Brasil                                    Campaña Contra la Violencia en el Campo

Violencia en el campo El sistema agrícola industrial depende de asesinos, hipócritas y esclavistas

 

En la próxima “Marcha das Margaridas” que cumplirá la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura de Brasil (CONTAG) entre el 21 y 22 de agosto, seguramente será recordada la lucha y la personalidad de la religiosa Dorothy Stang, asesinada en 2005 en el estado de Pará. Ahora sus asesinos también están acusados de esclavizar trabajadores. Una manera de poner en evidencia que la violencia rural no es una práctica individual, sino fruto de un sistema productivo que la promueve y la protege

En el amanecer del 12 de febrero de 2005, Dorothy Stang, religiosa estadounidense de 73 años afincada en el estado brasileño de Pará desde hacía tres décadas, abandonaba el asentamiento rural donde había pasado la noche internándose en la densa vegetación por un sinuoso y angosto camino vecinal. Nunca llegaría al otro lado. Raifran das Neves, alias “Fogoió”, y Clodoaldo Batista, conocido como “Eduardo”, la acechaban ocultos en un recodo del camino y la asesinaron por la espalda, disparándole seis tiros.

La noticia del asesinato de Stang recorrió el mundo poniendo sobre la mesa global por un momento varios temas: la violencia rural en Brasil, la deforestación de la Amazonia, la impunidad de los poderes locales y la complicidad o la indiferencia de las autoridades nacionales, las rudas y riesgosas condiciones en las que luchan los sindicalistas, los activistas de los derechos humanos y los defensores de la ecología en esa región. Pero también develó el duro conflicto por la tierra que en Brasil enfrenta a masas de campesinos sin tierra con pequeños grupos de terratenientes dispuestos a todo para defender y ampliar sus privilegios, y sobre todo dejó en evidencia la lógica económica y productiva que promueve y consolida estas relaciones de desigualdad, sometimiento violento, lucro inmediato a sangre y fuego: la agricultura industrial dedicada a la producción de commodities.

Por una vez, justicia

En diciembre de 2005, “apenas” nueve meses después de que cometieran el delito, y estableciendo todo un récord de eficiencia en los anales de la justicia brasileña con respecto a este tipo de casos, Fogoió, de 29 años, y Eduardo, de 31, ambos “capangas”* de los hacendados locales, fueron condenados a 27 y 17 años de prisión respectivamente. En realidad, ninguno de los dos tenía una razón personal para matar a Stang. Lo hicieron por dinero -24 mil dólares- y la promesa de un trabajo en las estancias de los hacendados que encargaron el crimen: Reginaldo Pereira Galvao, alias “Taradao”, de 40 años, y Vitalmiro Bastos de Moura, llamado “Bida”, de 35 años; ambos habían encomendado al comerciante Amair Feijoli da Cunha, alias “Tato”, de 37 años, la tarea de contratar a los sicarios.

Las motivaciones de estos acaudalados fascinerosos fueron obviamente económicas: la “hermana Dorothy”, como la llamaban todos, era una muy activa promotora del Programa de Desarrollo Sustentable (PDS) de la Amazonia que obliga a las instituciones oficiales a implementar el asentamiento de las familias rurales. Esto implica otorgar la propiedad de la tierra a miles de campesinos que la reclaman, en el marco de una reforma agraria. No obstante, al frente de estas oficinas federales habitualmente se encuentran funcionarios corruptos que venden sus servicios a los terratenientes locales de forma que sean éstos quienes, finalmente, terminen apropiándose de las tierras que debían ser entregadas a las familias desposeídas.

Un asesinato anunciado

En este caso, Dorothy Stang llevaba muchos años enfrentando las amenazas de muerte de los feudalistas locales, y la aprobación del PDS por parte del gobierno de Inacio Lula da Silva le había entregado una herramienta formidable para profundizar y fundamentar su lucha junto a miles de campesinos de la zona de Anapú, en el estado de Pará. Munidos con la nueva legalidad establecida por el PDS, diversas organizaciones sociales venían incrementando sus acciones para obligar a las instituciones locales a cumplir la ley. El 12 de febrero de 2005, este “consorcio del crimen” concretó la amenaza contra Stang, y de esta manera creyó despejar el camino para seguir desarrollando el proyecto agrícola de las transnacionales.

Estos aventureros, secundados por funcionarios corruptos de diversas instituciones oficiales, son la punta de lanza de un sistema agrícola con base en la explotación insustentable de los recursos naturales y de los seres humanos con el fin de producir soja, caña de azúcar o carne en cantidades industriales destinadas al mercado mundial. La mayor parte de esta producción lograda merced a la utilización masiva de agrotóxicos es absorbida por empresas transnacionales que, a su vez, la exportan a los países del Norte y ahora a China. Este otro “consorcio del crimen”, más difuso, aunque de dimensiones globales, es el verdadero asesino de Dorothy Stang, el responsable de tantas otras muertes de sindicalistas y activistas que no alcanzaron la difusión de ésta, de la devastación sin freno de la selva amazónica y la expulsión de campesinos y habitantes originarios de esas regiones, de la violencia y la impunidad, de la imposición de un sistema social con base en el miedo de los pobres y la hipocresía de los cómplices.

La violencia es sistémica

Recientemente se conoció la noticia (ver artículo) de que los hacendados que financiaron y ordenaron el asesinato de Stang, Bida y Taradao, fueron acusados por el Ministerio Público Federal de mantener a 28 trabajadores en condiciones de esclavitud en la hacienda Río Verde, a 60 kilómetros de Anapú, en la cual son socios.

“De acuerdo con la Fiscalía de la República en Pará -detalla un artículo de Infodecom-, el delito flagrante fue descubierto por el Grupo Especial de Fiscalización Móvil del Ministerio de Trabajo. Los 28 trabajadores fueron encontrados en medio del bosque cerrado y tenían como único refugio una barraca de paja y plástico, con suelo de tierra batida. Ellos fueron liberados y se les pagaron sus derechos laborales.

El campamento no contaba con sanitarios, fosas, instalación de agua potable, o artículos de primeros auxilios y los trabajadores no recibían equipos de protección individual. El servicio hospitalario más próximo del área queda a 60 kilómetros, y algunos estaban heridos y no habían recibido ningún tratamiento médico.

‘Ninguno de los trabajadores estaba registrado en ficha o libro propios, ni tenía cartilla de trabajo y seguridad social regularmente anotada y firmada. La jornada de trabajo diaria era abusiva y no tenían descanso semanal remunerado, pagándose los fines de semana sólo si trabajaban. No había censo, ni aportación a la seguridad social del empleador’, denunció el Ministerio Público Federal”.

Se termina de diseñar así el cuadro completo de la violencia intrínseca en el sistema agrindustrial financiero impuesto por las transnacionales, con la complicidad de los sobrevivientes de las antiguas oligarquías que se supieron adaptar a los tiempos actuales, y de los nuevos oligarcas que ya no son serviles de un imperialismo con nacionalidad, sino de un capital globalizado, transnacional. Las condiciones de desigualdad que se profundizan en todo el mundo, reposan actualmente en la explotación salvaje de los recursos naturales del Sur y el sometimiento humano a sangre y fuego, o mediante técnicas de mercadeo, según la región del mundo de la que se hable, y de las subzonas más o menos “calientes”. La enorme concentración y acumulación de riqueza a la que asiste el planeta en un cada vez más pequeño grupo de personas tiene, como condición sine qua non, todas estas formas de violencia: desde las burdas seis balas que mataron a Dorothy Stang hasta la negación de la soberanía alimentaria de quienes estamos obligados a nutrir los puercos o los tanques de combustible del amo con la erosión de nuestros recursos naturales.

Carlos Amorín © Rel-UITA 13 de agosto de 2007

 * Pistoleros

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