Hace algunas semanas el gobierno anunció su intención de aprobar el proyecto de ley que amplía los “Derechos de los Desarrolladores de Nuevas Variedades Vegetales”, y que, según organizaciones de agricultores y medioambientalistas, afectará negativamente tanto a pequeños agricultores y como a la biodiversidad. Estas organizaciones lo han calificado como “una encubierta privatización de las semillas”.

 

La nueva ley, de ser aprobada, derogará la actual ley 19.342. El proyecto ya se encuentra en primer trámite en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y es muy probable que se apruebe tras el lobby que han montado las empresas que controlan el mercado chileno de semillas.

 

Hecha la ley, se harán las trampas

 

Según quienes lo promueven, el proyecto adecuará la legislación chilena al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991), y definirá como “obtentor” a quien -persona natural o jurídica- haya “creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal nueva, distinta, homogénea y estable”. De aprobarse la normativa, los derechos del obtentor regirían por 25 años para los árboles y vides, y por 20 años para otras especies, y deberán ser inscritos en el “Registro de Variedades Vegetales Protegidas”, que se creará especialmente para el caso.

 

Entre los “derechos” que establecerá la nueva ley están los de “preparar el material para los fines de propagación, producir material de propagación, vender, ofertar o publicitar dicho material, comercializarlo, importarlo o exportarlo, y emplear repetidamente la variedad para la producción comercial de otra variedad”.

 

Según la investigadora y periodista Daniela Estrada, “el gobierno asegura que los cambios introducidos impulsarán la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales, con lo que se mejorará la productividad de este país sudamericano que aspira a convertirse en potencia agroalimentaria y forestal. También ayudarán a atraer inversión extranjera directa. Las organizaciones replican que el proyecto está hecho a la medida de las empresas semilleras transnacionales, que responde a las exigencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y que se ha discutido entre cuatro paredes”.

 

El país servido en bandeja de plata

 

La gravedad del asunto salta a la vista. Quienes se oponen, no poseen ni los medios ni la cobertura para informar a la gente de los peligros del proyecto. Quienes lo promueven y quienes lo aprobarán cuentan con todos los medios y recursos para hacer valer sus opiniones ante la prensa y la desanimada opinión pública. En la TV y la prensa local ya se está haciendo notar el lobby de las trasnacionales de las semillas. Nadie ha señalado, replican los opositores al proyecto, que en la actual legislación de Costa Rica, aprobada en 2008, se excluye de los derechos del obtentor a variedades protegidas por derechos intelectuales comunitarios sui generis, estén registrados o no.

 

Según las organizaciones de pequeños agricultores y medioambientalistas, la nueva ley hará dependientes a los pequeños agricultores de las semillas registradas, afectando sus formas de vida y el costo de los alimentos. “Uno de los artículos del proyecto de ley que más preocupa a las organizaciones es el 48, en el cual se establece que el agricultor podrá guardar sólo una parte del producto de sus cosechas de variedades protegidas para resembrar en sus explotaciones, siempre que se trate de papas y de especies que serán incluidas en un reglamento que se dictará posteriormente a la promulgación de la ley”, añade Daniela Estrada.

 

Las más contentas son las transnacionales de las semillas, pues la normativa permitirá que se expandan aún más los cultivos genéticamente modificados que hoy ocupan la industria alimentaria y la farmacéutica.

 

Chile permite la importación y el cultivo de semillas transgénicas para exportación, pero no su producción para consumo interno. El lobby de las grandes corporaciones busca liberalizar por completo los cultivos transgénicos en nuestro país.

 

Chile es el séptimo exportador de semillas en el mundo y el primero en Sudamérica. Unas 70 empresas en Chile se reparten el 3 por ciento del mercado mundial de semillas. Se producen semillas estériles, que se cultivan una sola vez, mientras la planta resultante no desarrolla semillas. Así, para el siguiente cultivo, el agricultor deberá comprarlas. Actualmente hay diez transnacionales bioquímicas que controlan el mercado mundial. Sólo Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont-Pioneer, BASF y Dow AgroSciences, controlan más de 50 por ciento de ese mercado.

 

El transgénico de Troya

 

Pero tras el cultivo de semillas viene un “paquete completo” que incluye agrotóxicos y más transgénicos.

Según cifras de la OMS unos 2 millones de personas se intoxican cada año por pesticidas en el mundo. 200 mil de ellos mueren. En Chile, investigaciones de los Servicios de Salud demuestran una alta incidencia de estos productos químicos en el nacimiento de recién nacidos con malformaciones.

 

La Unidad de Genética del Hospital Regional de Rancagua publicó que del total de nacidos entre 1996 y 1998, 429 casos presentaron malformaciones: 27,65 por ciento de los padres de niños con malformaciones trabajaban en predios agrícolas y tenían contacto con pesticidas, mientras un 19,22 por ciento vivía en las cercanías de terrenos agrícolas expuestos.

 

Según la química María Caviares, de la Universidad de Valparaíso, en Chile mueren 1.060 personas cada año por defectos congénitos; 650 de ellos niños menores de un año. Los casos se concentran en V, VI y VIII regiones, zonas agrícolas del centro del país.

 

El negocio de las semillas transgénicas traerá como consecuencia el aumento de los agrotóxicos en los cultivos. Y hay otros peligros que se expandirán tras la aprobación de la ley. “Este nuevo siglo observa cómo otro negocio sin ética se impone. Las compañías  producen farmacultivos o cultivos transgénicos farmacéuticos: especies manipuladas genéticamente para obtener substancias farmacéuticas”, dice la investigadora Rocío Munizaga. Y agrega: “Según la Fundación Terram, entre 1997 y 2005 se sembraron cultivos farmacéuticos en la IV, VI, VIII y la Región Metropolitana. María Isabel Manzur, de la Red por un Chile Libre de Transgénicos, agrega a la lista la IX Región. Allí, el gobierno autorizó 75,7 hectáreas con ese fin”, concluye.

 

Anualmente, las empresas exportadoras de semillas afincadas en Chile suman un beneficio de 280 millones de dólares.