El día 10 de septiembre, los trabajadores rurales Antonio da Penha Xavier y Manoel Ferreira dos Santos, del municipio de Bom Jesús, en el interior de Mato Grosso, enviaron a la Federación de Trabajadores en la Agricultura del estado (Fetargri-MT) una carta de denuncia solicitando protección. Ellos y otros cuatro trabajadores están amenazados de muerte debido a los conflictos en los asentamientos Massif y en la hacienda Bordolândia. Uno de ellos, el trabajador João Maffei, fue asesinado el 29 de diciembre de 2006.

“¿Cuándo las autoridades tomarán una actitud? ¿Será que vamos a morir?”, preguntó Manoel Ferreira dos Santos. En la carta, da un nombre del pistolero que pretende matarlo, conocido como Demá, cuenta que su casa es vigilada y dice que ya denunció el caso al representante* del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), Gercindo Filho. El Incra encaminó el pedido a la Secretaría de Seguridad Pública de Mato Grosso, pero hasta el momento, nada fue hecho.

Ese no es un caso aislado. El viernes 14, en Porto dos Gaúchos (MT), el sindicalista Décio Vitor Leôncio, de 25 años, fue asesinado a palazos dentro de su propia casa. Leôncio trabajaba desde hacía más de 5 años en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales (STTR) de la ciudad. El era el responsable de las negociaciones de la expropiación de la Hacienda Mansaguari donde 350 familias esperaban hace años para ser asentadas.

Desatención

Para el presidente de Fetagri-MT, Adão da Silva, la muerte de Décio ya estaba anunciada. Además de él, otros líderes del STTR fueron amenazados de muerte. “La presidenta del sindicato, Lucinéia Bergamin, no se queda más allá”, comentó, Adão cuenta que varios documentos fueron encaminados, con relatos de la situación, a las autoridades competentes. “Mandamos por escrito documentos al Incra y al Ministerio Público Federal del Estado sobre la situación de la región, pero nada fue hecho”. Para Silva, la situación no mejorará hasta que el gobierno federal no tome cartas en el asunto.

“No pedí protección hasta ahora porque estoy descreído. No creo que resulte en algo”, se desahogó Raimundo Nonato, presidente del sindicato de Porto Acre (AC). La semana pasada, fue amenazado de muerte por el empresario Irani Damian. El empresario compró un área de la Hacienda Bandeirante destinada a la reforma agraria, pero que aún no fue expropiada. Actualmente 300 trabajadores rurales ocupan la tierra. Según la Federación de los Trabajadores en la Agricultura de Acre (Fetracre), existen 40 conflictos en el estado, aún sin solución.

El presidente de CONTAG, Manoel dos Santos, dijo que el gobierno necesita acelerar los procesos de expropiación de tierra, pues la morosidad en la reforma agraria continúa siendo la causa principal de los asesinatos en el campo. “El poder judicial, el legislativo y la policía necesitan actuar de forma efectiva con relación a la reforma agraria y a la violencia en el campo, combatir los crímenes que azotan principalmente la región norte y condenar a los culpables. Generalmente eso no sucede”.

El informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) señaló que, en el año 2006, 40 personas murieron en el medio rural, entre niños, adultos y ancianos, debido a conflictos agrarios. Datos parciales de la misma entidad, señalan 17 muertes de enero a agosto de 2007.