Después de cuatro años desde la tragedia del incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, que tomó la vida de 356 personas, dejando 206 huérfanos y ocho desaparecidos, ni el Estado paraguayo ni particulares fueron responsabilizados. La tragedia es uno de los destaques del Informe de Derechos Humanos de 2008, elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), difundido la semana pasada.

Según el informe, diversos sectores sociales están desamparados judicialmente: "Muestra de esta situación es que nuestro país haya sido condenado en seis oportunidades por la Corte interamericana de derechos humanos (CIDH), en demandas que han sido promovidas teniendo por común denominador la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), esto es, por falencias del Estado en proveer reparación a las víctimas mediante los mecanismos judiciales nacionales".

La tragedia de Ycuá Bolaños significó, de acuerdo con el informe, un grave atentado a la vida de las personas, no sólo por las muertes producidas y por la dificultad en la identificación de algunas víctimas que hasta hoy figuran como desaparecidas, sino también por las secuelas que dejó en otros, afectándolos en su salud física y psicológica, además de la salud de los familiares.

Para que el caso no quede en la más absoluta impunidad, el informe recomienda una serie de acciones que deben ser tomadas por las autoridades. Se deben priorizar los análisis antropológicos forenses de las ocho personas que continúan desaparecidas. Además, el Gobierno Municipal de Asunción y de otros municipios deben informar sobre las medidas tomadas y los planes de prevención a ser implementados para evitar que hechos similares puedan ocurrir nuevamente.

El informe sugiere además que la Alcaldía de Asunción rinda cuentas sobre la parte de responsabilidad que le cabe y sobre el trámite que abrió para identificar a los responsables. Recomiendan que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asista a los heridos que actualmente necesitan tratamiento y que establezca una red de asistencia psicológica para los sobrevivientes.

Deben además, revisar la legislación de fondo y los procedimientos penales de manera de hacer propuestas para que muertes, desapariciones y lesiones masivas no queden impunes y sin reparación. El Informe de Derechos Humanos está en su 13ª edición y se ha constituido en una antología de reflexiones nacionales sobre los derechos y en el más completo registro de la desprotección del Estado sobre los derechos de las personas en Paraguay.

Participaron de la elaboración 23 organizaciones y más de 58 autores y autoras. La publicación reúne información y análisis sobre 35 derechos fundamentales, la coyuntura política y económica, introducciones conceptuales y jurídicas, además de recomendaciones para el Estado paraguayo sobre medidas concretas que a corto plazo puedan contribuir con el avance del disfrute de cada derecho.