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Entre los años
setenta y ochenta, el cono sur de Latinoamérica
sufrió, en forma simultánea, regímenes dictatoriales
que aún hoy manifiestan sus secuelas políticas,
económicas y sociales. Una de ellas, es el virus de
la impunidad, una enfermedad común que en cada país
tiene diferente tratamiento, y en Brasil comenzó a
diagnosticarse. La justicia es el “antivirus”.
Las
dictaduras
La
mayoría de los historiadores coinciden en señalar
que las dictaduras fueron un instrumento
norteamericano en el marco de la guerra fría, ya
antes de que la revolución cubana trajera a la
región un conflicto que hasta entonces tenía de
escenarios a Asia, África y las
fronteras del muro que separaba a Europa.
El
general Alfredo Stroessner dio el golpe de
Estado en Paraguay en 1954, Brasil
derrocó a João
Goulart en
1964, el general Hugo al general Juan José
Torres en Bolivia en 1971, Juan María
Bordaberry en Uruguay y Augusto
Pinochet en Chile en 1973, y la junta
militar regresó a Argentina en 1976.
Hasta mediados de los años ochenta, la bota militar
aplastó toda oposición en la región. Los comunistas,
los guerrilleros nacionalistas, los socialistas, los
religiosos, los trabajadores, los estudiantes, los
campesinos, los intelectuales, los docentes, los
pensantes… todos fueron subversivos.
El
saldo aún no se puede terminar de estimar. Decenas
de miles de desaparecidos y muertos y cientos de
miles de torturados y encarcelados. Cementerios
clandestinos que aún no se han ubicado y niños sin
identidad, hijos de esas víctimas que no saben que
han sido criados por los victimarios.
La
transición
En
la mayoría de los países en los que hubo dictaduras,
al retirarse, los militares dejaron establecidas
-por negociación o por imposición- leyes (amnistía,
punto final, obediencia debida, caducidad, etc.) o
reformas constitucionales que les aseguraran
impunidad ante la revisión de lo ocurrido.
Todas las salidas de las dictaduras implicaron
procesos de "transición" que de una u otra forma se
han extendido a lo largo de veinte años, en los que
los países que antes habían sufrido a los militares,
pasaron a ser víctimas de las políticas económicas
recetadas por los organismos financieros
internacionales.
Las leyes de impunidad fueron defendidas por los
mismos gobiernos que pusieron en práctica las
recetas neoliberales de privatización de las
empresas estatales, la apertura del mercado interno,
la dolarización de la economía y la obtención de
créditos para reducir un déficit fiscal cada vez más
dependiente.
La
impunidad, creada para amparar a los militares que
habían protagonizado las violaciones a los derechos
humanos durante las dictaduras, se extendió por
ósmosis a los dirigentes políticos corruptos que
cobraron coimas en adjudicaciones o facilitaron
lavado de dinero de distintos tipos de negociados.
La
impunidad
Sobre la base del silogismo de que: si aquellos
militares que cometieron crímenes de lesa humanidad
no fueron enjuiciados por qué se va a castigar a los
políticos y empresarios que cometieron actos de
corrupción, la impunidad se extendió como un virus
en toda la sociedad.
En
Argentina, Carlos Menem impuso leyes
de obediencia debida y punto final, a la vez que se
pagaba coimas a IBM, se triangulaban armas o
se lavaba dinero. En Brasil, la dictadura se
otorgó la amnistía de 1979 y los escándalos se
suceden desde Fernando Collor de Melo y
P.C. Farías al "jogo do bicho"*
En
Bolivia, se entregó la producción de gas
natural y la explotación de minerales y Banzer
llegó a ser reelecto democráticamente. En Chile
la reforma constitucional permitió a Pinochet
ser senador vitalicio a la vez que la modernidad
transnacional expoliaba a campesinos y trabajadores.
En
Paraguay, la serie de golpes "sucesionistas"
ha continuado a la larga dictadura de Stroessner
y recién se comienza a conocer el genocidio sufrido
y la corrupción que lo amparó. En Uruguay la
ley de caducidad cubrió crímenes de antes y después
de la dictadura y escondió delitos y negociados
financieros.
La
enfermedad
Los gobiernos “progresistas” que finalmente han
llegado a la región, no terminan de aplicar un
"antivirus" a esta enfermedad que, padecida durante
dos décadas, ha mutado a una cultura de la impunidad
que parece haberse instalado como un concepto
enquistado en la sociedad.
La
Argentina kirchnerista aparece como una
excepción: se anularon las leyes de punto final y
obediencia debida e iniciaron juicios por los
derechos humanos en los que medio millar de
criminales ha sido encarcelado, aunque aún quedan
por aclarar los negociados económicos y políticos de
los años noventa.
La
Bolivia de Evo Morales procura
recuperar sus recursos naturales y se enfrenta a una
oligarquía activa que le impide profundizar en lo
ocurrido durante dictaduras que parecen lejanas,
mientras el Paraguay de Lugo por
primera vez comienza a abrir una caja de Pandora
cerrada por medio siglo.
En
Uruguay una campaña de firmas intenta anular
la Ley de Caducidad, aún vigente en el gobierno de
Tabaré Vázquez, pese a que los dictadores
Bordaberry y Gregorio “Goyo” Álvarez
están presos junto a represores que se niegan a
decir donde fueron enterrados los cuerpos de los
desaparecidos.
Las
decisiones
En
Brasil, recién durante el segundo gobierno de
Ignacio Lula Da Silva, el Estado, la prensa y
la sociedad comienzan a comprender que hubo crímenes
de lesa humanidad durante los operativos de
exterminio de la guerrilla y de la oposición
política, campesina, obrera y estudiantil a la
dictadura.
Una intensa lucha social contra la Ley de Amnistía
que en 1979 autoimpuso la dictadura, ha logrado que
el tema llegue al Supremo Tribunal Federal (STF),
máximo órgano judicial, ante quien la Orden de
Abogados de Brasil (OAB) pide se interprete
si la norma ampara por igual a las víctimas y los
victimarios.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) se pronunció en contra de esa
y de todas las normas de impunidad aún vigentes en
la región, pero en Brasil aún son poderosos
los intereses políticos y económicos que no quieren
que el pasado reciente sea revisado.
Un
ministro del STF, Eros Grau, es quien
estudia el tema para que la justicia brasileña tome
posición sobre la amnistía. Grau tiene
también un voto decisivo para resolver la demorada
extradición de coronel uruguayo Manuel Cordero,
requerido por sus crímenes contra la humanidad en
Argentina y Uruguay.
El
“antivirus”
La
valiente decisión de algunos jueces y fiscales ya se
ha demostrado como uno de los “medicamentos” que las
sociedades posdictatoriales han encontrado ante el
virus de la impunidad, pero averiguar lo ocurrido y
probarlo para penalizar a los represores no ha sido
hasta ahora una tarea fácil.
El
juez Adolfo Bagnasco llevó a que la Corte
Suprema argentina declarará inconstitucionales las
leyes de obediencia debida y punto final. El juez
Alejandro Madrid aplicó la cadena perpetua a los
mandos militares chilenos. La fiscal Mirtha
Guianze acusó a los dictadores procesados en
Uruguay.
La
responsabilidad que ahora tiene el ministro Eros
Grau en Brasil, no es diferente a la que
tuvieron esos antecesores en los vecinos países de
la región. Una decisión judicial basta para que se
abra el camino de las indagaciones y otros fiscales
y jueces comiencen actuar hasta encontrar la verdad.
Es
que la verdad es el único “antídoto” confirmado
contra el virus de la impunidad, una enfermedad
política y social que mata la memoria de los pueblos
y los expone a recaer en el pasado. La verdad cura
la impunidad y alivia sus peores síntomas: el
individualismo, la corrupción y la hipocresía.
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