América Latina

 

Comunidades en defensa de la sustentabilidad

(segunda parte)

 

 

En medio de crecientes conflictos, las comunidades de la región han comenzado a defender por sí mismas los principios de sustentabilidad social y ambiental, pero las instituciones políticas, empresas e incluso ONGs, no tienen prevista la presencia de este nuevo actor y no asimilan aún el valor estratégico de esa participación

 

El fenómeno se manifiesta en todos los países de la región y en distintas áreas. Se autodenominan comisión, junta o asociación de vecinos, vecinos autoconvocados, comité o red ecológica, asamblea ciudadana o, simplemente, comunidad o población de tal localidad. A veces, el alcalde, el párroco o concejales del municipio se suman a los pobladores. Pueden formar federaciones o confederaciones regionales, pero parten siempre de una realidad geográfica local.

 

La aparición de este nuevo actor o, si se prefiere, antiguo, pero con otra conducta o actitud, obliga a los restantes a modificar sus análisis, juicios y acciones habituales. Sus procesos de decisión y formas de acción son diferentes a las de los actores sociales conocidos, como los gremios y asociaciones corporativas o creadas por un problema específico. Las reuniones son abiertas a todos, suele estar presente la familia entera, los procedimientos de discusión son más complejos y los tiempos para tomar decisiones mucho más prolongados.

 

Las instituciones políticas latinoamericanas han sufrido en los últimos años cambios hacia estructuras más democráticas y descentralizadas de gobierno, resultantes en particular de los procesos de democratización posteriores al período de dictaduras militares. Sin embargo, esta tendencia choca con una dirección contraria de las políticas económicas dominantes. La actual globalización económica ha impuesto una centralización aún mayor de las decisiones.

 

La deuda externa de la mayoría de los países de la región significa que delegan sus decisiones políticas y de inversión en el FMI, el BID y el Banco Mundial. A esto se agregan últimamente los llamados 'tratados de inversión' o de 'libre comercio' que traen nuevos condicionamientos a los gobiernos nacionales. Que un grupo local, una comunidad o población de una zona, reclame un lugar en la decisión sobre un gran proyecto de inversión, no encaja en esa realidad.

 

Incluso en la legislación ambiental de la región, incorporada en años recientes, se contemplan formas de consulta y audiencia públicas en la evaluación de impactos de los proyectos, pero o no se aplican o funcionan como instancias burocráticas que se utilizan para legitimar los proyectos en lugar de exponerlos a la crítica. En definitiva, no existe un marco institucional y normativo que otorgue a las comunidades una participación real en las decisiones del desarrollo.

 

Reacomodos en empresas y ONGs

 

Tradicionalmente, las grandes inversiones y proyectos funcionaban en su mayoría como economías de enclave, o sea, un territorio aparte del país en que la empresa fijaba las reglas sin rendir cuentas a nadie. El gobierno nacional era llamado para reprimir las protestas y la comunidad local nunca tenía voz en el proyecto. Aunque son poco visibles y mucho menos aceptadas en la actualidad, estas reglas siguen aplicándose en muchas regiones del continente.

América Latina   8-12-2006

Comunidades en defensa
de la sustentabilidad

(primera parte)

Los efectos de la globalización económica en el marco de una nueva ola de grandes inversiones en la extracción y explotación de recursos naturales... lea más

Por Víctor L. Bacchetta

 

Hoy en día, existe una creciente preocupación pública por la responsabilidad social y ambiental de las inversiones. Algunos bancos, grupos de inversionistas y grandes corporaciones explicitan en sus principios que los proyectos requieren una “licencia social” para operar y procuran, incluso con independencia del gobierno, acuerdos duraderos con la población local. Pero no es generalizado ni obligatorio, y otros mantienen las viejas prácticas.

 

Cuando las condiciones impuestas a la población se hacen insostenibles surgen los estallidos sociales. La presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) con un reconocimiento formal de parte del gobierno y las empresas ha servido, en muchos casos, como nexo o mecanismo de intermediación con las comunidades o poblaciones locales y ha permitido paliar esa ausencia de reconocimiento formal y de procesos participativos regulares.

 

Pero cuando las comunidades reclaman su papel como participantes con plenos derechos de decisión, las ONG dedicadas a los problemas sociales y ambientales deben redefinir claramente su función. En los conflictos ambientales en donde las comunidades o asambleas ciudadanas están actuando como tales se perciben diferentes actitudes políticas y reajustes en el accionar de las ONG, que pueden contribuir o no a afianzar la nueva dinámica social.

 

Unas se ponen al servicio de las comunidades, aportando en la elaboración de las políticas y en la marcha del proceso participativo, pero otras adoptan liderazgos y protagonismos que las singularizan a toda costa. Esta actitud puede responder a necesidades de preservación política o financiera, pero cuando llegan a competir con las comunidades, tales ONG se convierten en un actor político más y dejan de cumplir el papel de intermediación social original.

 

Un factor clave de la transición

 

No se trata de sostener, simplemente, que todo lo que venga de las comunidades autoorganizadas será lo correcto. Estos movimientos ciudadanos tienen muchas dificultades y carencias, entre otras cosas, debido a la aún escasa experiencia participativa, la falta de transparencia de gobiernos y empresas que dificulta el acceso a la información y a los estudios necesarios para tomar decisiones y, por último, pero no menos importante, a la ausencia de una cultura centrada en la sustentabilidad del ecosistema del planeta.

 

La cuestión principal, estratégica se puede decir, es establecer el eje del tránsito desde la situación actual hacia un mundo basado en la sustentabilidad social y ambiental. En el plano del conocimiento y los medios para alcanzar ese propósito pueden existir todavía muchas incertidumbres. No obstante, se ha logrado a través de serios estudios y largos debates que la comunidad de naciones defina una serie de políticas y acciones, pero es evidente que los poderes constituidos no tienen la voluntad política requerida para ejecutarlas.

 

Esto confirma que la crisis ambiental es una crisis de paradigma, de los presupuestos de esta civilización en su relación con el universo en que está inmersa. Considerarla un simple conflicto de intereses sociales, económicos o políticos es minimizarla en su alcance, pues afecta las nociones culturales y filosóficas del ser humano. Por tanto, sólo se logrará que los responsables políticos actúen en consecuencia con ese fin si las personas y sus comunidades adoptan una posición consciente y firme sobre las causas de la crisis y las formas de resolverla.

 

Las comunidades se pueden equivocar, pero partimos de una equivocación mucho mayor, de un modelo de civilización insustentable, y la transición para recuperar la sustentabilidad debe ser realizada por todos o, de lo contrario, fracasará. Se podrá discutir entonces si son apropiados o no tales o cuales diagnósticos y soluciones, pero lo que no se puede soslayar es que las propuestas sólo serán llevadas a la práctica y hasta sus últimas consecuencias, cuando se cuente con la participación consciente y activa de las comunidades.

 

Esta es exactamente la manera de aterrizar en la realidad el principio de "pensar globalmente, actuar localmente". No se trata simplemente de hallar el diagnóstico y las mejores soluciones en el laboratorio o entre científicos y pensadores geniales, tampoco de encontrar los líderes serios y comprometidos o de llegar a acuerdos exhaustivos en las cumbres y conferencias internacionales, sino de poner todo ello al servicio de las comunidades en acción. Si esto no ocurre, es señal de que aún falta mucho para llegar a la sustentabilidad.

Por Víctor L. Bacchetta

© Rel-UITA

12 de diciembre de 2006

 

Volver a Portada

 

 

   UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905