Decenas de miles de personas se han movilizado en todo el país para garantizar el orden democrático que en los días pasados se ha visto amenazado por un intento de golpe de estado contra el presidente José Manuel Zelaya, y por obscuras maniobras que tenían el objetivo de boicotear la consulta popular del próximo domingo.

 
Mientras el país vuelve lentamente a una situación de aparente calma, las organizaciones sociales y sindicales se están disponiendo a involucrarse directamente en el proceso de distribución del material en las diferentes juntas receptoras de votos, y a garantizar que la del domingo sea una verdadera fiesta cívica para el pueblo hondureño, por primera vez en su historia, podrá expresar su opinión sobre un tema tan trascendental como es el inicio de un posible proceso que podría cambiar la historia de Honduras con la conformación de una Asamblea Constituyente en 2010.

 
Para analizar la situación actual y los acontecimientos de los días pasados, SIREL dialogó con Carlos H. Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y Similares (STIBYS), y candidato independiente en las próximas elecciones presidenciales.
 
-¿Qué lectura política podemos dar a los acontecimientos de estos últimos días?
-Cuando en 1981 se estaba discutiendo la nueva Constitución, lo que imperaba en el país y en la región era la guerra de baja intensidad impulsada por Estados Unidos y su embajador John Dimitri Negroponte.
 
Había un gobierno civil, pero los que mandaban eran los militares al mando de los cuales estaba Gustavo Álvarez Martínez, un asesino que mandó a matar una gran cantidad de personas. En este contexto, los empresarios, por instrucciones de la misma embajada de Estados Unidos, lanzaron dos consignas: vender Honduras y reducir el Estado para supuestamente salir de la pobreza. Estos principios permearon la Constitución, y efectivamente a ésto ha servido, es decir a impulsar el neoliberalismo y todo lo que ese modelo ha conllevado.
 
En 2005 se llegó al momento más crítico para el país con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA*) y los movimientos sociales desencadenamos una fuerte lucha. El DR-CAFTA dio el golpe final a nuestra Constitución y nosotros dijimos que ya era tiempo de conformar una Constituyente que reformara la Constitución para rescatar la soberanía perdida.
 
En la actualidad el presidente Zelaya ha retomado ese tema y aunque la Constitución no tiene ningún mecanismo para consultar al pueblo, propuso una Consulta Popular que fue atacada muy fuertemente por diferentes sectores, con una campaña mediática y psicológica llena de mentiras y calumnias para meterle miedo a la gente.
 
Se llegó hasta al uso de la violencia contra quienes se demostraban a favor de la Consulta popular.

 
Fabio Ochoa, un dirigente popular del departamento de Colón que ha luchado al lado de los ex bananeros afectados por el Nemagón, fue herido de bala muy gravemente al salir de una canal de televisión donde había apoyado públicamente la necesidad de crear una Constituyente y una reforma a la Constitución. Ningún medio informó sobre ese crimen.
 
En este sentido, lo que ha pasado en estos últimos días demuestra la clara intención de no querer dejar que el pueblo se exprese y decida de si quiere o no una reforma a la Constitución.
 
-Casi todos los poderes e instituciones del Estado se han declarado en contra de la Consulta y de la Cuarta Urna. ¿A qué se debe?
-El hecho de que están en contra y que el Presidente se encuentra en esta situación de aislamiento institucional, es porque no quieren que el pueblo se exprese. ¿Y cuál es el temor de ellos? Que con una nueva Constitución el pueblo va a tener la posibilidad y la correlación de fuerzas en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente para rescatar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo. Estoy hablando de la presencia segura de petróleo y los grandes empresarios nacionales y las transnacionales temen perder el negocio de su vida, si es que en la nueva Constitución se va a plantear que estos recursos van a ser del Estado.

 
Actualmente, el 30 por ciento del territorio nacional ha sido entregado en concesiones a empresas mineras extranjeras y lo mismo ocurre con las cuencas hídricas. Una Constitución que prohíba esta explotación es algo que crea terror en los empresarios nacionales y extranjeros.
 
Pero también estamos hablando de empresarios que no quieren pagar impuestos. Antes de 1970, el Estado recibía como ingresos fiscales el 25 por ciento del PIB, hoy recibe el 14 por ciento. Una Constitución que determine una política fiscal redistributiva de los ingresos es otro tema que los empresarios siquiera quieren oír mencionar. No quieren perder los privilegios que tienen, mientras tanto el 80 por ciento de la población vive en pobreza y pobreza extrema.
 
-¿Los movimientos sociales están apoyando al presidente Zelaya?
-El presidente Zelaya recibió el apoyo directo de gran parte de su partido, mientras que las tres centrales obreras, el Bloque Popular de Honduras y toda una serie de organizaciones sociales están apoyando la Consulta del domingo y no al presidente Zelaya.
 
Nosotros apoyamos la necesidad de una nueva Constitución y creemos que el presidente Zelaya debe entregar su cargo el 27 de enero del próximo año. Lo que interesa es que en Honduras empecemos a debatir a fondo sobre política y sobre el resultado desastroso que ha dejado el modelo neoliberal. Y eso es lo que no quieren. No quieren que el pueblo se politice, que empiece un debate político sobre los problemas nacionales.
 
-¿Cree que el domingo se pueda desarrollar el proceso de votación?
-El hecho de que el Ejército no va a participar en la logística para el desarrollo de la votación seguramente va a crear problemas. Sin embargo, hay muchísima gente que está dispuesta a colaborar y a trabajar en eso. Van a haber dificultades, pero creo que al final vamos a lograr que la gente vote.
 
La gente se está movilizando y está dispuesta a defender ese derecho.