Cuando a fines de 2006
una Coordinadora de asociaciones, sindicatos, partidos, personalidades y algún
medio de prensa se embarcaron en una campaña para lograr la convocatoria de un
plebiscito para anular la ley que dejó sin castigo a los violadores de los
derechos humanos bajo la dictadura, la aventura parecía una quijotada.
Sin embargo el objetivo se cumplió y este viernes 24 unas
300 mil firmas de uruguayos, muchas
más de las necesarias, fueron entregadas al parlamento por una multitud.
Apretadas en 30 cajas, las papeletas llegarán en los próximos
días a la Corte Electoral, que deberá verificar su validez y si efectivamente
alcanzan a sumar 258.000, equivalentes
al 10 por ciento del electorado, mínimo legal requerido para la convocatoria a
un plebiscito. Los
antecedentes de ese organismo, integrado únicamente por representantes de
partidos conservadores, son tan malos que los promotores del plebiscito
aspiraban a que las papeletas reunidas superaran en mucho aquel mínimo para
estar a resguardo de cualquier “sorpresa”.
Todo indica que pueden dormir tranquilos, y el 25 de octubre,
el mismo día que elegirán nuevo presidente y renovarán el parlamento, los
uruguayos deberán decidir si mantienen o anulan la llamada “Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva del Estado”.
El “firmazo” que festejaron hoy en las calles de Montevideo
miles de manifestantes parecía poco menos que imposible apenas tres años atrás,
cuando la idea de la convocatoria a un nuevo plebiscito sobre la “ley de
impunidad” comenzó a circular.
El puntapié inicial había partido de un medio de prensa, el
semanario independiente de izquierda “Brecha”, que el 2 de diciembre de 2005
difundió un “llamamiento para la anulación de la ley de caducidad” aprobado en
asamblea por su redacción.
“Ha llegado el momento de abandonar el minimalismo
programático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en
el imperativo ético de investigar y hacer justicia”, decían en su texto los
periodistas del semanario, decididos a promover “una acción política que
abandone el enmarañado camino del menudo que intenta, desde hace demasiados
años, rescatar unas gotas de verdad y justicia”.
Fue en el local de “Brecha” en Montevideo que poco a poco se
fue gestando lo que justo un año después, en noviembre de 2006, se transformó en
la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de Caducidad. Ya entonces
habían comprometido su apoyo a la campaña un número considerable de
organizaciones sociales, sindicatos (la UITA incluida), partidos
políticos, personalidades de todos los ámbitos, y un grupo de juristas había
dado forma a la propuesta. La Coordinadora fue presentada “en sociedad” en
septiembre de 2007 en un gran acto público en un teatro céntrico de Montevideo,
donde la campaña fue lanzada formalmente.
Faltaba lo principal: convencer a un cuarto de millón largo
de uruguayos en un plazo de año y medio de que “valía la pena” involucrarse otra
vez en un reclamo por “verdad y justicia” sobre hechos sucedidos al menos
treinta décadas atrás. En 1989, una tentativa similar contra la “ley de
caducidad”, adoptada tres años antes, había fracasado, y muchos de quienes
habían dejado cuerpo y alma en aquel empeño, por distintos motivos ya no están
dispuestos a repetir la experiencia.
Pero es sobre todo el contexto político el que ha
radicalmente cambiado respecto a 1989. A favor y en contra de quienes no cesan
en el objetivo de “verdad y justicia”. En contra: la coalición de izquierda
Frente Amplio, que dos décadas atrás, desde la oposición, había unánimemente
participado en el intento de anular la ley de impunidad, hoy ocupa el gobierno y
a él llegó prometiendo, muy especialmente su líder, el presidente Tabaré
Vázquez, no tocar ese texto.
Por otra parte, al ser la ley de caducidad tan aberrantemente
particular (la facultad de decidir si un asesinato, una desaparición forzada
están comprendidos en ella no la coloca en la justicia sino en el Poder
Ejecutivo) el gobierno de Vázquez la ha aplicado de tal forma que incluso
algunos de los violadores más connotados de los derechos humanos han marchado a
prisión.
Bajo la administración frenteamplista, todos aquellos casos
de delitos de lesa humanidad que los gobiernos anteriores habían decidido
archivar fueron reactivados.
“¿Para qué perder tiempo y energía en modificarla o anularla
si de todas maneras se puede hasta hacer justicia aprovechando los flancos que
deja”?, se cuestionaba desde el poder político y se repetía desde algunos de los
partidos integrantes del Frente Amplio.
Pero otros factores comenzaron a operar a favor de la campaña
de anulación. El miedo, gran actor en el escenario de 1989 (la dictadura acababa
de terminar, y las Fuerzas Armadas y civiles afines dejaban planear el fantasma
de un nuevo golpe si alguno de ellos iba a prisión) hoy prácticamente no opera,
especialmente entre los más jóvenes.
“Para las nuevas generaciones, el imperativo
ético de verdad y justicia está por encima de cualquier consideración
pragmática, de cualquier acomodamiento.
Y además, el hecho de que la ley sea como un chicle que se aplica en un sentido
si el gobierno es de un signo político y en otro si es de otro signo invalida el
argumento de quienes dicen que no hay que tocarla. No sólo hay que tocarla, hay
que desterrarla del ordenamiento legal uruguayo porque además de antiética es
una aberración jurídica, una anomalía”, no se cansó de repetir a lo largo de
estos meses uno de los portavoces de la Coordinadora por la Nulidad, el abogado
Oscar López Goldaracena.
Lo cierto es que con el paso del tiempo la campaña fue
ganando en visibilidad e impacto. Y a medida que comenzaron a llegar de a miles
las firmas de uruguayos, de dentro y de fuera del país, se fue forzando en el
plano político un nuevo escenario. La decisión del congreso del Frente Amplio,
en diciembre último, de respaldar formalmente la campaña, fue el catalizador que
decidió a muchos a estampar su firma.
Uno tras otro los principales dirigentes de la izquierda
gobernante se fueron pronunciando a favor de la anulación de la ley de
caducidad. El clímax se alcanzó la noche del jueves 23, cuando desde Costa
Rica el presidente Vázquez sorprendió a todos manifestando su
“ferviente deseo que en octubre el pueblo uruguayo anule una ley de impunidad
que no se merece”. Todo un símbolo.
Lo más difícil, de todas formas, se jugará en
octubre, cuando a los 300 mil que han firmado deban sumarse alrededor de 800 mil (la
mayoría simple del electorado) para que la ley sea borrada y comience otra
historia.
Un sondeo de la empresa Factum conocido este viernes señala
que 46 por ciento de los electores uruguayos se pronunciaría hoy a favor de
anular la ley, 30 por ciento la mantendría y 24 no ha decidido aún su voto.
