Mientras el proceso de Concertación Nacional debate los lineamientos del desarrollo del país, la Asamblea Nacional tiene los días contados para leer y comprender las 1.200 páginas (más anexos) de un complicado TPC (TLC) entre Panamá y Estados Unidos, que afecta radicalmente el futuro del país, documento que, además, fue negociado en inglés, y del cual no sabemos si existe traducción oficial al español. Se calcula que los diputados deben leer y comprender 200 páginas diarias de tratado, a lo que se suma las actas de la maratónica discusión en una de las comisiones del parlamento. Obviamente el voto será, como muchas otras decisiones de los diputados, más que razonado orientado por la lógica política de una "línea" unidireccional.

El punto es que este TPC (TLC) que, insistimos, afectará radicalmente el futuro nacional no ha sido presentado ni discutido por la Concertación y peor aún se aprobará instantáneamente sin consulta popular ni un debate democrático a fondo sobre el tema. Insistimos en la necesidad de que las decisiones de esta magnitud pasen por procesos de consultas y debates democráticos.

Para ello, es necesario conocer las propuestas de forma transparente y objetiva. También es vital contar con el tiempo necesario para debatir a fondo.

Debe existir la condición dialógica que afirma que el debate carece de sentido si no es lo más horizontal posible, en una relación de diálogo entre diversos puntos de vista. Se trata de construir opinión y decisión en torno a un asunto de interés nacional, por lo que es vital la existencia de los espacios necesarios para contrastar los planteamientos y las razones que apoyan a las distintas visiones o enfoques sobre tan importante tema.

La sola reiteración mediática, a favor de la propuesta oficial, la convierten inevitablemente en una sucesión de monólogos. Por el contrario, el auspiciar más espacio de diálogo y debate horizontal pluralista por encima de las campañas masivas propagandística, debe ser el enfoque ideal del debate público.

En cuanto a los participantes en el debate, es importante afirmar que todos/as los que tengan algo que argumentar y opinar deben ser partícipes del proceso.

A pesar de las aristas técnicas del tema comercial, el debate no debe circunscribirse a los expertos, dejando por fuera a la ciudadanía. Es evidente que algunos sectores y personas participarán más activamente que otros en base a su interés, compromiso y capacidad; pero su accionar construye opinión pública, definido certeramente por Maurice Oriau como "un océano de discusión". Es decir, opinión formada en un debate abierto, constante, heterogéneo, pues cuando ese debate falla, evidentemente, se astilla el fundamento mismo de la democracia.

Y ni hablar del manejo ético de la información, por lo que es imperativo excluir la coacción psicológica que suele utilizar la técnica de propaganda colectiva y marketing publicitario, orientada básicamente hacia explotar la voluntad emotiva y a oscurecer el razonamiento.

Por ejemplo, la saturación de eslóganes publicitarios que no respetan la dignidad de los /las ciudadanos/as y tratan de justificar los medios con el fin de obtener apoyo, afirmando de manera simplista las ventajas como absolutas y eliminando o filtrando las desventajas.

No podemos aceptar el falseamiento de una determinada realidad abusando de la débil información o conocimiento que puedan tener muchas personas. En este sentido, no se puede nublar la realidad y menos la naturaleza de los problemas reales. Esto llevaría a menoscabar la participación y a negar la corresponsabilidad necesaria por parte de la gente.

Falsear el mensaje extermina la esencia de la democracia y retarda la madurez política de la comunidad. Por otro lado, si queremos ser un Estado democrático de derecho deben existir mecanismos de participación ciudadana que le sirvan al Estado para canalizar las aspiraciones e inquietudes de la sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones. Esos mecanismos sirven de sustento a los procesos de decisión y legitima el proceso democrático.

Costa Rica va a un referéndum sobre su TLC en el mes de septiembre. También deberíamos utilizar esta forma de consulta para definir sobre estas grandes decisiones que conlleva cambios en modelos económicos.

El ejercicio de la consulta sobre el TPC (TLC) debería ser producto de la conciencia encarnada en un voto informado y crítico, emitido sin condicionamientos ni mediatizaciones. Si es así, sea el voto afirmativo o negativo se profundiza la cultura política democrática, lo que es ganancia para todos y todas. Esto expresaría que avanzamos a una democracia semidirecta participativa en la medida en que funcionan como mecanismo de control ciudadano sobre decisiones importantes para el desenvolvimiento de una sociedad.

Existen graves cuestionamientos a lo largo y ancho de América Latina sobre estos tratados con Estados Unidos, pues no solamente abarcan la apertura del mercado de los bienes, de mercados de los servicios, las compras gubernamentales, el comercio de los servicios financieros, las inversiones, el movimiento de las profesiones, la propiedad intelectual, las relaciones laborales y el medio ambiente. Un tratado como éste no se puede imponer de ninguna forma; la salida debe ser lo antes enunciado en camino a una propuesta estratégica de un modelo de desarrollo equitativo e incluyente, y en vez de TLC (TPC) buscar alianzas latinoamericanas que potencien la capacidad negociadora frente a los países poderosos, garantizando la autodeterminación, el desarrollo humano, la equidad, el ambiente y la democracia, las cinco grandes líneas de la Visión 2020. 

* Artículo original: Panamá América,