Bolivia

 Tras el segundo día del paro cívico vecinal convocado en El Alto, el gobierno boliviano se ha visto obligado a "dar por finalizado el contrato" con la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux, que tenía un contrato de administración de los servicios de agua potable y alcantarillado en la mencionada ciudad.

El anuncio se hizo público pasado el mediodía del 11 de enero, y la multitud, que había organizado barricadas en las principales avenidas de El Alto, empezó a cambiar sus consignas de lucha por vivas de alborozo y festejo. No era para menos: el movimiento social boliviano ha dado nuevamente un golpe demoledor al modelo neoliberal que en la década de los 90 privatizó los recursos naturales y los servicios.

Sin embargo, después de la euforia inicial, los vecinos de El Alto decidieron continuar con el paro indefinido hasta que el gobierno haga oficial la expulsión de Aguas del Illimani y dé por finalizado el contrato a través de un decreto supremo. "Aguas del Illimani ya está fuera de Bolivia, pero esperamos el decreto supremo que formalice esta situación", explicó Abel Mamani, uno de los líderes del paro.

El Alto es una de las ciudades más jóvenes y a la vez más pobres de Bolivia; según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de dos tercios de su población, que alcanza el millón de habitantes, vive en situación de extrema pobreza. Pero eso no evitó que la transnacional se ensañara con ella: cobraba tarifas en dólares –que iban subiendo día a día, según la cotización internacional de esta moneda–, se negaba a ampliar la red de servicios a los barrios más pobres e incumplía sistemáticamente los objetivos de cobertura a los que se había comprometido.

Las gestiones del movimiento social para expulsar a la transnacional comenzaron a fines del año pasado, cuando se supo que la empresa había negociado con el gobierno de Carlos Mesa una serie de ventajas que le permitían asegurarse un rendimiento del 12%, aun a costa de dejar sin servicios a los sectores más alejados y empobrecidos de El Alto; así, la meta de 15 conexiones para el 2004 fue reducida a cero. De acuerdo a denuncias periodísticas –corroboradas con datos oficiales– en El Alto hay miles de familias pobres que llevan alrededor de diez años sin servicios de agua potable y alcantarillado.

El 10 de enero, ante las presiones populares, el viceministro de Servicios y Obras Públicas, José Barragán declaró: "Hay como 40 mil familias que tienen restricciones para acceder al servicio de agua, el problema con el alcantarillado todavía es un poco mayor, y el contrato, como está formulado ahora, no permite alcanzar a todos los pobladores. Lo mínimo que tenemos que hacer es preguntarles, si ellos (Aguas del Illimani) nos dicen que no quieren atender a esta población, porque es pobre, porque no les paga, porque no les resulta rentable y todo lo demás, tendremos que buscar otro operador".

El gobierno de Carlos Mesa, sucesor del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada –expulsado del poder por la insurrección popular de octubre del 2003– intentó frenar inicialmente las protestas populares, pero ante la presión de las más de 500 juntas de vecinos de El Alto, tuvo que ceder y autorizar la "terminación del contrato de concesión con Aguas del Illimani", según una carta que el ministro de Servicios y Obras Públicas, Jorge Urquidi, remitió a las juntas vecinales.

Lyonnaise des Eaux y Vivendi-Générale des Eaux son dos grandes multinacionales francesas que actualmente controlan el 40% del mercado mundial del agua, según datos de Le Monde Diplomatique (mayo del 2002), y venden sus servicios a más de 110 millones de personas en unos 100 países. Lyonnaise des Eaux opera en China, Malasia, Italia, Tailandia, República Checa, Eslovaquia, Australia y Estados Unidos, ente otros.

En el caso boliviano, Lyonnaise des Eaux llegó a Bolivia en 1997, y conformó una subsidiaria llamada Aguas del Illimani, en cuyo accionariado también participan las organizaciones crediticias que impulsaron el proceso de privatizaciones en Bolivia, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aguas del Illimani tenía en este país un contrato de 30 años, siete de los cuales ya han transcurrido.

Desde que empezó a operar en Bolivia, tanto las tarifas de conexión como el mismo servicio de agua subieron de forma indiscriminada; mientras tanto, la empresa subió los sueldos de sus ejecutivos, que pasaron a ganar de 12.000 a 65.000 bolivianos, unos 9 mil dólares mensuales.

La transnacional anuncia represalias

El gerente de Operaciones y Planificaciones de Aguas del Illimani S.A. (Aisa), Alberto Chávez, aseguró que su empresa atendió el 97 por ciento del área delimitada en el contrato suscrito en 1997 y advirtió al gobierno boliviano que si decide rescindir el contrato por las presiones populares, la transnacional pedirá los resarcimientos del caso en los tribunales internacionales.

En abril del año 2000, la empresa Aguas del Tunari, subsidiaría de la transnacional Bechtel, que se había adjudicado los servicios básicos (agua y alcantarillado) de la ciudad de Cochabamba, también fue expulsada. La empresa acudió a tribunales internacionales y aún mantiene un litigio con el Estado de Bolivia, al que reclama una indemnización cercana a los 25 millones de dólares.

Se prevé que el conflicto con Lyonnaise des Eaux siga por el mismo camino. Según los datos proporcionados por la empresa a los medios de comunicación, la inversión que supuestamente habría hecho en Bolivia supera los 60 millones de dólares.

Walter Chávez

Convenio La Insignia / Rel-UITA

13 de enero de 2005