Con una movilización a nivel nacional
numerosas organizaciones sociales,
sindicales, gremiales, de mujeres y de
derechos humanos expresarán su rechazo
al sangriento operativo policial
ordenado por el gobierno para desalojar
a cinco mil nativos que tomaron un
sector de la carretera nororiental, en
demanda de la derogación de varios
decretos legislativos
“anticonstitucionales y antiamazónicos”.
Mañana jueves 11 de junio, todo el Perú será
escenario de movilizaciones y paros
regionales convocados por el Frente de
Defensa de la Vida y la Soberanía
Nacional
–constituido el pasado 7 de junio por gremios de trabajadores,
organizaciones sociales y partidos
políticos– que buscará canalizar la
protesta de la ciudadanía ante la
masacre perpetrada el viernes 5 de junio
donde, oficialmente, murieron 24
policías y 9 nativos.
El sacerdote Casinaldo Ramos, de la Arquidiócesis de
Chachapoyas, dijo a Radio Programas que
la Fiscalía les informó de la existencia
de una fosa con cadáveres de pobladores
amazónicos. “El número de cuerpos es
indeterminado”, señaló.
Por su parte, Shuar Velásquez Ruiz,
coordinador del Movimiento Estudiantil
Indígena, denunció que
los cadáveres de los indígenas
asesinados habrían sido arrojados al río
Marañón y que el número de muertos
ascendería a más de 50, “pero que esta
situación estaría siendo ocultada por
los militares y policías”.
En su afán de acallar a los medios de comunicación no
sumisos, el gobierno está tratando de
acallar a la emisora La Voz, que cubrió
las protestas de los pueblos amazónicos,
y ya le habría cancelado la licencia de
funcionamiento a otras dos emisoras,
informó Carlos Flores,
corresponsal de la Coordinadora Nacional
de Radio (CNR) en la provincia de
Utcubamba
(Bagua).
Flores
dijo que la cifra de muertos indígenas
aún no se ha determinado, y que hasta el
momento de su reporte sólo han podido
identificar once cuerpos, aunque
mencionó que existen numerosas
denuncias, todavía sin constatar, de que
en zonas cercanas al enfrentamiento
habría más cadáveres.
Respuesta
inmediata
Luego de producido el operativo, el viernes 5, de manera
espontánea diferentes organizaciones
sociales, gremiales y sindicales
marcharon en la capital peruana hasta el
Ministerio de Defensa para protestar
contra el gobierno por la violenta
represión en la zona nororiental del
Perú.
“No
podrán acallar la protesta popular; la
selva no se vende, la selva se defiende;
el pueblo ya lo sabe y tiene la razón,
el APRA es un gobierno de hambre y
represión”,
vocearon cientos de manifestantes que
salieron a las calles de Lima para
expresar su protesta.
Encabezando la movilización iba Rosilda, dirigente
shipiba, coordinadora del Programa Mujer
Indígena de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP),
que consultada por Sirel dijo que
la movilización “es en rechazo a la
criminalización de nuestros hermanos
indígenas por el gobierno de Alan
García. Nosotros no vamos a permitir
que nuestros hermanos sean tratados como
delincuentes”.
Por otro lado, la dirigente de AIDESP lamentó “la
actitud de
los medios de comunicación que vienen
informando de manera parcializada sobre
la problemática amazónica”, y el que
muchos indígenas no puedan recuperar los
cadáveres de sus familiares abatidos;
“de ellos no se dice nada, sólo hablan
de los policías caídos. Nosotros no
existimos para ellos, aunque todos somos
peruanos”,
dijo.
Juan José Gorriti, de
la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP), dijo a Sirel
que participaba de la movilización “en
defensa de la Amazonia y en rechazo a la
violencia contra los indígenas que sólo
exigen el respeto a sus derechos.
El gobierno ha actuado con las armas
porque está vendido al imperialismo, a
las grandes transnacionales, y en esa
obcecación por entregar nuestros
recursos naturales no aceptan las
protestas de los pueblos.
Vamos a seguir movilizándonos, y vamos a convocar los paros
nacionales que sean necesarios para que
el gobierno acepte las demandas de
nuestros compañeros amazónicos que se
están defendiendo y ofrendando sus
vidas, ante lo cual no podemos
permanecer impasibles”,
afirmó.
Américo,
líder de la comunidad nativa de Nueva
Andoas, Región Loreto, selva baja,
desconfía del Estado y del gobierno
central porque desde hace 40 años su
comunidad “está afectada por la
explotación de petróleo que realiza la
empresa Pluspetrol, que viene
contaminando nuestra tierra, nuestros
ríos. Ahora tenemos que ir a pescar al
Ecuador, porque en nuestro
territorio ya no hay peces”, dijo.
Lourdes Huanca,
presidenta de la Federación de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Nativas y
Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP),
al tiempo de denunciar que los cuerpos
de los nativos caídos no están siendo
entregados por los policías a sus
familiares, dijo que “he salido a la
calle en solidaridad con nuestros
hermanos amazónicos; este gobierno
genocida los está matando como si fueran
animales”.
“Tenemos noticias de que cerca de 26 hermanos nativos han
caído, al igual que 24 policías, y lo
lamentamos, pero el único responsable de
estas muertes es el gobierno, que no
quiere derogar los decretos que atentan
contra la soberanía de los pueblos
amazónicos”.
Por su parte, Soledad Lozano, del Colegio de
Profesores del Perú, dijo que
participaba en la movilización “en
protesta por la masacre de la que ha
sido víctima la comunidad amazónica, y
para expresar nuestro rechazo a la
actitud autoritaria y represiva del
gobierno que se niega a encontrar una
solución a través del diálogo”.
El movimiento socialista y feminista también estuvo en la
movilización, “para demostrar su
profunda indignación, porque tenemos
que recuperar la memoria para nuestra
sociedad, recordar que este gobierno ya
mató, despreció y actuó con total
impunidad demostrando incapacidad
democrática para resolver los
conflictos”, señaló María Isabel
Cedano, integrante de este
movimiento.
Lucha que
no ceja
Si bien la defensa de la Amazonia por parte de los nativos es
antigua, fue en agosto de 2008, luego de
la promulgación de varios decretos
legislativos considerados lesivos,
cuando las comunidades nativas lograron
que dos de ellos, los que más amenazaban
las tierras y la estructura de las
comunidades, fueran derogados luego una
huelga por tiempo indefinida.
En esa oportunidad, el Congreso se
comprometió a conformar una comisión
para evaluar los otros decretos, pero no
cumplió con ese acuerdo. Antes bien,
suspendió el proceso y promulgó la Ley
de Recursos Hídricos 29.338, que pone en
cuestión la prioridad en el uso del agua
para la agricultura,
abriendo las puertas a la privatización de su
administración, sugieren algunos
analistas, lo cual beneficiaría a
empresas mineras y extractivas.
La
inconstitucionalidad de los decretos
Luego de analizar el Decreto Legislativo N° 1064, la
Defensoría del Pueblo concluyó que
vulnera los derechos de identidad
cultural, de la propiedad de la tierra y
de consulta previa de los pueblos
indígenas, previstos en la Constitución
Política y en el Convenio N° 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT),
y presentó una demanda de
inconstitucionalidad ante el Tribunal
correspondiente.
Los Decretos Legislativos considerados inconstitucionales por
los nativos son el 994, que promueve la
inversión privada en Proyectos de
Irrigación para la Ampliación de la
Frontera Agrícola; el 995, que modifica
la Ley Nº 29.064 de Relanzamiento del
Banco Agropecuario –Agrobanco–, el 1020
para la promoción de la organización de
los productores agrarios y la
consolidación de la propiedad rural para
el crédito agrario.
También cuestionan el decreto legislativo 1060, que regula el
sistema nacional de innovación agraria;
el 1063, que aprueba la ley de
adquisiciones estatales a través de las
bolsas de productos; el 1081, que crea
el sistema nacional de recursos
hídricos; el 1083, que promueve el
aprovechamiento eficiente y la
conservación de los recursos hídricos y
el 1089 que establece el régimen
temporal extraordinario de formalización
y titulación de predios rurales.
No todo está dicho
El
premier, Yehude Simon, reveló
ante el Congreso de la República que
para la operación policial en Bagua, en
la que murieron 24 policías y un número
aún indeterminado de nativos, se dispuso
que los policías no llevaran “armas
mortales”, por lo que dijo sentirse
culpable de la muerte de los
uniformados.
Sin embargo, las fotografías mostradas en los últimos días
por periodistas e instituciones
defensoras de derechos humanos
demuestran lo contrario, al presentar
cadáveres de nativos con impactos de
bala.
Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida,
buscaron negociar y no tuvieron la
respuesta que esperaban. Hoy, a tres
días de producida la matanza, el premier
Yehude Simon y la ministra del
Interior, Mercedes Cabanillas,
insisten ante el Congreso de la
República en desinformar y presentan a
los pueblos amazónicos como salvajes,
ignorantes y manipulados.
A esta campaña mediática en contra de los pueblos amazónicos
se ha sumado el propio presidente
Alan García al declarar a la prensa
que “detrás
de las protestas hay intereses
internacionales para que el Perú
no salga del subdesarrollo, así como
mucha desinformación”.
