
las tierras recuperadas en la comunidad de La Concepción,
municipio de Tocoa, en el Departamento de Colón, fueron
atacados con armas de fuego y hubo varios heridos, entre
ellos Margarito
Peralta,
quien se encuentra muy grave en el hospital.
“Estábamos en la finca cuando llegó una patrulla de la
Policía y tres carros con los guardias de seguridad de
Miguel Facussé,
todos con pasamontañas –relató
Juan Ramón Chinchilla,
uno de los miembros del MUCA quien sufrió el intento
de desalojo–.
Comenzaron a amenazarnos, diciéndonos que nos iban a
capturar y a matar. Después de media hora llegó otra
patrulla con elementos de la Policía Preventiva y de las
Fuerzas Armadas y comenzaron a dispararnos.
Empezó
un fuerte tiroteo donde hubo varios heridos de ambos lados y
mientras huíamos nos seguían disparando. Estamos viviendo en
un clima de terror –continuó Chinchilla– y la
comunidad entera se siente constantemente amenazada por la
continua presencia militar y por los helicópteros que
sobrevuelan la zona, bajitos, casi pegados a la matas de
palma”, concluyó.
Más desalojos
El día
14 de febrero, cuerpos paramilitares, juntos con efectivos
de la Policía y del Ejército, atacaron a miembros del
MUCA en la cooperativa Aurora, en la margen derecha del
Río Aguán.
“Los
guardias de seguridad llegaron disfrazados con uniformes
militares y comenzaron a disparar. En ese caso también hubo
varios heridos y se habla de dos muertos –explicó
Wilfredo Paz–.
Los
campesinos del MUCA no atacan a nadie, solo quieren
recuperar las tierras que les fueron usurpadas, sin embargo
si las fuerzas represivas y los paramilitares llegan
disparando, tienen que defenderse.
En este
sentido –continuó el vocero del MUCA– es importante
denunciar que ya ha comenzado una campaña para desacreditar
a nuestro movimiento, señalando que en estas tierras hay
guerrilleros, lo cual es totalmente falso. Solamente hay
campesinos defendiendo sus tierras”.
Según
denunció el MUCA, el Ejército y la Policía estarían
preparando una ofensiva con más de 500 efectivos para
realizar “un peinado de la zona”, lo cual equivaldría a una
verdadera masacre.
“No
respetan a nadie y no les importa si hay mujeres, ancianos y
niños. Cuando llegan disparan a matar. Pedimos –concluyó
Paz– a las organizaciones de derechos humanos nacionales
e internacionales que se desplacen hacia la zona del Bajo
Aguán, porque las próximas horas van a ser cruciales.
Pedimos
también a la comunidad internacional y a organizaciones
solidarias que denuncien lo que está ocurriendo, y que
presionen para que se reactiven las negociaciones, porque en
estas zonas la vida no vale nada, los derechos humanos no
valen nada. Lo único que vale es el interés y el dinero de
los empresarios”.
El MUCA denunció también
que hay aproximadamente 300 órdenes de captura en contra de
sus miembros.
La nueva era del presidente
“Pepe” Lobo
Los
hechos ocurridos en el Bajo Aguán son parte de una
estrategia represiva más amplia, que ya no parece interesar
a buena parte de la comunidad internacional, ya proyectada
hacia la normalización de sus relaciones comerciales con
Honduras.
El 15 de
febrero fue asesinado
Julio Funes Benitez,
miembro
activo del FNRP y del Sindicato de Trabajadores del
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAAYS).
Dos
sicarios que conducían una motocicleta le dispararon tres
balazos.
El 12 de
febrero,
Hermes Reyes,
representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ)
ante el
FNRP,
fue insultado, agredido y herido por desconocidos.
El 11 de
febrero, desconocidos asaltaron la casa del vicepresidente
del STIBYS,
Porfirio Ponce,
llevándose una computadora que contenía valiosas
informaciones sobre el Sindicato y la Resistencia.
El fin
de semana recién pasado, estos tres activistas de la
Resistencia habían participado a la asamblea del FNRP
en Siguatepeque, donde se está llevando a cabo un proceso de
discusión y fortalecimiento de la Resistencia de cara
a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
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