El, absurdamente, prolongado conflicto de los
trabajadores de Coca Cola en Perú con la empresa tuvo
novedades en la tarde del martes 28 de setiembre. Una
vez más la justicia laboral peruana, reconoció que los
ceses decretados por la empresa no se ajustan a
derecho y que los trabajadores deben ser reintegrados.
De nada valieron los subterfugios, trampas legales y
presiones políticas de la empresa para desviar a las
autoridades peruanas del cabal cumplimiento de lo que
establecen las leyes.
Tal como
había sucedido a comienzos de setiembre las
autoridades del Ministerio de Trabajo de Perú, ante la
apelación de la empresa, ratificaron que los ceses no
cumplen con lo que determinan las leyes peruanas y por
lo tanto no deben ser efectivos.
Julio Falla,
Secretario General de SINATREL (Sindicato
Nacional de Trabajadores de ELSA) nos comenta su
satisfacción por la confirmación de que el Ministerio
está dispuesto a apegarse a lo que establece el marco
legal vigente y no dejarse influenciar por las
presiones de todo tipo que la empresa ha ejercido en
todo este tiempo. “Lo que los trabajadores queremos es
trabajar” nos dice, “la nueva dirección ha provocado
este conflicto innecesariamente, creyendo que por la
situación que impera en el país, desde el punto de
vista laboral, podían hacer lo que querían, pero el
sindicato se ha mantenido unido y ha contado con la
solidaridad de las demás organizaciones de
trabajadores de Perú y de UITA”.
Más allá de
la resolución ministerial los plazos se acortan,
mañana jueves 30 de setiembre comenzará la huelga
nacional por tiempo indefinido de los trabajadores
nucleados en SINATREL. La empresa, que provocó el
conflicto, es quien puede evitar que eso suceda, y la
solución es muy simple: Coca Cola Perú debe cumplir
con la ley.
La nueva
dirección de la empresa subestimó la capacidad del
sindicato, pensó que, al igual que habían hecho hace
años con otras empresas, podrían doblegarlo apelando a
presiones económicas y a las dilaciones que alejan a
los trabajadores del cumplimiento habitual de sus
tareas.
En todos
estos meses el sindicato no ha desestimado ninguno de
los espacios de negociación que se le han propuesto y
a cada uno de ellos ha asistido con propuestas serias
y ajustadas a la ley. Del otro lado se ha encontrado
con representantes que no tienen avales para negociar,
información incompleta o deliberadamente insuficiente,
etcétera. Por ello, se hizo necesario romper el trato
directo y dar curso al plazo de huelga que define la
normativa peruana.
Quedan pocas
horas para que esta huelga pueda ser desactivada, la
empresa tiene la responsabilidad de hacerlo y el
camino es muy sencillo, se trata simplemente de
cumplir con la ley.
Quedan de todas maneras algunas
preguntas pendientes: ¿Cuál es la ganancia de estos
gerentes al provocar un conflicto de estas
características? ¿Creen efectivamente que el lucro de
la empresa se mejorará con una huelga? ¿No sería más
conveniente encarar una negociación seria con el
sindicato que permita trabajar en un marco de
relaciones laborales estables?
Ariel Celiberti
© Rel-UITA
29 de setiembre
de 2004
