La aprobación en septiembre de 2006 de la cuestionada Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, y la detención con uso excesivo de violencia de 14 personas que participaban en una protesta contra la privatización del agua, ha despertado profunda preocupación. A pesar de que han transcurrido más de 15 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz que terminaron con la sangrienta guerra civil, para la sociedad sigue muy vigente el recuerdo de la represión sistemática de los cuerpos de elite del Ejército y de los Escuadrones de la Muerte que operaban impunemente contra la población civil. Los hechos ocurridos en Suchitoto han despertado temores y pesadillas que se pensaban enterradas junto con las armas hace muchos años. Sirel conversó con Bernardo Belloso, integrante de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), para conocer en detalle los acontecimientos ocurridos en Suchitoto y cómo se enmarcan en el contexto actual de ese país

-¿Qué es lo que pasó exactamente en Suchitoto?

-En vista de la problemática que hay en el país con respecto al deterioro ambiental y también a la situación de extrema pobreza de la población, a las desigualdades existentes y a las violaciones a los derechos humanos, diferentes organizaciones sociales promovimos un foro con la participación de representantes de los municipios de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas. El foro versaba esencialmente sobre la problemática del agua y el análisis del proyecto de la política de descentralización de este recurso, impulsado por el presidente Antonio Saca.

El pasado 2 de julio, el Presidente iba a lanzar públicamente en Suchitoto este proyecto, y lastimosamente las dos actividades se cruzaron en el mismo lugar. A esto hay que agregar que diferentes organizaciones de otros lugares se habían citado en Suchitoto para protestar contra esta política del gobierno, que anticipa una futura privatización del recurso hídrico.

-¿Qué pasó después?

-Algunos miembros de nuestra organización estaban viajando para participar en el foro cuando fueron interceptados y detenidos violentamente por miembros de la Policía Nacional Civil (PCN). En lugar de llevarlos a una delegación del Departamento los trasladaron al lugar donde se iba a desarrollar el foro, desencadenando la reacción de la gente que había llegado para participar en la actividad. Comenzó una fuerte discusión entre los líderes comunales y la Policía para tratar de componer la situación, y de repente llegó la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) tirando bombas lacrimógenas, gas pimienta e intentando desalojar a la gente disparando balínes de goma. Fue en este momento que capturaron a otros compañeros y compañeras, quienes juntos con los otros capturados fueron llevados hacia la Delegación policial de la ciudad. En este momento se conformó una comisión para negociar la liberación de las y los detenidos, cuando nuevamente llegó la UMO comenzando a golpear y a disparar a la gente, provocando varios heridos e intoxicados. La gente huyó y fue perseguida por miembros de la UMO, mientras se hacía presente un fuerte contigente militar con tanquetas. Al final no fue posible llegar a una negociación.

-¿Qué ocurrió con la gente detenida?

-Detuvieron a 14 personas y se las llevaron sin dar ningún tipo de información, y hasta se llegó a pensar que las habían “desaparecido”. Al final supimos que las trasladaron a la Delegación de Cojutepeque, y fue en este traslado que se dieron graves episodios de violencia y violaciones a los derechos humanos.

-¿Qué tipo de violaciones?

-A algunos de los detenidos los trasladaron en helicóptero, y cuando iban en las inmediaciones del lago Suchitlan, a las compañeras las amenazaron con que las iban a aventar del helicóptero. También los detenidos denunciaron que los bajaron en una cancha polvorienta e hicieron un simulacro de fusilamiento. Todo esto lo consideramos como un retroceso del proceso que hemos construido a partir de los Acuerdos de Paz de 1991.

-¿Cuánta gente está todavía en la cárcel y en qué estado se encuentran?

-En la audiencia pública que se realizó el pasado 7 de julio, la jueza especial liberó al compañero Facundo Dolores García. No obstante, al resto de las compañeras y compañeros les aplicó una detención de tres meses para que la Fiscalía pudiera desarrollar sus respectivas investigaciones y los abogados defensores preparar la próxima audiencia. Consideramos que la situación de las personas detenidas en los centros penitenciarios es sumamente inhumana. No se les permite el acceso de alimentación por parte de los familiares, duermen en el suelo, en un estado de hacinamiento permanente y en condiciones de insalubridad extrema, sin agua para bañarse. Además, existe una amenaza permanente de perder la vida por parte de las mismas autoridades y de los otros reos. En el caso de los compañeros que se encuentran en la carcel de Mariona, en San Salvador, ellos tienen hasta que pagar impuestos a los reos comúnes para que no atenten contra sus vidas. Esta situación inhumana no la queremos denunciar sólo para nuestros compañeros y compañeras, que consideramos presas y presos políticos, sino también para todos los reos porque se les están violentando sus derechos humanos al vivir en esta situación.

-Hay informaciones de que se les quiere acusar de terrorismo…

-En un primer momento, a las personas que detuvieron en el carro las acusaron de no haber atendido una señal de tránsito, pero al día siguiente, ya en Cojutepeque, los estaban acusando a todos y todas de organización ilícita, de desordenes en la vía pública y de daños a la propiedad, lo que es totalmente falso. Al final llegamos a la conclusión de que es un hecho meramente político, porque las personas responsables de las delegaciones de Cojutepeque hablan de que vino una orden desde arriba para que detuvieran a las personas allí, y para hacer esto había que articularlo como un acto de terrorismo. Dentro de los artículos de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo se dice que tienen que estar detenidos tres meses para poder hacer las respectivas investigaciones, y esto es lo que la jueza especial hizo con los compañeros y compañeras, obviando todas las pruebas presentadas por los abogados a favor de los detenidos y detenidas. Como movimientos sociales presentamos un documento de apelación para que se adelante la audiencia pública y así lograr la liberación de las compañeras y compañeros.

-¿Qué lectura dan de estos hechos en el marco de un contexto socio-político más amplio que se está viviendo en El Salvador?

-Hay un claro intento de destabilización de los movimientos sociales impulsado por el gobierno. Saben que la situación de pobreza en el país se ha agudizado a raíz de la firma del CAFTA, y que el pueblo se va a volcar a las calles para exigir que no se le violen sus derechos y se desarrollen políticas para subsanar esta situación desastrosa. Para enfrentar a esta coyuntura aprueban una Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, con la que se prohíbe tajadamente que la gente se organice y manifieste en la vía pública. Hay un ataque directo y sistemático hacia los líderes de las organizaciones sociales. Es por eso que vamos a profundizar nuestras protestas y movilizaciones, informando a nivel nacional e internacional sobre lo que va a pasar en los próximos días y, además, pidiendo que la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo sea derogada.