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Desde 2003, el
Decreto Federal 4680/03 determina que el
consumidor tiene el derecho de ser informado
sobre los alimentos e ingredientes alimentarios
destinados al consumo humano o animal que
contengan o sean producidos a partir de
organismos genéticamente modificados, con
presencia por encima del límite del 1 por ciento
del producto. Sin embargo, el decreto no está
siendo cumplido y la población acaba teniendo
cercenados sus derechos básicos de información y
elección.
Los alimentos transgénicos deben ser
identificados con una T negra dentro de un
triángulo amarillo. El símbolo debe estar en un
lugar visible, vuelto directamente hacia el
consumidor, cuando el producto está en la
estantería. "La soja es uno de los alimentos que, en Brasil, más puede ser encontrado
en forma transgénica. Sin embargo, no
encontramos en las estanterías de los
supermercados este producto con rótulos que
hagan esa identificación, lo que quiere decir
que el rotulado no está siendo cumplido",
explica Andrea Salazar, abogada del
Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor (IDEC).
Andrea
señaló además que, más allá de este
incumplimiento, las empresas están burlando el
decreto por la utilización de soja transgénica
en productos en los que no es posible detectar
su presencia, como el aceite. De esta manera, el
consumidor una vez más es lesionado y no tiene
cómo escoger si quiere o no consumir alimentos
genéticamente modificados. "Periódicamente el
Ministerio de Justicia realiza pruebas para
detectar la presencia de transgénicos en algunos
alimentos, pero no lo ha conseguido", explica la
abogada.
La obligación de fiscalizar es responsabilidad
de diversos órganos, entre ellos el Ministerio
da Agricultura, la Vigilancia Sanitaria y el
Ministerio da Justicia. Cada uno tiene una
función definida en las etapas que atraviesan
los productos de la agricultura. Al Ministerio
de Agricultura le cabe en gran medida la primera
fase de la fiscalización. En el caso de que esa
etapa sea obviada o mal realizada y el producto
transgénico no sea detectado, es prácticamente
imposible para los otros órganos realizar esa
identificación.
"Existe gran falta de voluntad política por
parte del Gobierno para fiscalizar,
principalmente del Ministerio de Agricultura.
Está comprobado que el consumidor brasilero
quiere saber para hacer su opción. Nuestros
derechos están siendo irrespetados,
principalmente porque no sabemos los efectos de
los transgénicos a largo plazo. En este momento,
Brasil está cultivando la primera cosecha
de maíz transgénico y no sabemos todavía qué se
hará con ese producto", resalta Salazar.
Por no tener gran aceptación de parte de la
población, los productos genéticamente
modificados vienen siendo utilizados en gran
escala en la producción de raciones, hecho que
no exime a los criadores de animales de informar
al consumidor final de la carne. Ésto quiere
decir que, si el pollo que llega a las
estanterías de los supermercados ha sido
alimentado con raciones que contienen elementos
transgénicos, nosotros deberíamos tener acceso a
esa información. Inclusive siendo del
conocimiento de pocos, esa deliberación también
está contenida en el decreto.
De acuerdo con Andrea Salazar, mediante
las artimañas de los empresarios que esconden la
presencia de elementos transgénicos en sus
productos, para asegurarse de que está
consumiendo un alimento libre, resta al
consumidor exigir, reclamar, llamar y escribir a
las empresas con la finalidad de saber la
procedencia de los alimentos. "Para quien pueda,
lo más seguro aún es buscar alimentos orgánicos,
que no son genéticamente modificados ni
presentan agrotóxicos", afirma.
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