La huelga de hambre es el último recurso para hacer frente a la injusticia. Y un grupo de presos mapuche en Angol, inició un ayuno el pasado 10 de octubre.

Tras 112 días, la presa política Patricia Troncoso (“La Chepa”) puso fin a su grito de libertad. Los gobiernos civiles siguen haciendo oídos sordos a las demandas mapuche. “Se trata de delincuentes”, señaló la propia presidenta Bachelet en Suiza, en una conferencia internacional. Lo cierto es que más de 500 mapuche se encuentran procesados por los tribunales bajo leyes ordinarias y de excepción, como la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Antiterrorista. Cerca de 200 han sido condenados a penas de prisión en el marco del conflicto por la recuperación de tierras y derechos. La prolongada huelga de hambre puso en entredicho esta democracia de mano de hierro y evidenció la represión y mutilación de derechos que escandaliza al mundo, pero pareciera no incomodar a Chile.

La prolongada huelga provocó en Patricia un profundo deterioro fisiológico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno informar del estado de salud de la huelguista. Los otros presos mapuche resistieron 66 y 81 días en huelga. La dramática protesta no lograba conmover al gobierno. Patricia siguió adelante demandando una mesa de diálogo. Finalmente, el gobierno acogió el otorgar ciertos beneficios intrapenitenciarios: “Vencimos el orgullo y la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar de lado los intereses personales y mezquinos por otros más solidarios que aseguren justicia y libertad para todo el pueblo mapuche y chileno, ambos empobrecidos, explotados por un modelo económico depredador e inhumano. Deseo decir que hoy sí tenemos un documento que indica la forma y otorgamiento de los beneficios, pero que es más que un documento, ya que tiene como garantía a la Iglesia a través de Monseñor Alejandro Goic como ente fiscalizador de su cumplimiento. La iglesia nos ha dado su palabra”, declara Patricia en su último comunicado, este 30 de enero. La libertad dominical de los presos políticos mapuche Juan Millalen, Jaime Marileo y Patricia Troncoso partiría en marzo.

“Las voluntades políticas del gobierno siempre han estado al servicio de la expansión de las forestales, hidroeléctricas, aeropuertos, celulosas, proyectos mineros y la depredación y explotación de la naturaleza, sin pensar si ponen en riesgo nuestras pocas tierras y lo que nos queda de recursos naturales”, dice Patricia en su comunicado. Y tiene razón. Sólo las utilidades de las forestales crecieron en 10 años de más de 1.820 millones de dólares en 1997 a 4.800 millones de dólares. “¿Cómo se condice esto con la supuesta violencia y terrorismo que existiría en territorio mapuche? ¿Dónde está la supuesta inseguridad para las empresas forestales? El único terrorismo que existe es de parte del Estado que ha utilizado todo el peso de la institucionalidad y de la fuerza armada para reprimir a un pueblo inerme, pero digno”, señala Tito Tricot, sociólogo y periodista.

Y es que tras la huelga y el mal llamado “conflicto mapuche” subyace el problema de fondo: la tierra. Decenas de comunidades están cercadas por extensos predios forestales de pinos y eucaliptos de grandes holding como el Grupo Angelini o el Grupo Matte. Estas corporaciones -y otras- superan los 2,5 millones de hectáreas. Los mapuche, que antes de la ocupación militar y despojo de su territorio poseían unos 10 millones de hectáreas, apenas poseen hoy 700 mil. Ese es el verdadero conflicto oculto. Las forestales y celulosas son respaldadas y protegidas por los gobiernos civiles de la Concertación y, anteriormente, por la dictadura militar. “Esta situación inevitablemente deriva en conflictos al resistirse legítimamente las comunidades a que se siga afectando su calidad de vida. Asimismo, lo que acontece demuestra los niveles de intervención de los grupos económicos que son amplísimos en Chile. Sus redes empresariales y familiares han demostrado enorme capacidad de influencia sobre partidos políticos, poderes públicos, autoridades y medios de comunicación, dejando en el absoluto desamparo a grupos sociales víctimas de estas inversiones y sus efectos”, dice el investigador Alfredo Seguel.

Se oculta con mano de hierro los irreversibles perjuicios ecológicos que produce este modelo. “Mientras el deterioro al medioambiente y la pobreza avanzan, se incrementan las ganancias de los dos principales magnates forestales. La revista Forbes en su ranking 2007, situó en el lugar 119 de los multimillonarios al magnate Anacleto Angelini (recientemente fallecido), con una fortuna de más de 6.000 millones de dólares, y en el lugar 137 a Eleodoro Matte con 5.600 millones de dólares. Angelini y Matte encabezan a nivel mundial la producción de celulosa a través de los holding CMPC y Celulosa Arauco, respectivamente. Su imperio forestal fue posible gracias al Decreto Ley 701, promulgado el año 1974 por la dictadura de Pinochet, que subsidió con recursos y tierras el arribo de la industria forestal al territorio mapuche. Ambos controlan las principales forestales: Forestal Mininco y Forestal Bosques Arauco”, dice el periodista Pedro Cayuqueo.

Bosques Arauco es la mayor propietaria en la VIII Región. Uno de los puntales de su expansión es Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Una de las industrias más grande del mundo que permitirá la producción anual de 700 mil toneladas de celulosa kraft. Controla la mayor base forestal en América del Sur: cerca de 800 mil hectáreas en Chile, Argentina y Uruguay. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del Grupo Matte, controla Forestal Mininco y posee más de 400 mil hectáreas reclamadas por comunidades mapuche de Arauco y Malleco. Posee una de las mayores fábricas de papel en América del Sur. Participa o controla más de 30 madereras, financieras, mineras, sanitarias, empresas de telecomunicaciones, energía, puertos e industrias. Y está hoy ampliándose en el megaproyecto HidroAysén que construirá 4 represas en los ríos Baker y Pascua, en la XI Región.

¿Terroristas?

“El gobierno al parecer no quiere hacerse cargo de la injusticia y arbitrariedad con la que ha actuado, aplicando ilegítimamente una ley que no se relaciona con los hechos o delitos supuestamente cometidos por los mapuche. Ningún prisionero condenado por la Ley antiterrorista cometió un hecho terrorista, nunca han afectados bienes jurídicos que sean trascendentes o que se encuentren amparados o protegidos por dicha ley. Sus acciones reivindicativas han sido tratadas judicialmente como terroristas, calificación jurídica cuestionada internacionalmente. El caso Poluco Pidenco ha tenido un tratamiento judicial distinto con consecuencias para los acusados también distintas, unos fueron condenados como terroristas y otros fueron condenados por un delito común de incendio. Esta situación es la que motiva la protesta pacífica al estilo de Mahatma Ghandi de Patricia Troncoso. Calificar de subversivos al pueblo mapuche constituye una estigmatización racista que repugna con los valores y principios de la igualdad y la dignidad humana. La actitud noble de la iglesia, ahora del lado del pueblo indígena, es el reflejo de una mirada humanista de la convivencia humana, una mirada ausente y que no la advertimos en quienes tienen en sus manos las responsabilidades del Estado”, dice el abogado Alberto Espinoza.

Durante la huelga, el gobierno impidió que Patricia se comunicara con la CIDH, como había sido solicitado por Santiago Cantón, secretario ejecutivo del organismo con sede en Washington, en el marco de la medida cautelar interpuesta en noviembre de 2007 por el Equipo Jurídico de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche. El gobierno chileno a través del Seremi de Justicia (S) de la IX Región no accedió a que Patricia -en ese momento con 98 días en huelga de hambre-, conversara con Cantón, imponiéndole una incomunicación ilegal y arbitraria. Los abogados denunciaron que el Ministerio de Justicia y Gendarmería la trasladaron a un hospital de Chillán contra su voluntad y la de sus familiares. Su delicado estado de salud hizo temer un desenlace fatal. Su traslado fue recomendado por un equipo interdisciplinario de médicos dispuesto por el gobierno y avalado por la familia, pero a un centro asistencial de Santiago. Gendarmería no tomó en cuenta dicha recomendación poniendo en riesgo su vida. Patricia perdió más de 25 kilos en los tres meses de huelga de hambre y su salud sigue siendo de sumo cuidado.

Otro mártir

Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad de La Frontera (UFRO), de Temuco, murió mientras participaba de una recuperación de tierras en Santa Margarita. “Ingresamos al lugar e inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras. Nosotros comenzamos la retirada y una bala alcanzó al hermano Matías”, testimonió un mapuche en radio Bío Bío, el 3 de enero. Matías esa mañana, junto a una treintena de comuneros del sector Yupeco, en Vilcún, ingresó al sitio. Las únicas seis balas disparadas provinieron de armas policiales. La del cabo 2º Walter Ramírez Espinoza, entró por la espalda de Matías y perforó su pulmón izquierdo, según un informe de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. Su cuerpo fue entregado a unos 5 kilómetros del lugar por sus compañeros. Fue trasladado en una improvisada camilla. Los policías perseguían a los mapuche por tierra y aire mientras éstos se negaban a entregar el cuerpo a Carabineros, solicitando la mediación de la Iglesia. Tras horas de negociación -y pese a la negativa inicial de las autoridades regionales a permitir la intervención de la Iglesia-, una comitiva encabezada por el obispo de la Araucanía, monseñor Sixto Parzinger, posibilitó que el cadáver de Matías fuera entregado al Servicio Médico Legal. “El disparo criminal provino de Carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más, sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda. No queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida”, dijo Mónica Quezada, la madre de Matías a la prensa.

Miles de personas rindieron homenaje al joven mapuche. “Reivindicamos a Matías Catrileo Quezada como un digno weichafe de la causa mapuche. Junto a Alex Lemun se convierten en mártires gracias al accionar vil de Carabineros en los gobiernos de la Concertación. Los culpables operativos de este asesinato son las fuerzas represivas: sus responsables políticos son Felipe Harboe, Belisario Velasco y la presidenta Bachelet, quienes llevarán también la responsabilidad histórica de haber asesinado a un luchador de la justa causa mapuche por la recuperación de sus derechos”, dijo al término de la ceremonia Oscar Ancatripay, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La Fiscalía Militar investigará el crimen de Catrileo en virtud de las leyes de excepción que entregan esa facultad al fuero militar. Incluso será el mismo fiscal que cerró la causa por el asesinato de Alex Lemun quien investigara el caso Catrileo.

“Los asesinaron por mapuche, acaso por pobres, y sobre todo por indios, porque el Estado chileno surgió y se consolidó negando a los pueblos originarios, su cultura, su identidad y su territorio. Por lo tanto, basta de hablar del conflicto mapuche, este es un conflicto chileno que se basa en el profundo racismo de las clases dominantes y en el abisal terror de conocer y reconocer su morenidad, por ello, desde el poder, siempre afirmaron la chilenidad y negaron la mapuchidad, lo cual se ha transformado en el anverso y reverso de una matriz de dominación que ha perdurado hasta la actualidad. Los gobiernos civiles que se auto califican de democráticos, han criminalizado la demanda mapuche e implementado un sistema represivo que se traduce en la militarización de algunas comunidades, allanamientos masivos, golpizas, y también, asesinatos. Es la democracia a la fuerza, la imposición de la chilenidad a la fuerza, la asimilación a la fuerza, el modelo económico a la fuerza. Porque no cabe duda que uno de los principales elementos del conflicto chileno es la defensa y reproducción del modelo neoliberal en territorio mapuche, es decir, se verifica una clara imbricación de lo político y lo económico desde el poder para viabilizar la implementación, el desarrollo y la consolidación del modelo de un Chile empresarial”, concluye Tito Tricot.