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El pasado 14 de julio varias organizaciones sociales
manifestaron su enérgico rechazo ante la
Comisión de Agricultura de la Cámara de
Diputados de Chile a un proyecto de ley que
privatiza las semillas, despojando a los
agricultores de su derecho a guardar,
intercambiar y utilizar las semillas producto de
su cosecha y abriendo paso a los cultivos
transgénicos.
Siete días antes, los integrantes de la Comisión ya habían
escuchado el planteamiento de otras asociaciones
de pequeños productores y de productores orgánicos
que reclamaban que se legislara para proteger el
acceso a la diversidad biológica, rechazando por
imposible la coexistencia entre la agricultura
orgánica y los cultivos transgénicos.
El proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet
sobre “derechos del obtentor de variedades
vegetales”*. La aprobación de esta ley
extendería los llamados “derechos de obtentor”
-una forma más amplia de patente- a todas las
especies vegetales, creando condiciones para la
expansión en el país de los cultivos
transgénicos, en especial de los
farmocultivos**
que a través de la inserción de genes de un
virus o una bacteria en el ADN de una planta,
producen drogas. En mayo de este año, a espaldas
de la opinión pública se inició la votación de
los artículos del proyecto, la que fue
interrumpida por la intervención de estas
organizaciones.
Al respecto sostuvieron los agricultores orgánicos: “Si los
chilenos queremos perder los mercados europeos
conquistados con tanto esfuerzo, y contaminar
genéticamente nuestros cultivos en forma
irreversible; si queremos que nuestros hijos
consuman alimentos desnaturalizados y alterados
y entregar nuestro patrimonio genético a cambio
del pago de una autorización oficial; si
queremos agobiar con el pago de royalties a los
campesinos que han sostenido el alimento de los
chilenos desde siempre, entonces… ¡sigamos
adelante con este Proyecto de Ley.!”
En el intercambio de opiniones, varios parlamentarios
sostuvieron que la solución era que los
campesinos y comunidades inscribieran sus
derechos para evitar que las empresas se les
anticiparan, lo que fue rechazado de inmediato
por los representantes de las organizaciones,
para quienes eso implicaría aceptar esa lógica y
dividir a las comunidades.
A continuación, un resumen los puntos centrales
del rechazo colectivo al proyecto de ley.
1.- Esta
iniciativa abre las puertas a:
• La apropiación indebida de los recursos biológicos del
país, la privatización de los conocimientos y la
protección de la propiedad privada de las
empresas transnacionales sobre el patrimonio
colectivo de las comunidades campesinas e
indígenas. Se va a expropiar la biodiversidad
agrícola y silvestre de Chile al extender los
llamados derechos de obtentor a todas las
especies vegetales.
• La expansión de los cultivos transgénicos, y
los farmocultivos, al otorgar propiedad
sobre variedades sin exigir prueba efectiva de
mejoramiento y en base a la simple expresión de
un carácter. En sus definiciones el proyecto no
hace diferencias entre una planta normal, una
híbrida o una transgénica. La fundamentación de
la ley permite deducir además que se intenta
crear condiciones para la introducción de los
llamados farmocultivos, lo que podrían
crear problemas graves de salud pública y
arruinar la producción de alimentos y
exportaciones agrícolas chilenas.
• La contaminación de los cultivos orgánicos por los
transgénicos, está demostrado que no es posible
la coexistencia entre ambos.
• La pérdida de los mercados que demandan alimentos sanos e
inocuos. Los consumidores han tomado una mayor
conciencia respecto de los transgénicos y en la
Unión Europea el 70 por ciento de la
población rechaza la agricultura transgénica.
• El despojo de los derechos de los campesinos a seleccionar,
mejorar, y guardar la semilla de su cosecha.
Esta práctica universal de campesinos y
agricultores es reconocida incluso por el
Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.
• Daño a la fauna y los insectos benéficos por los cultivos
transgénicos, con negativas consecuencias para
el medio ambiente. La biotecnología favorecida
por este proyecto conduce hacia la uniformidad
genética con pérdida de la biodiversidad en los
campos, donde se imponen monocultivos
extensivos.
• La criminalización del trueque o de la siembra
de semilla. Ya no será el Servicio Agrícola
Ganadero (SAG) quien fiscalice, sino que
las empresas dueñas de los derechos sobre las
semillas tendrán el poder de hacer de policías,
siguiendo el modelo de otros países como
Estados Unidos y Canadá cuando surge
la contaminación accidental.
• El decomiso y embargo de los cultivos y
cosechas de quienes sean acusados de no cumplir
con la ley. Esto se puede traducir en la
destrucción de cultivos y plantaciones frutales,
decomiso de productos, e incluso en el embargo
de exportaciones.
• Un proceso de aumento creciente del costo de
los alimentos. El precio de las semillas
encarecerá el proceso productivo y los costos.
2.-
Beneficiarios e impulsores de este proyecto:
• Los operadores del mercado de semillas transgénicas y de
agroquímicos, principalmente las transnacionales
agroquímicas, Monsanto y Syngenta,
líderes mundiales del mercado de semillas y
cultivos transgénicos y sus socios locales.
• Las empresas extranjeras controlarán la comercialización,
importación o exportación del material de
propagación (semillas, esquejes, etc.), y además
podrán obtener legalmente la propiedad sobre la
flora y el patrimonio genético nacional.
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