Uruguay

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer

Violencia doméstica, uno de
los delitos más denunciados

 

Las agresiones en el hogar, en especial contra mujeres y niñas, son los delitos más denunciados en Uruguay después de los hurtos. El elevado nivel de tenencia de armas, en buena parte ilegales, ha incidido en las características de un fenómeno contra el cual el gobierno ha elaborado un plan considerado insuficiente por las organizaciones femeninas.

 

Según el sociólogo Rafael Paternain, director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, en el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 2008, 21 uruguayas murieron como consecuencia de actos de violencia doméstica, cometidos por sus parejas o ex parejas. Más del 70 por ciento de ellas fueron agredidas en su propio hogar, y tras haber alertado a la justicia o a la policía. El Observatorio calculó que en este país muere una mujer cada 12 días.

 

Las cifras fueron divulgadas en oportunidad del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los 25 de noviembre.

 

Las denuncias de delitos de este tipo tuvieron un crecimiento espectacular en los últimos años, en especial entre noviembre de 2006 y octubre de 2007, cuando aumentaron en un 50 por ciento en relación a los doce meses anteriores. El aumento se debió, según tanto Paternain como las asociaciones de apoyo a las mujeres en esas situaciones, a la mayor difusión del fenómeno, a la pérdida del temor a denunciar por parte de una alta proporción de las propias víctimas y al surgimiento de planes gubernamentales de asistencia y protección a las personas agredidas. De todas maneras, se estima que entre 40 y 45 por ciento de los casos continúan sin ser ventilados.

 

“Uno podría suponer que la cifra negra de la violencia doméstica es mayor que la del robo con violencia”, señaló Paternain, aunque las denuncias del segundo tipo de delitos siguen siendo mayores que las del primero.

 

Aun reconociendo que la existencia de planes e instituciones oficiales de asistencia y protección ha fomentado la divulgación de casos y ha incitado a las víctimas a denunciarlos, la socióloga Teresa Herrera, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, considera que “las respuestas estatales se siguen situando bastante por debajo de la demanda”. “El plan de asistencia a las víctimas existe, establece un protocolo, los pasos a seguir en cada caso, pero se aplica en una mínima parte, y choca con la resistencia de algunos agentes policiales y algunos jueces, que minimizan el fenómeno y le prestan una atención menor a la debida”.

 

Herrera subrayó también que la mayor parte de los fondos que sirven para financiar los dispositivos estatales de asistencia provienen del exterior. “Falta darle a este tema la jerarquía que tiene, destinarle recursos estatales genuinos y no depender de que venga o no venga una ayuda del extranjero. Es uno de los delitos más extendidos y graves”, insistió la socióloga.

 

Las organizaciones de mujeres reclaman que se creen más juzgados especializados en violencia doméstica (hay unos pocos en la capital, pero ninguno en el interior del país), que se instruya adecuadamente sobre el tema a policías y jueces, que se realicen campañas de prevención en la enseñanza pública (“los niños, sobre todo niñas, violados, golpeados, atacados en su casa son mucho más numerosos que lo que se cree, y esos casos pueden perfectamente detectarse en el medio escolar si el cuerpo docente y las direcciones de los establecimientos están capacitados para hacerlo”, ejemplificó una integrante de la asociación Casa de la Mujer de La Unión).

 

El Ministerio del Interior anunció esta semana nuevas medidas de prevención y de asistencia a las víctimas. Estas últimas podrán contar con un teléfono móvil especial que las pondrá en contacto con un agente policial que en principio estará interiorizado de su caso, se creará una rama única de la policía especializada en estos delitos y se estudia obligar a las personas denunciadas como agresoras a portar un anillo electrónico para que puedan ser localizadas en todo momento.

 

“Todo esto está muy bien, pero medidas más simples, como impedir que personas a las cuales la justicia les había prohibido acercarse a los domicilios de sus parejas o ex parejas efectivamente no lo hagan raramente se cumplen”, dijo Herrera.

 

El “mapeo” del delito de violencia doméstica establecido por el Observatorio Nacional revela por otra parte un crecimiento exponencial del fenómeno en zonas del país de reciente repoblamiento, como los departamentos de Río Negro y Soriano, sobre el litoral del río Uruguay, fuertemente impactados en los dos últimos años por la construcción de una planta de celulosa por la trasnacional finlandesa Botinia. Más de 8.000 personas, en muchos casos provenientes de otras áreas o incluso del extranjero, se han establecido en ambos departamentos para trabajar en la cadena forestal.

 

Rafael Paternain también vinculó el mayor grado de violencia que se registra actualmente en los casos de agresiones domésticas a la masiva disponibilidad de armamento barato en los circuitos “negros” de venta de armas que ha acompañado al difuso fenómeno del “crecimiento de la sensación de inseguridad” en la población. Estimaciones oficiales indican que en Uruguay, un país de menos de 3,5 millones de habitantes, hay en los hogares más de 1,3 millones de armas (la mitad debidamente registradas y autorizadas y la otra mitad “clandestinas”).

 

El tema del “derecho a armarse” de los ciudadanos como consecuencia del “auge de los delitos contra la propiedad” (a menudo inflado y sobreexplotado por los grandes medios de comunicación) forma parte del debate público actual en el país, y es probable que crezca en la medida que la “inseguridad ciudadana” ya es una de las banderas agitadas por la oposición de derecha de cara a las elecciones de octubre de 2009.

  

 

 

En Montevideo, Daniel Gatti
Rel-UITA
25 de noviembre de 2008

 

Ilustración: Rel-UITA

 

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