San Ignacio SA, encargada de la distribución y venta de los productos de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, empresa de SABMiller, viene hostilizando a sus trabajadores a raíz de la creación del Sindicato SITRASANIGSA y ha enviado una carta de preaviso de despido al secretario de Actas y Archivo. Esta medida ha generado la solidaridad y rechazo de parte del CGTP-ABA y de la UITA.

El pasado 5 de agosto, Sacha Muntoni Copello, gerente general de San Ignacio SA, le hizo llegar una carta de imputación a Miguel Ángel Vásquez Cueva, secretario de Actas y Archivo del Sindicato de Trabajadores de San Ignacio S.A. (SITRASANIGSA) otorgándole el plazo de seis días para defenderse de los cargos “que se encuentran tipificados en los incisos a) y c) del artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productivas y Competitividad Laboral”.

Según Muntoni, el dirigente sindical otorgó créditos a clientes sin observar las disposiciones de la empresa, inobservó los artículos 40 y siguientes del Reglamento Interno de Trabajo, y utilizó indebidamente los bienes de la empresa en beneficio de terceros.

“Después de un año le acusan de mala utilización de bienes de la empresa; eso llama mucho la atención”, declaró a Sirel, Walter Lozada, secretario general de SITRASANIGSA. Señaló además que estarían acusando a Miguel Ángel Vásquez de haber robado, “y eso no es cierto porque el compañero no se apropio de nada”.

El secretario general indicó que el miembro de su directiva ha contestado con la ley en la mano y ha sustentado que la intención es “despedir a un dirigente sindical lo cual va en contra de la Constitución política del Perú y de nuestros acuerdos internacionales”.

Luego de la respuesta de Vásquez, Ludwig Macher, apoderado de San Ignacio SA envió una segunda carta notarial en la que explicita los cargos señalados en la anterior comunicación; sin embargo, en ninguna de las misivas se consigna la fecha en que se produjo la irregularidad por la cual estaría en riesgo su puesto de trabajo.

“Después de un año le están acusando, pero estoy convencido de que un juez, al ver las pruebas, va a decir que no procede; ¿cómo se va a despedir a un trabajador si un cliente se aprovechó de una exclusividad o no pagó un crédito? Eso no es una falta grave, ya lo hemos demostrado, no se le puede imputar falta grave distorsionando la realidad, incluso Miguel podría acusarlos por difamación, daños y perjuicios”, explicó Lozada.

Por otro lado, afirmó que se están haciendo comunes las llamadas de atención haciendo una interpretación abusiva de la ley, cometiendo atropellos contra los trabajadores a quienes se les conmina a trabajar más con el argumento de la “razonabilidad”.

SABMiller, líder en abusos

“Han pasado cartas de suspensión porque un cartel en una bodega está sucio. Hoy un trabajador me ha comunicado que le están obligando a hacer la ruta de un compañero que se ha reportado enfermo. La empresa no tiene un plan de contingencia y no tiene un retén para cubrir estas situaciones de emergencia. Cursan memorandos informando que ese día su jornada aumentó, según ellos tienen el respaldo del artículo 9 de la ley 728, ley de competitividad –dijo Lozada–.

Para los trabajadores, se les responsabiliza por las acciones de terceros y se les incrementa la jornada laboral sin el respectivo pago por las horas extras laboradas.

Si el equipo de frío de Backus está apagado en algún punto de venta afecta de manera directa el sueldo del vendedor, no toman en cuenta que el dueño quiere ahorrar dinero y por esa razón apaga el equipo; si el cliente no quiere poner las botellas de la manera que la empresa exige también afectará su sueldo y eso gracias al nuevo sistema comisional que está promoviendo Abencio Fernández, vicepresidente de Ventas de Backus –agregó–.

A ese nivel de irracionalidad están llegando, y es muy lamentable que el 35 por ciento del sueldo del vendedor se afecte si la bodega tiene el equipo apagado, el letrero mal puesto o las botellas ordenadas diferente a lo establecido por SABMiller”, concluyó Lozada.

Fuerza movilizadora: la solidaridad

Tras analizar la carta remitida al dirigente sindical Miguel Vásquez del Sector Alimentos, Bebidas y Afines de la Confederación General de Trabajadores del Perú  (CGTP-ABA) expresó su preocupación a Sacha Muntoni Copello, gerente general de San Ignacio SA y le señaló que no existen esas faltas graves que aduce, y que la carta de pre aviso podría ser considerada como un acto de hostigamiento laboral y un acto antisindical.

Al mismo tiempo, la dirigencia de CGTP-ABA se solidarizó con la lucha de los trabajadores afiliados al SITRASANIGSA y con su dirigencia, empeñados en la defensa de los derechos laborales, mejores condiciones y beneficios de trabajo, y demandaron que se “busque el diálogo para solucionar cualquier desavenencia que resquebraje la paz laboral”.

Por su parte, el secretario general de SITRASANIGSA agradeció el respaldo de su sectorial y dijo que “haber llegado a CGTP-ABA ha sido un gran paso. Uno de los dirigentes conocía a Alex Caballero, dirigente del Sindicato de Nestlé (SUNTRANEP) quien, de muy buena manera nos recibió y nos está apoyando. Voy a estar infinitamente agradecido a Alex, a la CGTP-ABA y a la UITA porque se está conociendo a nivel mundial que hay abuso dentro de una empresa de SABMiller, una transnacional que permite que se hagan este tipo de cosas”.

La prepotencia del monopolio

El abuso de Backus se viene expresando a través de su socio comercial, o empresa satélite, San Ignacio, pues desde hace dos años obliga a que el 10 por ciento de un pedido sea de cerveza Cusqueña, producto que en algunas zonas de Lima no tiene gran acogida. Esta decisión ha sido denunciada al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

“Es muy triste llegar a un cliente y decirle que está obligado a comprar Cusqueña. Luego fue el 10 por ciento de cerveza Pilsen, y después Barena, producto que no sale; hay directivas que nos obligan a colocar esos productos, y en caso de que se nieguen no podemos dejar nada de cerveza Cristal. Hay almacenes que tienen 800 cajas de cerveza Cusqueña que no han vendido y el mayorista me decía: ‘Ahí esta mi capital, me estás haciendo quebrar’. Eso es abuso de dominio de mercado y está tipificado por INDECOPI” concluyó Lozada.