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Inmediatamente después de que se levantara el paro tras la firma de un acuerdo
con el Sindicato Nacional de Trabajadores en la Industria Agropecuaria
(SINTRAINAGRO), los empresarios palmeros ni siquiera se volvieron para reírse en
la cara del Ministerio de Trabajo y del Sindicato. La respuesta no tardó: la
huelga recomienza en toda la región palmera del Magdalena Medio.
Luego de 103 días de paro y huelga en la zona palmera del Magdalena Medio, con
epicentro en Puerto Wilches, el 7 de noviembre de 2011, SINTRAINAGRO y
los trabajadores tercerizados, con la intermediación del Ministerio de la
Protección Social, que aún existía, firmaron un acuerdo para el levantamiento
del paro.
El acuerdo consistió en postergar por parte de SINTRAINAGRO la
negociación del Pliego en la empresa Bucarelia, el inicio de una
investigación a fondo sobre los sistemas de contratación laboral tercerizada
cuyos resultados se presentarían en 15 días, procediendo luego a la modificación
de los contratos temporales por contratos directos e indefinidos, aplicar las
sanciones legales a que hubiera lugar y la renuncia por parte de empresarios a
cualquier forma de represión laboral o sindical de forma individual o colectiva
por la conducción o participación en el paro.
La conducta posterior a este acuerdo de los empresarios palmeros agremiados en
Fedepalma deja en evidencia que le montaron una celada a SINTRAINAGRO y a los
tercerizados, asesorados por al CUT, para detener un paro que inmovilizó 83 mil
hectáreas de cultivo y siete extractoras de aceite, que tuvo la presencia activa
de más de 3.600 trabajadores y que recibió el apoyo solidario de la población.
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La conducta posterior a este acuerdo de los empresarios palmeros
agremiados en Fedepalma, deja en evidencia que le montaron una
celada a SINTRAINAGRO y a los tercerizados asesorados por al CUT |
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En verdad, el paro conducía a una contundente victoria que instalaría de forma
definitiva la contratación directa y la aplicación plena de los derechos de
asociación y negociación colectiva.
De buena fe, tercerizados y sindicalizados perdieron el Norte en las
perspectivas que ofrecía el paro y cayeron en un acuerdo cuya fórmula para
levantar la huelga fue propuesta el mismo día que se instaló la negociación con
SINTRAINAGRO en Bucarelia e, insólitamente, aceptada 103 días
después.
Una vez levantado el paro, y de forma totalmente cínica, los empresarios
palmeros no solo se han negado al cambio de la modalidad en la contratación sino
que, además, han hecho caso omiso a la decisión del Ministerio del Trabajo de
sancionarlos con una multa inicial de más de 6 millones de dólares, al constatar
la veracidad en las denuncias del sindicato y la población tercerizada.
Ahora los palmeros trasladan el debate a los estrados judiciales, manifestando
que irán incluso hasta la casación en la Corte Suprema de Justicia, lo que
implica un largo camino en los tribunales que algunos calculan en ocho años de
proceso.
Mientras tanto, no estarán obligados a pagar la multa del Ministerio del Trabajo
ni a atender sus requerimientos. Como si esto fuese poco, Bucarelia
denunció a SINTRAINAGRO por supuesta huelga y paro ilegal.
Es la clásica política de cinismo y de menosprecio por los derechos económicos
sociales y sindicales de los trabajadores, similar a la que se enfrenta en el
sector de la floricultura.
Los trabajadores palmeros, consecuentes con su propia dignidad y conscientes del
derecho que les asiste a confrontar semejante ignominia, decidieron en Puerto
Wilches y San Alberto declararse nuevamente en paro general,
y se trabaja intensamente para replicarlo a toda la zona del Magdalena Medio y
los Departamentos del Cesar y Magdalena.
El movimiento sindical nacional e internacional, así como los organismos de
derechos humanos, deben rodear sin ambages esta nueva acción colectiva de paro
laboral, por la dignidad en el trabajo y la real aplicación de la legislación
nacional e internacional que protege y garantiza los derechos laborales,
económicos y sindicales de los trabajadores y sus familias en el sector de la
palma.
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