La décima Marcha del Silencio, que se llevó a cabo el fin de semana en Montevideo en reclamo de verdad y justicia para los desaparecidos durante la última dictadura militar uruguaya, fue la más numerosa de las realizadas hasta ahora. El presidente de la república, Tabaré Vázquez, que participó en ella, espera que sea la última; los familiares de desaparecidos piensan que debe mantenerse.

Más de setenta mil personas llenaron el viernes 20 por la noche, y pese al muy intenso frío, unas diez cuadras de la avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo encabezados por un enorme cartel que decía “Para el pasado, verdad. Para el presente, justicia. Por siempre, memoria y nunca más”.

“Aunque se sepa toda la verdad y se llegue a la justicia, las marchas deben seguirse haciendo para que las generaciones futuras sepan lo que pasó en este país”, comentó la infatigable Luisa Cuesta, fundadora de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.

Vázquez, en cambio, desea que la décima edición de esta marcha, que comenzó a organizarse en 1996, “sea la última” porque confía en que en el correr de este año “se aclare qué fue lo que sucedió con los detenidos desaparecidos y todos reconozcamos nuestros errores”, según dijo a medios de comunicación.

Y es que sobre el futuro del reclamo por los desaparecidos no hay unanimidad entre quienes hasta hace muy poco se ubicaban del “mismo lado”. El acceso al gobierno de la izquierda, en marzo pasado, en vez de acallar puede incluso acentuar esas diferencias.

Vázquez, que participó en un tramo de la marcha –siempre lo hizo, desde su primera edición en 1996, pero se convirtió en el primer presidente de la república en desfilar con la gente– es partidario de “dar vuelta la página” cuando se sepa “la verdad”, aplicando a rajatabla la ley que en 1986 eliminó cualquier posibilidad de sanción penal contra policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1985).

Las únicas excepciones a la ley que admitiría el presidente son las de los asesinos de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ejecutados en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, hecho en cuya conmemoración se realizan precisamente las Marchas del Silencio. En su discurso de asunción, el 1 de marzo, el presidente se comprometió a que esos casos queden por fuera de la ley que fuera aprobada diez años después y ratificada en un plebiscito en 1989.

Por supuesto están también fuera del alcance de la ley, que sólo abarca a los uniformados, los civiles que ocuparan cargos en la dictadura. En estos momentos se están sustanciando ante la justicia procesos contra el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco. A ambos la fiscal Mirtha Guianze les imputó el delito de “homicidio muy particularmente agravado” por su responsabilidad en los asesinatos del 20 de mayo de 1976. A Blanco también se lo ha procesado por la desaparición, en junio de 1976, de la maestra Elena Quinteros.

Sectores de la Asociación de Familiares, de los partidos de izquierda y la central sindical única PIT-CNT consideran por su lado que, pese a la ley “de impunidad”, pueden abrirse posibilidades de hacer justicia, en parte porque desde esa fecha Uruguay suscribió tratados internacionales que estarían por encima de la legislación nacional y que habilitarían sanciones penales contra culpables de “delitos permanentes” como las desapariciones.

“Ni olvido ni perdón”, decía uno de los carteles –de los pocos distintos al “oficial” que encabezaba la marcha– desplegados en la manifestación del viernes 20.

Sobre lo que unos y otros están de acuerdo es que desde que llegó la izquierda al gobierno se ha abierto un panorama mucho más favorable para el esclarecimiento de lo sucedido con los más de 210 detenidos uruguayos desaparecidos, en particular con la treintena de casos ocurridos en territorio nacional.

En ese sentido, manifestantes de distinto perfil entrevistados por Rel-UITA coincidieron en que esta décima “Marcha del Silencio” fue “especial”.

“Notoriamente ha habido un avance sustancial en el tema de derechos humanos. Estamos entrando en las unidades militares para buscar restos de desaparecidos, está actuando la justicia, hay una sensibilidad de las autoridades públicas. Es más que una marcha, es un momento muy especial para todos los uruguayos”, dijo el senador de izquierda Rafael Michelini, hijo de Zelmar y uno de los impulsores originales de esta manifestación.

“Siento una gran alegría porque las causas se van encausando por el buen camino. Me acordaba cuando, antes de la marchas, con las Madres veníamos a este mismo lugar (la céntrica Plaza Libertad de Montevideo, donde culminan estas manifestaciones) y grandes señores que pasaban nos decían que estas cosas no sirven para nada. Y somos miles y miles y cada vez más”, agregaba Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini.

“Diez años marchando es mucho, ¿no?”, dijo a su vez Javier Miranda, otro integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. “Lo que tiene de particular ésta es que hemos podido avanzar mucho en materia de investigaciones y eventualmente de enjuiciamientos a los responsables de violaciones a los derechos humanos”, subrayó.

“Como todos los años, la marcha reúne a muchísima gente, pero esta vez hay una diferencia: se desarrolla bajo un gobierno progresista que resolvió investigar y no bajo los gobiernos conservadores que se sucedieron desde 1985 y que, con alguna excepción, ocultaban hasta los indicios que tenían sobre lo sucedido”, señaló también a Rel-UITA el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi, uno de los miembros del gabinete de Vázquez que acompañaron a los 70.000 manifestantes.

Bonomi agregó de todas maneras una idea que en algún plano puede llegar a ser cuestionable: “Hoy la marcha no es de presión hacia el gobierno sino que está en línea con los objetivos del gobierno”.

El periodista Gerardo Bleier, hijo del militante comunista desaparecido Eduardo Bleier, estimó por su lado que “esta no fue una marcha más, primero que nada porque se ha producido un cambio cultural en la sociedad uruguaya que terminó por resquebrajar la impunidad. Y también porque las investigaciones actuales se están realizando con rigor, con profesionalidad y seriedad. En los diez años anteriores, además del dolor colectivo y la reafirmación de la memoria había también un sentimiento terrible de soledad frente a la exposición de una verdad que no era reconocida. Hoy todo eso cambió”.

Como muchos otros, Bleier estima de todas maneras que uno de los puntos de inflexión de los últimos años respecto al “tema desaparecidos” fue la difusión, en abril de 2003, del informe final de la Comisión para la Paz instituida por el anterior presidente Jorge Batlle. En ese documento se reconocía, por primera vez desde el Estado, la responsabilidad de los poderes públicos en la desaparición, tortura y eventualmente asesinatos de uruguayos dentro y fuera del país. No obstante, aun reconociéndole ese alcance, la Asociación de Familiares y sectores de izquierda calificaron de muy insuficiente al documento.

Entre otras cosas, el voluminoso informe, que pretendía ser presentado como base para una fórmula de “punto final a la uruguaya” para el tema de los desaparecidos, se sostenía que no podía quedar rastro alguno de los desaparecidos en territorio uruguayo porque sus cuerpos, enterrados en un solo lugar, habían sido desenterrados, cremados y las cenizas esparcidas en el Río de la Plata. La responsabilidad de la operación era atribuida a un oficial ya muerto.

Esa versión, dada por militares pero en los hechos asumida como propia por la Comisión, ya contradicha por numerosos testimonios puede llegar a ser definitivamente desmentida por las investigaciones ordenadas por el actual gobierno en el predio del Batallón 13 del Ejército, donde se presume que puede haber restos de varios desaparecidos.

Uno de los miembros de la Comisión para la Paz, en representación del entonces líder de la oposición de izquierda Tabaré Vázquez, era el actual secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández.

A Fernández algunos miembros de la Asociación de Familiares e integrantes del Secretariado de Derechos Humanos del PIT-CNT le atribuyen la intención de querer cerrar “cuanto antes” y a como dé lugar el “tema desaparecidos”.

Sobre la marcha del viernes último planeaba la duda de si todos los que participaron en ella, y cuya inmensa mayoría lo hizo en sus anteriores ediciones, se encontrarán desfilando por la avenida 18 de Julio el 20 de mayo de 2006 o si algunos ya habrán decidido que esta vez fue “la última” para no entorpecer la gestión del gobierno.

En la otra punta, hay quienes piensan que la marcha debe seguirse realizando por lo menos hasta que haya habido algunas sanciones penales lo suficientemente numerosas y fuertes contra responsables, civiles y militares, de las violaciones de los derechos humanos. O incluso, como sostiene Luisa Cuesta, aunque llegue un momento en que se pueda considerar que la justicia haya sido “total”, en tanto acto de memoria.

De esta última manera piensa también la legisladora y dirigente tupamara Lucía Topolansky, quien dijo a Rel-UITA que “a esta altura las del 20 de mayo son manifestaciones que trascienden los resultados a los que se arribe en las investigaciones. Van a seguir estando porque son un símbolo en sí mismas. La gente se autoconvoca, sin propaganda y pese al frío, y sabe que todos los años, los 20 de mayo, a las 19 horas, de la plaza en honor a los Desaparecidos en América Latina arranca una nueva Marcha del Silencio”.

© Rel-UITA

23 de mayo de 2005