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Contra viento y
marea, en medio de innumerables críticas e
irregularidades, el gobierno aprobó hasta el 27
de octubre, 22 siembras experimentales de maíz
transgénico a favor de las trasnacionales
Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer Hi Bred
(esta última,
propiedad de DuPont).
Estas tres empresas acaparan cerca de 40 por ciento del
mercado global de semillas en general y más de
90 por ciento del mercado global de semillas
transgénicas.
Su avance en
México en algo tan central como el maíz
significa entregarles en bandeja las raíces, la
historia y la soberanía alimentaria del país.
Esos
experimentos cubrirían en total unos 120 mil
metros cuadrados
–área suficiente para provocar una debacle de
contaminación transgénica en el maíz campesino y
nativo de México– distribuidos en los
estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y
Chihuahua. Otras solicitudes de las
trasnacionales que están en proceso, pretenden
permisos para liberación en Jalisco, Cohauila y
Durango, y van por más. Es ignominiosa (y
fuertemente criticada incluso por muchos de sus
propios investigadores, a los cuales se ha
ignorado) la colaboración que reciben estas
trasnacionales de organismos públicos como el
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
que les brindan sus centros para experimentar.
Además es paradójica, ya que el avance de las
trasnacionales en el mercado semillero, apunta
justamente a que instituciones públicas como el
INIFAP desaparezcan. A algunos miembros
de esta institución les parece mejor servirles
desde ya, mal usando recursos y patrimonio
públicos, quizá para ver si con el avance de la
privatización les caen algunas migajas por el
favor.
Ante esta situación, han habido múltiples respuestas y más
vienen en camino. En Chihuahua, organizaciones
campesinas, indígenas y ambientalistas
anunciaron que no permitirán las siembras aún si
para ello tuvieran que destruir las parcelas
experimentales. En otros lugares han habido
bloqueos y protestas locales. En muchas partes
se discuten y planean acciones.
Greenpeace (además de otras acciones, como colgar una gran
pancarta en el Ángel de la Independencia con el
texto Maíz transgénico-fin de la independencia)
hizo una revisión exhaustiva de la legalidad de
estas decisiones y presentó un recurso de
revisión, demandando su anulación. En los
documentos presentados, muestran cómo las
instancias de gobierno violan varias leyes,
incluyendo la de bioseguridad. Por ejemplo, no
indican las fechas en que fueron otorgados los
permisos, ni quiénes fueron los responsables de
otorgarlos (en ambos casos, seguramente porque
saben que es un crimen de lesa humanidad y
pretenden ocultarse en la generalidad de las
instituciones), tampoco dan la identificación
precisa de los agricultores cooperantes en cuyos
terrenos se realizarán las siembras; la
ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso
falsa, y las coordenadas geográficas no
coinciden con los predios presentados en las
solicitudes de las empresas.
El gobierno está
obligado por ley a entregar todos estos datos al
público, pero temen las consecuencias que les
traería darlos a conocer.
Más grave
aún, en ningún lugar detallan nada menos que la
finalidad de tales actividades ni las
medidas de bioseguridad, control y emergencia
que se aplicarían. Al parecer, hasta los propios funcionarios saben que el
experimento no tiene sentido en sí mismo –es
apenas una formalidad– y que las medidas de
bioseguridad son una farsa vergonzosa, que no
podrán garantizar que no haya contaminación del
maíz nativo, producto de 10 mil años de culturas
y trabajo colectivo. Es increíble que tamañas
decisiones hayan sido anunciadas al público a
través de escuetos boletines de prensa, donde
los funcionarios esbozan generalidades como que
cumplieron con la ley y que habrá bioseguridad.
Documentos que comprueben tales afirmaciones:
ninguno.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS,
www.unionccs.net)
reunió más de
700 firmas de apoyo de reconocidos científicos
nacionales e internacionales para un
extrañamiento que dirigen a Felipe Calderón
contra la liberación del maíz transgénico en
México. Al contrario de los funcionarios gubernamentales,
presentan numerosos documentos, detallados y
argumentados, que señalan debido a los enormes
riesgos en que se coloca al maíz en su centro de
origen y diversidad –que indican es todo el
territorio nacional– y a que existe amplia
evidencia que demuestra que hay alternativas
estables que pueden generar, e incluso superar,
los beneficios que se pretende obtener con el
maíz transgénico sin que impliquen los riesgos
de esta tecnología, concluyen que todas las
siembras experimentales de maíz transgénico
deben prohibirse, hasta que se resuelvan
satisfactoriamente, desde el punto de vista
científico y socioeconómico las inquietudes que
han planteado.
La Red en Defensa del Maíz convoca a un Foro nacional en
defensa de los pueblos del maíz y contra el maíz
transgénico, en Guadalajara el 21 de noviembre.
El foro será en Jalisco, con la intención de
estrechar los lazos y actividades conjuntas de
organizaciones y comunidades de todo el país con
las que están directamente en los estados donde
se han autorizado las siembras. Sigue aquí y en
muchas otras partes, organizándose la
resistencia. No pasará impunemente la venta del
patrimonio genético del país.
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