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A tres
semanas del referendo sobre la adhesión de Costa
Rica al TLC con los Estados Unidos el gobierno debe
enfrentar un escándalo en torno a intentos ilegales
de influir en la opinión pública.
El 7 de octubre la ciudadanía costarricense debe
pronunciarse en un referendo acerca de la adhesión
de su país al Tratado de Libre Comercio de
América Central (CAFTA, por sus siglas en
inglés) con Estados Unidos. Costa Rica
será el último país de la región en ratificar o
rechazar su adhesión al tratado de fundación del
CAFTA.
A algo más de tres semanas de esta fecha decisiva
para el futuro rumbo de la política exterior y
económica del país un escándalo revela la
preocupación del gobierno del presidente Óscar
Arias por el resultado de la consulta popular.
Luego de la filtración de un memorando preparado por
el vicepresidente y ministro de planificación,
Kevin Casas, entre otros, Casas decidió
abandonar temporalmente sus funciones como ministro
de planificación, mientras se investiguen los
hechos.
En un mensaje de correo electrónico Casas y
sus coautores le habían sugerido al presidente
Arias y al jefe del gabinete y hermano del
presidente, Rodrigo Arias, recortar los
fondos destinados a aquellos alcaldes que se
opusieran al CAFTA. Explican en el memorando
que
"es
posible que esta campaña pueda incomodar a alguna
gente, pero es casi seguro de que puede tener un
impacto considerable entre la gente más sencilla que
es donde tenemos los problemas más serios",
Esta idea se lanzó en momentos en que las encuestas
revelan una intención de voto de 56 por ciento a
favor del CAFTA y 36 por ciento en contra.
Será difícil prever el impacto de las revelaciones
en el debate de las próximas semanas y la decisión
del 7 de octubre. Sin embargo, quienes hace tiempo
se sienten decepcionados por las elites políticas
tradicionales –duramente castigadas en las
elecciones generales del 5 de febrero de 2006– verán
confirmadas sus sospechas.
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En
Montevideo,
Dieter Schonebohm
©
Rel-UITA
17 de septiembre de
2007 |
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