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Del 25 al 28
de noviembre de 2007 visita Colombia una importante
delegación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que se reunirá con gobierno, empleadores y
trabajadores para, dentro del propósito de este organismo
tripartito, impulsar la real aplicación de los convenios
fundamentales de OIT adoptados por el Estado colombiano que,
con sus respectivas leyes, pasaron a formar parte de la
legislación nacional
No obstante que en Colombia, y por definición de la
última Conferencia de OIT en 2007, se ratificó la
decisión por acuerdo tripartito entre gobierno, empleadores
y trabajadores, de mantener e impulsar la oficina especial
de OIT en Colombia como garante del buen
desarrollo de la política gubernamental para erradicar la
inseguridad contra sindicalistas, exilios por acción
sindical y asesinatos por la misma actividad, la realidad
muestra otra cosa.
El gobierno y los empresarios han utilizado el esfuerzo de
la acción tripartita como una argucia de distracción ante la
comunidad internacional y la opinión pública nacional,
porque en la práctica han caído más sindicalistas, mientras
que empresas nacionales y transnacionales, con la anuencia
del Ministerio de Protección Social (Trabajo y Salud), se
resisten a aceptar el derecho de asociación, la libertad
sindical y la negociación colectiva que establecen los
Convenios 87 y 98 de la OIT.
La Rel-UITA solicitó a las centrales sindicales
nacionales y a la misma OIT en Colombia,
incluir en la agenda a discutir con la delegación
internacional, como casos emblemáticos, lo que ocurre con
los Convenios 87 y 98 en el sector floricultor, en el
cervecero
SABMiller
y en
Coca-Cola
(FEMSA).
Citamos el caso de la floricultura por su relación directa
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria (SINTRAINAGRO). La UITA apoyó e
impulsó la iniciativa de reunir en Colombia, por
convocatoria de ETI (Iniciativa de Comercio Ético), a
empresarios de la comercialización de flores de
Inglaterra, empresarios productores asociados en
ASOCOFLORES, centrales sindicales colombianas y
sindicatos de las flores, en un taller de evaluación y
perspectivas de cooperación interinstitucional que
facilitara la constitución de una Mesa de diálogo social,
que incluyera el interés por parte del sector trabajador
respecto a los Convenios fundamentales de ala OIT.
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Los
empresarios quieren el diálogo y las mesas de
trabajo para maquillar de política social su
actividad de comercialización internacional,
mientras en Colombia se continúan asesinando
sindicalistas y permanentemente se persiguen
organizaciones sindicales y se desconocen
Convenios Colectivos |
Si bien se acordó la creación de la Mesa, su puesta en
práctica avanzó hasta cuando se pretendió establecer quiénes
serían los integrantes de esa Mesa. ASOCOFLORES, sin
ambages, se negó aceptar la presencia de las centrales
sindicales, fundamentalmente de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), con el argumento de sólo entablar
un diálogo con quienes tengan presencia organizada
sindicalmente en el sector (ver
artículo). Vale decir, con pequeñas organizaciones que
no superan los 5.000 afiliados de un universo de 90.000
trabajadores y trabajadoras directos, lo cual trae a
referencia el adagio popular: “Cambiemos todo, para que todo
siga igual”.
Con el acompañamiento de Rel-UITA, UNAC y de la
CUT, SINTRAINAGRO constituyó la subdirectiva en
el sector flores, La Ceja (Antioquia), fue inscrita
observando las disposiciones legales, pero posteriormente
revocaron la inscripción con la complicidad de funcionarios
del Ministerio de Protección Social, como siempre
influenciados y manipulados por los abogados empresariales.
El caso se agitó internacionalmente y ante la denuncia de
Rel-UITA y de la UNAC, ASOCOFLORES
respondió que “Agradecería a UITA que la próxima vez
que envíe una comunicación relacionada con la Mesa, no
involucre temas que no son de la competencia de
ASOCOFLORES”.
Mayor evidencia no puede existir: los empresarios quieren el
diálogo y las mesas de trabajo para maquillar de política
social su actividad de comercialización internacional,
mientras en Colombia se continúan asesinando
sindicalistas y permanentemente se persiguen organizaciones
sindicales y se desconocen Convenios Colectivos.
En realidad, más allá de escuchar las reiteradas denuncias
del movimiento sindical nacional e internacional, la misión
de la OIT debería estudiar el sinnúmero de
modificaciones infligidas a la legislación interna para
hacer de los convenios de OIT meros instrumentos de
papel que hacen inocua la normatividad internacional y, con
mayor razón, las decisiones del Comité de Libertad Sindical
de OIT como la 333 y la 336.
Entre otras cosas, estas resoluciones plantean que “la
legislación nacional debería limitarse tan sólo a sentar las
condiciones formales que deberán respetar los estatutos, los
cuales, con los reglamentos correspondientes, no necesitarán
la aprobación previa de autoridades públicas para entrar en
vigor”. De esta forma se pronunció la Comisión de Normas
respecto al caso No. 1629 (República de Corea), de
gran similitud a lo vivido en Colombia.
Lo ocurrido con SINTRAINAGRO en La Ceja es una
franca y descarada intromisión administrativa en los asuntos
internos de los sindicatos, lo cual contraviene las normas
constitucionales relativas a los Convenios de la OIT
y de la propia Constitución Política. El convenio No. 87
relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del
Derecho de Sindicalización, garantiza a todos los
trabajadores y trabajadoras, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, el derecho de constituir las
organizaciones que estimen conveniente y de afiliarse a
ellas.
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