Llegando a Ciudad de Panamá lo que de inmediato llama la atención es la imagen de desarrollo, modernidad y bienestar que te devuelve la capital. Una imagen que, junto a los conceptos de “pleno empleo” y “crecimiento económico”, genera un espejismo detrás del cual se esconde una realidad de país muy diferente.

Hablando con la gente y tomándose el tiempo para salir de la burbuja y conectarse al mundo real, uno se da cuenta que existen dos Panamá: el del espejo y el Panamá real.

Según datos del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), Panamá es actualmente el segundo país de América Latina con la peor distribución de la riqueza.

El 50 por ciento de su población vive en situación de pobreza, de la cual el 33 por ciento en extrema pobreza. Una realidad que se vuelve aún más trágica para las poblaciones indígenas, que representan el 11 por ciento de la población total, con índices de pobreza que alcanzan casi el 95 por ciento.

Además, el 47 por ciento de la población trabaja en la informalidad, el nivel de sindicalización es entre el 10 y 12 por ciento y está prácticamente prohibido en la Administración Pública, y el salario mínimo no cubre siquiera la canasta de alimentos.

“Nosotros preferimos hablar del Panamá real, porque refleja el sacrificio diario de miles de personas que son explotadas para que unos pocos puedan gozar de las riquezas del país, y donde el desarrollo económico no equivale a desarrollo humano”, dijo a Sirel, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y miembro del directorio del FRENADESO.

Una situación que se ha venido profundizando a partir de los años 90, con la implementación en el continente latinoamericano del modelo neoliberal, la entrada de las grandes transnacionales y el inicio de la privatización de los servicios públicos y la venta de empresas estatales.

“En menos de dos décadas privatizaron todo, incluyendo los servicios básicos, los recursos naturales, y hasta se trató de privatizar las fuentes de agua para la generación hidroeléctrica. Actualmente el 70 por ciento de nuestro territorio está marcado en un mapa como posible zona de exploración minera”, explicó Méndez.

El dirigente sindical recordó también que estas medidas fueron acompañadas por la venta de empresas de capital nacional al capital extranjero, como es el caso de Cervecería Nacional.

“Los empresarios nacionales y los gobiernos corruptos que se han alternado en el poder nunca pensaron en un desarrollo comercial e industrial con mentalidad de país, sino como especulación pura y dura”, manifestó.

Antisindicalismo

La invasión transnacional trajo consigo nuevas políticas antisindicales, que fueron toleradas y en algunos casos coadyuvadas por las autoridades gubernamentales.

“Se implementaron varias acciones, como por ejemplo desconocer a las organizaciones sindicales, multiplicar los esfuerzos para la constitución de sindicatos pro patronales y también comprar empresas liquidando a todos sus trabajadores, volviendo a contratar solo al personal no sindicalizado.

Además -continuó Méndez- se comenzó a hacer uso del sicariato como forma de persecución y de política de Estado contra los trabajadores organizados”, aseveró.

Una situación que se vuelve aún más difícil a raíz de las políticas institucionales que apuntan a flexibilizar y precarizar más el trabajo.

“Las instituciones están entregando el país en bandeja de plata a las transnacionales, que ya se sienten autorizadas a hacer lo que les da la gana y a violentar todo tipo de derecho. En este sentido, lo que ocurrió en Cervecería Nacional (SABMiller) no es más que un patrón experimentado de violación a los derechos laborales, sindicales y humanos de los trabajadores.

Además, es el producto de la connivencia entre capital nacional, transnacional y el gobierno, para poder seguir operando con ‘manos libres’, irrespetando los derechos garantizados por la negociación colectiva, la legislación laboral y los convenios internacionales ratificados por Panamá”, concluyó Méndez

Saúl Méndez, Secretario general del SUNTRACS