El
sector rural se debate entre la pobreza
más extrema, el avance descontrolado de
la soja transgénica y la consecuente
contaminación con agrotóxicos que ella
trae aparejada. Esta situación se agrava
año tras año. Los campesinos estiman que
el área sojera llegará a cubrir 6
millones de hectáreas en dos años más.
Este cultivo originó un considerable
aumento de la migración rural hacia las
ciudades e incrementó los bolsones de
pobreza urbanos. Frente a esto, los
gobiernos colorados de los últimos 20
años sólo mostraron una actitud
indiferente y represiva ante los
reclamos de los agricultores. ¿Esto
cambiará con el próximo Presidente? Los
dirigentes campesinos se mostraron poco
optimistas al respecto.
La realidad social y rural que deberá
enfrentar el próximo titular del Poder
Ejecutivo incluye la pobreza extrema,
que afecta al 19,4 por ciento de la
población, y la pobreza que alcanza al
35,6 por ciento de un total de 6
millones de habitantes, según cifras de
la Dirección General de Estadísticas y
Censo (DGEEG).
El próximo Presidente de la República
también tendrá que asumir el acelerado
incremento, en los últimos dos años, de
la migración de paraguayos a España
y Argentina en busca de trabajo y
mejores condiciones de vida. Se estima
que unos 500.000 compatriotas viajaron a
estos países -unos 100.000 a la
península ibérica, sólo en los últimos
dos años-. Además, el que ocupe el
sillón del Palacio de los López deberá
poner freno a la creciente migración de
los productores campesinos a los centros
urbanos, quienes se ven obligados a
abandonar sus tierras ante el avance
indiscriminado y descontrolado de la
soja transgénica, cuyo nivel actual de
cultivo se calcula en 3 millones de
hectáreas, lo que va en detrimento de la
producción agrícola tradicional y, por
tanto, de la seguridad y la soberanía
alimentaria del país. Otros aspectos
urgentes por resolver tienen que ver con
el deficiente acceso de la población a
la salud y la educación.
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Se estima que sólo en los
últimos dos años unos
500.000 paraguayos emigraron
a España y Argentina; unos
100.000 a la península
ibérica |
Qué
opinan los agricultores
Algunas organizaciones que agrupan a los
labriegos, como la Federación Nacional
Campesina (FNC), mantienen una
posición dura frente a las próximas
elecciones presidenciales, instando a
los campesinos al voto castigo
(escribiendo reivindicaciones en las
papeletas de voto), como una forma de
repudio a las deficientes políticas
implementadas durante los sucesivos
gobiernos de los últimos 20 años.
Otros sectores campesinos agrupados en
la Organización Nacional Campesina (ONAC)
o la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (MCNOC)
muestran una postura más conciliadora,
presentando demandas concretas al
próximo gobierno, que contemplan un
mayor desarrollo rural, más viviendas,
mejor hábitat y equidad de género.
Los lineamientos presentados por estos
grupos rurales incluyen la definición de
políticas que rescaten y fortalezcan el
modelo de la finca rural familiar
campesina con un enfoque agroecológico,
la participación de la mujer y el joven
como protagonistas del desarrollo,
fortaleciendo su liderazgo y
participación activa, y la modificación
de las leyes consideradas
discriminatorias hacia las mujeres.
Otros dirigentes del sector, como
Belarmino Balbuena, del Movimiento
Campesino Paraguayo (MCP),
decidieron que pueden contribuir a la
lucha reivindicatoria rural ocupando una
banca en el Parlamento, por lo que
aspiran a ser elegidos el 20 de abril.
Balbuena, candidato a diputado,
indicó que su agrupación llegó a la
conclusión que los sucesivos gobiernos
nacionales siguen manteniendo una deuda
histórica con el sector rural, sobre
todo por la ausencia de una reforma
agraria integral. “Ese es el principal
factor que profundiza la crisis
económica y social por la que atraviesa
el país. La propuesta que presentamos es
la democratización del Presupuesto
General de Gastos. Vamos a realizar
leyes para recuperar tierras mal
habidas, que representan más de 12
millones de hectáreas de propiedades”,
manifestó el dirigente campesino a un
medio escrito local.
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Los campesinos se ven
obligados a abandonar sus
tierras ante el avance
indiscriminado y
descontrolado de la soja
transgénica, cuya área de
cultivo se calcula en 3
millones de hectáreas |
En cambio, el dirigente Odilón
Espínola, de la Federación Nacional
Campesina (FNC), se muestra más
radical y afirma con énfasis ya no
creerles a los candidatos presidenciales
que siempre realizan las mismas promesas
y después nunca las cumplen. Aseguró que
las propuestas presentadas por éstos
forman parte de un mero discurso
electoral que, una vez elegidos, se
convierte en letra muerta.
“El eje de la reforma es el latifundio,
esa es una de las principales causas de
la miseria en que está sumido el país.
También rechazamos la sojización del
campo paraguayo, en detrimento de la
agricultura tradicional, así como la
agroexportación, profundizada a través
de los cultivos extensivos de la soja”,
se quejó el líder campesino a un medio
informativo local.
La FNC sigue rechazando en forma
categórica el crecimiento económico
nacional basado en el modelo
agroexportador de la soja, por no
contribuir con el desarrollo del país,
al no generar valor agregado
manufacturero ni utilizar mano de obra.
“Existe una agricultura mecanizada, sin
agricultores, lo que implica menos mano
de obra agrícola; menos trabajo para el
campesino y más migración del campo
hacia la ciudad, en busca de
oportunidades que nunca se presentan”,
subrayó Espínola.
Radiografía de la situación agraria
El próximo Presidente de la República
tendrá que hacer frente a una situación
muy poco auspiciosa en el sector rural,
sobre todo, teniendo en cuenta que la
economía nacional se basa, casi con
exclusividad, en la producción agrícola
y ganadera, por lo que tendrá que lidiar
con los múltiples conflictos que aquejan
al sector campesino en general.
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Si esta tendencia continúa,
en diez años más la
población rural disminuirá
en un 57 por ciento |
Una radiografía de esta situación,
elaborada por la Mesa de Desarrollo
Sostenible, conformada por
organizaciones sociales y campesinas,
indica que a casi 20 años de transición
democrática en el país los campesinos
siguen teniendo un acceso limitado a la
propiedad. Este organismo afirma que
unos 250.000 pequeños productores
controlan el 6 por ciento de la
superficie agrícola (entre 3 y 20
hectáreas). En contrapartida, el 1 por
ciento de los grandes propietarios
rurales concentra el 77 por ciento de
las tierras.
El sector campesino tradicional cuenta
con 1.500.000 personas: “Estos labriegos
representan un sistema de producción, un
modo de vida, y por consiguiente una de
las facetas más importantes de la
identidad cultural y social del país”,
sostiene la Mesa de Desarrollo
Sostenible. Ante esto, la lucha por la
reforma agraria adquiere hoy igual
urgencia y legitimidad que antes, por el
avance incontrolable del capitalismo
agrario sobre la agricultura
tradicional, que trae aparejada mayor
migración del campo a la ciudad, “que no
es más que el traslado de la pobreza
campesina a los sectores urbanos, lo que
ocasionará nuevos problemas y agravará
otros, donde el resultado negativo
radicará en el mayor deterioro de la
condición de vida y la seguridad de la
población rural. Por consiguiente, la
reforma agraria sigue siendo una
necesidad histórica que beneficiará no
solamente al sector campesino, sino al
conjunto de la sociedad paraguaya”,
indica el informe de la Mesa.
Al avance de la sojización de la
agricultura se suma el nuevo proyecto
del agrocombustible, orientado a
satisfacer la demanda de los países del
primer mundo, lo que está convirtiendo a
la agricultura en un agronegocio, es
decir, en un medio más para la
acumulación de riqueza sin tener en
cuenta los daños sociales y ambientales
que ocasionará al país, al no existir
una política de Estado que garantice la
coexistencia de ambos modelos agrícolas.
“De lo contrario, irá en desmedido
aumento la desaparición de comunidades
campesinas y la invasión de tierras
indígenas por empresarios sojeros”,
asegura el documento social.
La población rural en Paraguay en 1982
alcanzaba el 57 por ciento, en 1992
llegaba al 47 por ciento y en 2002 al 43
por ciento.
Esta notable disminución trae aparejado
el debilitamiento de la cultura
campesina, la descomposición social y el
consiguiente aumento del desempleo y la
desigualdad social, critica el informe.
Si esta tendencia continúa, en diez años
más, la población rural disminuirá en un
57 por ciento, con lo que en 2022 el 20
por ciento del total de la población
urbana provendrá del sector rural.
Propuestas electorales para el campo
Los presidenciables mejor posicionados
en las encuestas, Blanca Ovelar y
el ex obispo Fernando Lugo,
tienen muchas coincidencias en las
propuestas electorales para el sector
agrario. Así, mientras Ovelar
plantea facilitar el acceso al título de
propiedad y distribuir nuevas tierras a
20.000 familias campesinas no
propietarias en asentamientos con
infraestructura básica, Lugo
asegura que priorizará la recuperación
de las tierras mal habidas y la
legalización de los asentamientos. El
candidato opositor también sostiene que
impulsará la reforma agraria, como eje
fundamental para alcanzar el desarrollo
agrario y rural integral, con políticas
incluyentes, que contemplen planes para
la agricultura, ganadería, acuicultura y
la explotación forestal.
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Frente a estas propuestas
políticas se encuentra un
sector campesino organizado,
pero aún débil para
conseguir el cumplimiento de
las promesas estatales |
Ambos presidenciables también coinciden
con que la reactivación económica del
país debe, necesariamente, pasar por la
reorientación de la política
agropecuaria paraguaya.
Lugo
propone la implementación del seguro
agrícola, asociado al crédito que el
campesino haya obtenido por cualquiera
de los organismos existentes, lo que
permitirá en circunstancias adversas que
cumpliera con sus compromisos
financieros. Al mismo tiempo, promete
que su administración cubrirá las
pérdidas causadas por fenómenos
climáticos hasta dos tercios de la
deuda.
Mientras que la aspirante colorada
propone el Seguro Agrícola para la
Agricultura Familiar Campesina basado en
la zonificación de la producción, épocas
de siembra adecuadas y la utilización de
semillas certificadas. Lugo pone
énfasis en la reducción gradual y la
eliminación de los latifundios
improductivos, aspecto que cayó bien
entre las organizaciones que agrupan a
los labriegos.
El ex militar Lino César Oviedo
apunta, en tanto, a la ocupación
territorial del Chaco paraguayo,
que por las condiciones del terreno
resulta más apta para la producción
ganadera que agrícola. Sin embargo,
asegura que puede llegar a implementar
en este territorio árido y seco
actividades productivas sustentables,
estimulando el desarrollo de la
producción agropecuaria y agroindustrial
en la Región Occidental, y promoviendo
la ocupación de este territorio, de gran
importancia estratégica para el país.
Pedro Fadul
sostiene que el sector rural requiere
una estrategia de desarrollo que incluya
algunos aspectos como la mayor
participación de la sociedad rural en
las definiciones de la política pública,
una capacitación efectiva y mayor
autogestión de los campesinos,
cooperación para el fortalecimiento de
sus organizaciones (agremiación,
cooperativización), y una cooperación en
la búsqueda de alternativas productivas
y comerciales más rentables y favorables
para los pequeños productores.
Frente a estas propuestas políticas se
encuentra un sector campesino
organizado, pero aún débil para
conseguir el cumplimiento de las
promesas estatales. Si bien en estos 20
años de transición democrática el sector
rural alcanzó un alto grado de
organización, sus propuestas y
peticiones siguen siendo ignoradas e
incumplidas por los ocupantes de turno
del sillón presidencial. ¿La nueva
administración marcará la diferencia
para los campesinos?. Quién sabe... Lo
cierto y concreto es que los labriegos
tampoco se muestran muy esperanzados de
que así sea, aunque esa desesperanza no
implicará que bajen los brazos, dijeron,
y manifiestan que con las marchas
campesinas realizadas en forma anual en
Asunción y las ocupaciones de
tierras no explotadas por los
latifundistas, seguirán llamando la
atención ciudadana y reclamando sus
derechos. Sólo así, alegan los
dirigentes campesinos, evitarán que
impere la tendencia agroexportadora,
implantada por las grandes
transnacionales en el sector rural, ante
la ausencia de una política de Estado al
respecto.
