El pasado martes 24 fueron asesinados en Pará, José Cláudio Ribeiro da Silva (Zé Cláudio) e Maria do Espírito Santo Silva. Eran una pareja de asentados extractivistas en la Amazonia, militantes sindicales amenazados de muerte como consecuencia de sus permanentes denuncias contra la deforestación causada por las empresas madereras. Tenían dos hijos. Sus cuerpos fueron mutilados por los asesinos como mensaje aterrorizante para la sociedad y prueba del “contrato cumplido”.

Francisco Deasis da Costa, secretario de Formación y Organización de nuestra afiliada la Federación de Trabajadores en la Agricultura (FETAGRI) del estado de Pará, dialogó con Sirel sin poder disimular su honda emoción por el momento que estaba viviendo.

-Estamos aún aquí, en el cementerio de Marabá, al sudeste de Pará. Acabamos de enterrar a Maria y a Zé Claudio. Él fue director del Sindicato de Trabajadores Rurales, y ambos fueron asesinados por orden de los latifundistas de tierra usurpada (grilada, en protugués) y de las madereras responsables de las quemas de floresta.

Formaban una antigua pareja, él con 54 años y ella con 53. Eran ambos líderes rurales que estaban en la maldita lista de los 300  “marcados para morir” en el estado de Pará.

-¿Por qué fueron asesinados?

-Ellos siempre denunciaron la explotación ambiental de la selva; defendían la preservación de la floresta, se oponían activamente a la deforestación desordenada e insustentable que ya había tomado cuenta del 60 por ciento del área del asentamiento que integraban.

-¿Cómo piensan reaccionar ante este crimen?

-Esta mañana, antes del entierro, unas tres mil personas bloqueamos la vía férrea e hicimos retroceder el tren de la empresa minera Serra do Carajás, propiedad de la Vale do Rio Doce, cargado con hierro.

Por otra parte, nuestra Federación, junto a la CONTAG, está realizando contactos a los más altos niveles estaduales y federales reclamando una investigación eficaz y el fin de la impunidad en Pará.

-¿Estas empresas mineras están involucradas en la deforestación?

-Con certeza, porque las mineras crecen, cada vez se extienden más, y van promoviendo la deforestación, la expulsión de los pequeños agricultores y están aliados con las madereras y con el latifundio.

Sirel dialogó también sobre este crimen con Carlos “Guto” Santos, presidente de la FETAGRI–Pará.

-Tal como lo habíamos anticipado en la última conversación que tuvimos en Brasilia, mientras realizábamos el Grito da Terra, comienza a recrudecer la violencia en nuestro estado de Pará.

Esto ocurre por los recientes cambios políticos en el estado, donde la derecha ganó las elecciones, por la presión de los gremios empresariales vinculados a la minería, la industria maderera y la usurpación (grilagem) de tierras.

El pasado 13 de mayo, en la Asamblea Legislativa del estado, realizamos un seminario sobre “Violência no campo e combate à grilagem” para debatir sobre la necesidad de garantizar la seguridad de activistas, sindicalistas, asesores y luchadores por los derechos humanos que están en una lista de “marcados para morir”.

Desgraciadamente, la realidad nos dio la razón y los asesinos de siempre saltan sobre la ocasión para retomar fuerzas.

Condenamos este nuevo asesinato brutal de dos líderes sindicales que siempre denunciaron el daño ambiental causado por empresas madereras que deforestan ilegalmente.

Ellos integraban la Asociación del Proyecto de Asentamiento Agro Extractivista “Praia Alta Piranheira”, ubicada cerca de la ciudad Nova Ipixuna, en la Amazonia paraense.

En esa región hay varios emprendimientos gigantes, entre ellos la poderosa Vale do Rio Doce, una megaminería de extracción de hierro, níquel, manganeso y otros minerales. Estas grandes empresas tienen una articulación fluida con el poder económico de la región.

Además, calificamos este crimen como macabro, porque los pistoleros culminaron su atrocidad cortando parte de las orejas de las víctimas, seguramente como símbolo atemorizante y prueba perversa de su faena cumplida.

-¿Cuál está siendo la reacción de la FETAGRI y de la CONTAG?

-Nos estamos movilizando junto a otras organizaciones sociales para exigirle a las autoridades policiales y judiciales, y a los gobiernos estadual y federal la implementación urgente de políticas de seguridad pública y que aceleren el proceso de reforma agraria, porque entendemos que la violencia rural en este estado de Pará está íntimamente vinculada al trabajo esclavo, a la deforestación y la usurpación de tierras.

Estamos trabajando para realizar –quizás ya a mediados de junio- una gran audiencia pública con representantes del gobierno federal, de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Agraria Nacional, el Ministerio de Justicia, INCRA y el IBAMA para presentar un programa de emergencia de políticas públicas concerniente a varias regiones de Pará, pero sobre todo para la región sudeste, donde más se manifiesta la violencia en el campo.

Entendemos que se precisan más recursos para la reforma agraria como forma más eficaz de combatir el grilagem, el trabajo esclavo, garantizando tierra para los trabajadores y trabajadoras rurales desposeídos.

-¿Están siendo informados sobre el curso de la investigación?

-Estamos presionando al gobierno estadual. Nos reunimos con el secretario de Seguridad Pública el mismo día del asesinato.

Él se encuentra ahora mismo en Marabá, acompañando las investigaciones policiales. La Policía Federal también está participando en la investigación ya que el crimen se cometió en tierras bajo tutela de la Unión Federal.

Lo más importante para nosotros es acabar con la impunidad. Debemos asegurar que tanto los pistoleros como los mandantes de los asesinatos sean individualizados, detenidos y juzgados para que no impere la impunidad. En nuestro contexto, el estado y la justicia local no tienen fuerza suficiente ni competencia para enfrentarse a los poderosos intereses vinculados a este crimen y a tantos otros.

La impunidad es una prueba de la fragilidad del estado en la lucha contra la violencia en Pará.