|
Las agresiones en el hogar, en especial contra mujeres y
niñas, son los delitos más denunciados en Uruguay después de los hurtos.
El elevado nivel de tenencia de armas, en buena parte ilegales, ha incidido en
las características de un fenómeno contra el cual el gobierno ha elaborado un
plan considerado insuficiente por las organizaciones femeninas.
Según el sociólogo Rafael Paternain, director del
Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Ministerio
del Interior, en el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31
de octubre de 2008, 21 uruguayas murieron como consecuencia de actos de
violencia doméstica, cometidos por sus parejas o ex parejas. Más del 70 por
ciento de ellas fueron agredidas en su propio hogar, y tras haber alertado a la
justicia o a la policía. El Observatorio calculó que en este país muere una
mujer cada 12 días.
Las cifras fueron divulgadas en oportunidad del Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los 25
de noviembre.
Las denuncias de delitos de este tipo tuvieron un crecimiento
espectacular en los últimos años, en especial entre noviembre de 2006 y octubre
de 2007, cuando aumentaron en un 50 por ciento en relación a los doce meses
anteriores. El aumento se debió, según tanto Paternain como las
asociaciones de apoyo a las mujeres en esas situaciones, a la mayor difusión del
fenómeno, a la pérdida del temor a denunciar por parte de una alta proporción de
las propias víctimas y al surgimiento de planes gubernamentales de asistencia y
protección a las personas agredidas. De todas maneras, se estima que entre 40 y
45 por ciento de los casos continúan sin ser ventilados.
“Uno podría suponer que la cifra negra de la violencia
doméstica es mayor que la del robo con violencia”, señaló Paternain,
aunque las denuncias del segundo tipo de delitos siguen siendo mayores que las
del primero.
Aun reconociendo que la existencia de planes e instituciones
oficiales de asistencia y protección ha fomentado la divulgación de casos y ha
incitado a las víctimas a denunciarlos, la socióloga Teresa Herrera,
coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual,
considera que “las respuestas estatales se siguen situando bastante por debajo
de la demanda”. “El plan de asistencia a las víctimas existe, establece un
protocolo, los pasos a seguir en cada caso, pero se aplica en una mínima parte,
y choca con la resistencia de algunos agentes policiales y algunos jueces, que
minimizan el fenómeno y le prestan una atención menor a la debida”.
Herrera
subrayó también que la mayor parte de los fondos que sirven para financiar los
dispositivos estatales de asistencia provienen del exterior. “Falta darle a este
tema la jerarquía que tiene, destinarle recursos estatales genuinos y no
depender de que venga o no venga una ayuda del extranjero. Es uno de los delitos
más extendidos y graves”, insistió la socióloga.
Las organizaciones de mujeres reclaman que se creen más
juzgados especializados en violencia doméstica (hay unos pocos en la capital,
pero ninguno en el interior del país), que se instruya adecuadamente sobre el
tema a policías y jueces, que se realicen campañas de prevención en la enseñanza
pública (“los niños, sobre todo niñas, violados, golpeados, atacados en su casa
son mucho más numerosos que lo que se cree, y esos casos pueden perfectamente
detectarse en el medio escolar si el cuerpo docente y las direcciones de los
establecimientos están capacitados para hacerlo”, ejemplificó una integrante de
la asociación Casa de la Mujer de La Unión).
El Ministerio del Interior anunció esta semana nuevas medidas
de prevención y de asistencia a las víctimas. Estas últimas podrán contar con un
teléfono móvil especial que las pondrá en contacto con un agente policial que en
principio estará interiorizado de su caso, se creará una rama única de la
policía especializada en estos delitos y se estudia obligar a las personas
denunciadas como agresoras a portar un anillo electrónico para que puedan ser
localizadas en todo momento.
“Todo esto está muy bien, pero medidas más simples, como
impedir que personas a las cuales la justicia les había prohibido acercarse a
los domicilios de sus parejas o ex parejas efectivamente no lo hagan raramente
se cumplen”, dijo Herrera.
El “mapeo” del delito de violencia doméstica establecido por
el Observatorio Nacional revela por otra parte un crecimiento exponencial del
fenómeno en zonas del país de reciente repoblamiento, como los departamentos de
Río Negro y Soriano, sobre el litoral del río Uruguay, fuertemente impactados en
los dos últimos años por la construcción de una planta de celulosa por la
trasnacional finlandesa Botinia. Más de 8.000 personas, en muchos casos
provenientes de otras áreas o incluso del extranjero, se han establecido en
ambos departamentos para trabajar en la cadena forestal.
Rafael Paternain
también vinculó el mayor grado de violencia que se registra actualmente en los
casos de agresiones domésticas a la masiva disponibilidad de armamento barato en
los circuitos “negros” de venta de armas que ha acompañado al difuso fenómeno
del “crecimiento de la sensación de inseguridad” en la población. Estimaciones
oficiales indican que en Uruguay, un país de menos de 3,5 millones de
habitantes, hay en los hogares más de 1,3 millones de armas (la mitad
debidamente registradas y autorizadas y la otra mitad “clandestinas”).
El tema del “derecho a armarse” de los ciudadanos como
consecuencia del “auge de los delitos contra la propiedad” (a menudo inflado y
sobreexplotado por los grandes medios de comunicación) forma parte del debate
público actual en el país, y es probable que crezca en la medida que la
“inseguridad ciudadana” ya es una de las banderas agitadas por la oposición de
derecha de cara a las elecciones de octubre de 2009.
|
