La
presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la
vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los
militares y policías.
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Macarena y Juan
Gelman |
Macarena
Gelman,
nieta del poeta argentino
Juan Gelman,
presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte
de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la
demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de
Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que
cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido
de
Gelman
coincide con los renovados intentos en
Uruguay
por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el
último en octubre del año pasado.
“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana
sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones
radiales el abogado de la familia,
José Luis
González.
El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA),
tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el
letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de
Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del
Uruguay
con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de
lesa humanidad.
Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de
presentar un escrito con la demanda de la familia
Gelman y ahora se espera que el
desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá
finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El
País de Montevideo,
Macarena
mantuvo esta semana una reunión con el
canciller uruguayo
Luis
Almagro
para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál
será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente
José
Mujica
se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede
avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre
pasado.
El matutino pronosticó que el gobierno de
Mujica
podría asumir su defensa dando la razón a
Gelman
y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional
ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro
sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía,
los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones
sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las
pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes
cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron
civiles.
Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y
no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí
económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de
descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se
condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe
hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que
los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33
años.
María Claudia
García,
madre de
Macarena
y nuera del poeta y periodista
Juan Gelman,
fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de
agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70,
la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo
cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy
desaparecidos mientras que el padre de
Macarena
y marido de
María Claudia,
Marcelo Gelman,
también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en
1989 en la capital porteña.
La desaparición forzada de
García
y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de
Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se
ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables
“mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial
completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser
debidamente sancionados”.
El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una
reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de
indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que
garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.
La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una
fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el
Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año
1986.
