|
En febrero de 1983 el diario “El País” de Montevideo, Uruguay, informaba
de la reiteración por la policía de un pedido de captura del líder
nacionalista opositor Wilson Ferreira Aldunate. “Simplemente
-señalaba-
es un expediente que vino del Ministerio del Interior; (se trata) de un trámite
de captura como se hace en forma normal”. Y agregaba; “Así definió anoche a ‘El
País’ el Jefe de Policía de Montevideo, coronel Washington Varela, la
publicación en el boletín de órdenes diarias de la Jefatura de Policía de
Montevideo al pedido de captura de 28 ciudadanos en el que figura en último
lugar la de Wilson Ferreira Aldunate.”
Consultado sobre si se trataba de la reiteración de una orden anterior, el
coronel Varela contestó: “Sí, no puedo precisar la fecha anterior, pero
largo tiempo atrás hubo una solicitud de captura”.
La orden indicaba que el requerido estaba “imputado de asociación subversiva,
atentado contra la Constitución en grado de conspiración seguida de actos
preparatorios, ataque a la moral de las Fuerzas Armadas y otros hechos capaces
de exponer a la República al peligro de una guerra o de sufrir represalias,
delitos previstos en el Código Penal Militar. La solicitud ha sido cursada por
el Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno”.
Basta recordar este pedido de captura contra el líder de uno de los partidos de
oposición para tener presente el grado de arbitrariedad al que se había llegado
en el Uruguay dictatorial de entonces.
La muerte de estudiantes, la prisión de militantes sindicales, las torturas a
los presos políticos ya eran rasgos típicos del régimen.
A la dictadura desembozada se había llegado por una suerte de abandonos
sucesivos. La aplicación de Medidas de Seguridad, establecidas por la
Constitución para casos de agresión exterior o grave conmoción interior
imprevista, había pasado de la aplicación esporádica a su vigencia permanente.
Carlos Quijano,
uno de los luchadores más lúcidos y críticos de esos años, en alguno de los
editoriales del semanario “Marcha” del que era director, escribió. “Esta
política represiva es, además, una política alucinada y torpe (...). No hay
alternativa. La fuerza no hará trabajar a quien no quiera hacerlo. Esta conducta
espasmódica de ahora, represiva en el campo puramente político, torpe e
infecunda por naturaleza puesto que sólo cuenta con el respaldo incómodo de las
bayonetas es también profundamente reaccionaria y antihistórica.”
Transcurrió el tiempo y las pruebas sobre los crímenes de la dictadura se
acumularon. El 1 de diciembre de 2011 se comprobó que restos humanos hallados en
el Batallón 14 de Infantería un mes antes pertenecían al maestro Julio Castro,
secuestrado el 1 de agosto de 1977 y que figuraba entre los desaparecidos por la
dictadura. Ninguno de los chacales de ese régimen ha podido escapar al repudio
público. Y quedarán condenados. Se trata –para decirlo con palabras de Pablo
Neruda– de “chacales que el chacal rechazaría, o víboras que las víboras
odiarían”.Y esas palabras constituyen un anticipo del juicio histórico que no
podrán eludir.
Yo no sé si maestro se nace, pero siempre he creído que una condición de
verdadero maestro es esa cosa tan de Julio de enseñar como sin
proponérselo, sin el menor aire profesoral, haciendo de la sabiduría casi una
condición natural, como de relato junto al fogón compañero.
|
